Ayuda mínima de 25 millones y sin pagar dividendos: requisitos y condiciones para acceder al nuevo fondo de reserva para empresas estratégicas

El Consejo de Ministros ha aprobado los requisitos que tendrán que cumplir las "empresas estratégicas" en apuros por la crisis del coronavirus para acceder al fondo de reserva de 10.000 millones de euros que el Gobierno anunció a principios de julio.

Este Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas estará gestionado por el Ministerio de Hacienda a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Gobierno también se ha comprometido este martes a nombrar en menos de un mes al consejo rector que dirigirá  sus operaciones.

Las compañías tendrán que solicitar acceder a este fondo por escrito y tendrán que cumplir una serie de requisitos: el domicilio social de la empresa y sus principales centros de trabajo tendrán que estar en España y las firmas no podrían estar en situación de concurso de acreedores o insolvencia a fecha de 31 de diciembre de 2019.

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Además, las empresas que soliciten acceder a este fondo de reserva tendrán que justificar que el cese de su actividad suponga "un importante impacto negativo en la economía nacional o regional" y presentar "un plan de viabilidad en el medio y largo plazo", en el que se prevea también el reembolso de esta ayuda estatal.

Así lo ha concretado la ministra de Hacienda y ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha recordado que este fondo de reserva tiene por objetivo ser "un apoyo económico, público y temporal a empresas no financieras afectadas por la pandemia", siempre que estas sean "consideradas estratégicas para el tejido productivo".

Este fondo movilizará por beneficiario un mínimo de 25 millones de euros, una cuantía que podrá ser menor "en casos acreditados y justificados". El importe máximo de las operaciones será "el que se considere imprescindible para restaurar la viabilidad de la compañía", aunque Montero ha detallado que ese máximo "no podrá mejorar el patrimonio neto de la empresa a 31 de diciembre del año pasado".

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Además de no estar en situación de crisis a finales del año pasado, las firmas que se acojan a este nuevo instrumento no podrán tener condenas por cohecho o malversación de caudales públicos y tendrán que estar "al corriente" de sus obligaciones tributarias, "también con la Seguridad Social".

Las firmas que pretendan acogerse a este instrumento también tendrán que asumir una serie de restricciones, que la ministra ha enumerado: "No podrán hacer una expansión comercial agresiva ni asumir riesgos excesivos, no podrán distribuir dividendos y los miembros de sus Consejos de Administración no podrán cobrar ni primas ni retribuciones variables".

Este fondo de reserva para "empresas estratégicas" —"no financieras"— fue anunciado por el Gobierno de España tras el Consejo de Ministros del pasado 3 de julio. Aquellas firmas que no puedan considerarse "estratégicas" por la naturaleza o el impacto de su actividad económica se podrán seguir acogiendo a la línea de avales del ICO, que el Gobierno también extendió en 40.000 millones de euros más en el mismo Consejo de Ministros.

El mismo día que se consigue el acuerdo del Consejo Europeo

Todo esto lo ha detallado la ministra portavoz, María Jesús Montero, el mismo día en el que el Consejo Europeo ha aprobado el fondo para la reconstrucción de la Unión Europea de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones serán para transferencias directas —no reembolsables—. Las negociaciones se prolongaron todo el fin de semana hasta la madrugada de este martes.

Además del fondo para la reconstrucción, el Consejo Europeo también ha acordado un nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 cifrado en más de un billón de euros.

Del fondo para la reconstrucción, España percibirá 140.000 millones de euros a movilizar durante los próximos 6 años. El 11% del PIB español en 2019. De esos 140.000, 72.000 millones de euros serán en transferencias directas.