La patronal exige garantías jurídicas contra posibles sesgos del 'robot inspector' de Trabajo y critica que automatizar las sanciones puede generar un aluvión de multas

El pasado mes de enero, el Consejo de Ministros aprobó modificar las normas de la Inspección de Trabajo para poner en marcha las actuaciones administrativas automatizadas, que implican que podrá sancionarse a una empresa que cometa fraude a la Seguridad Social sin la intervención de funcionarios humanos en el proceso de infracción.

Sin embargo, la puesta en marcha de los denominados 'robots inspectores' ha sido recibida con suspicacia por parte de la patronal. Así, la CEOE ha reclamado explicaciones al Ministerio de Trabajo sobre "las fórmulas y los parámetros que están detrás de esta herramienta" y las "instrucciones humanas" que influirán en su algoritmo, ante el riesgo de que provoque un aluvión de multas indiscriminadas a las empresas, segúnLa Información.

Así, un alto cargo de la patronal ha asegurado al medio digital que "no se pueden automatizar las sanciones", precisando que, en caso de que se aplique esta herramienta, Trabajo debería explicar cuál es su funcionamiento, del mismo modo que la ley de riders reclama a las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio que desvelen cómo afectan sus algoritmos a las condiciones laborales de sus repartidores.

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La CEOE ha criticado además que el uso de robots para detectar fraudes a la Seguridad Social en las empresas y automatizar las multas vulnera la seguridad jurídica y puede dar lugar a sesgos en el proceso de detección y sanción de posibles infracciones laborales, según La Información, que ha destacado que la patronal ha reclamado garantías jurídicas ante posibles actuaciones masivas de la Inspección que provoque una cascada de multas a las empresas infractoras.

No obstante, el uso de robots por parte de Trabajo en la detección de fraudes a la Seguridad Social a través de big data ya se lleva a cabo desde hace años, por lo que la novedad introducida en enero es que a partir de ahora, los algoritmos también podrán proponer sanciones a las empresas, como ya sucede con las multas de la Dirección General de Tráfico.

Este cambio supone que los 'robots inspectores' asumen una tarea hasta ahora exclusiva de los inspectores de Trabajo, que han criticado la medida, señalando que invade sus competencias y la seguridad jurídica de las inspecciones. El Ministerio ha rechazado este último argumento, afirmando que automatizar la detección y sanción del fraude laboral no excluye la intervención de funcionarios que aporten una valoración jurídica a las alegaciones de las empresas multadas.

Más allá de esta polémica, los últimos meses han sido ajetreados en la Inspección de Trabajo, que realizó en 2020 1.540 intervenciones para comprobar que se aplican los planes de igualdad en las empresas, la cifra más alta desde 2007, con las que recaudó 71.600 euros, un 64,2% menos que en 2019, mientras que ha impuesto 16,5 millones de euros en multas por fraude en los ERTE a más de 3.600 empresas desde abril y mantiene abiertas investigaciones a otras 8.800 compañías.