Se acabó tirar los electrodomésticos a las primeras de cambio: Europa se prepara para una encarnizada lucha por recuperar el derecho a reparar

Es una escena común. Un técnico acude a un domicilio. A los pocos minutos, informa a los dueños del electrodoméstico averiado de una realidad frustrante: no se puede arreglar. 

A partir de ese momento, los motivos que puede ofrecer el experto para explicar la situación son muchos y variados, y van desde piezas cuya importación desde otro país cuestan más que la propia reparación hasta la obsolescencia programada, mecanismo mediante el que las empresas fijan una corta vida útil para sus productos.

Al final, todos conducen a lo mismo: la empresa que fabricó el aparato no ha dado facilidades para que este se pueda arreglar una vez pasado el periodo de garantía. Y detrás de esto, una realidad aún más sencilla: quieren que el cliente compre otro.

A pesar del denodado interés de muchas compañías por presentar esta obsolescencia programada como poco menos que una leyenda urbana, la OCU constató en un informe de 2015 lo que hasta entonces solo era una extendida intuición: en efecto, de un tiempo a esta parte, los productos electrónicos duran menos.

Como muestra, explicó esta organización, vale recordar que las lavadoras, por ejemplo, han pasado de contar con tambores metálicos, que garantizaban un funcionamiento correcto durante una buena cantidad de años, a los actuales de plástico, que se debilitan mucho más rápido al entrar en contacto con agua caliente. 

Según el informe Global E-Waste Monitor 2020, de la ONU, en 2019 el mundo generó más de 53 millones de toneladas de basura electrónica. De ellos, 12 correspondieron a Europa, una cifra preocupante que languidece ante los casi 25 de Asia, más del doble. Este organismo prevé que, para 2030, la cifra global andará cerca de las 75 toneladas. 

Se trata de algo que sucede contra la voluntad de los ciudadanos europeos. Según una encuesta del Eurobarómetro, el 77 % de los ciudadanos de la UE preferiría arreglar sus dispositivos en vez de sustituirlos, y el 79 % considera que debería exigirse legalmente a los fabricantes que faciliten la reparación de los dispositivos digitales o la sustitución de sus componentes.

Como respuesta, algunos europarlamentarios quieren ponerse abordar la cuestión. Su idea es sacar adelante poco a poco legislaciones que permitan ir acabando en los próximos años con décadas de espiral consumista: productos que se rompen porque se compran y se compran porque se rompen. Sobre todo, buscan devolver a los ciudadanos un derecho olvidado desde hace demasiado tiempo: el de poder reparar.

El pasado mes de noviembre el Parlamento Europeo dio un importante paso en este sentido. Con 395 votos a favor y apenas 94 en contra, los europarlamentarios votaron a favor de pedir a la Comisión Europea leyes que garanticen el derecho de los consumidores a arreglar los productos que se les estropean. 

Pero las reformas no se quedan aquí: "[Los europarlamentarios] también insisten en aumentar el apoyo a los mercados de segunda mano y piden medidas para hacer frente a las prácticas que acortan la vida útil de un producto", explicó el Parlamento Europeo en un comunicado. A ello se añadió, además, algo más concreto todavía: un etiquetado que avise de la durabilidad de los productos.

Este entró en vigor el pasado mes de marzo, aunque de forma limitada. Por ahora, solo afecta a fabricantes de lavadoras, lavavajillas, frigoríficos y monitores, que tienen que garantizar que sus componentes se pueden sustituir con herramientas comunes. Los manuales de instrucciones, por otra parte, deberán ser accesibles para las empresas especializadas, y las piezas de recambio deben llegar en un máximo de 15 días.

Con respecto a la eficiencia energética de televisores, neveras, congeladores, lavadoras y lavavajillas, se han abandonado calificaciones como A+, A++ y A+++, que daban la falsa impresión de que esta era más que satisfactoria en todos los productos, para recuperar la antigua escala, que va de la A a la G de un modo mucho más visual y simple.

Fuera de estas reformas se han quedado, sin embargo, algunos de los dispositivos que más dolores de cabeza dan a los clientes: teléfonos móviles, ordenadores y tabletas. Se trata de un vacío que algunos estados miembro están tratando de llenar con sus propias legislaciones.

La respuesta de los gobiernos y de las empresas

Uno de ellos, por ejemplo, es Francia, que piensa obligar a los fabricantes a ser incluso más exhaustivos. Tal y como recuerda el experto en medioambiente Klaus Sieg en Reasons to be Cheerful, el país galo pondrá una nota del 1 al 10 que aparecerá en las etiquetas de lavadoras, ordenadores portátiles, smartphones, televisores y cortacéspedes. 

Esta puntuación, detalla Sieg, se calculará en función de criterios como la facilidad de desmontaje, el acceso a la información sobre reparaciones y el precio y la disponibilidad de las piezas de recambio. El gobierno francés también está promoviendo que el 60% de los equipos electrónicos en Francia sean reparables en 2026. 

Estos movimientos han generado inquietud incluso en compañías como Apple, que en las últimas décadas se ha convertido en el paradigma de tecnológica que convierte la reparación de sus productos en una muy costosa odisea. Lo hacen bajo el argumento de que solo ellos pueden fabricar sus caras piezas, ante cuya rotura muchas veces solo ofrecen una solución: comprar otro terminal.

La empresa de la manzana ha puesto en marcha recientemente el proyecto Independent Repair Provider (Proveedores de reparaciones independientes), un programa en el que abren la mano a que empresas que no forman parte de Apple puedan reparar los productos que se quedan fuera de garantía. 

Para ello, el gigante fundado por Steve Jobs se compromete a dotar a estos socios independientes de la formación, las herramientas y las guías de diagnóstico de problemas apropiados para reemplazar elementos como baterías, pantallas y tarjetas de vídeo. 

¿Serán suficientes estas normativas para obligar a más empresas a hacer lo propio? Para Dorothea Kessler, de iFixit Europa, un portal que lleva años asignando calificaciones de reparabilidad y que actualmente proporciona guías para reparar más de 70.000 productos en 11 idiomas, se trata solo de un comienzo.

"Seguramente, tendremos que esperar unos años más para que surjan medidas viables para las categorías de productos más importantes", dice en declaraciones recogidas por Reasons to be cheerful. En este proceso, estima, la UE deberá enfrentarse a los grupos de presión de empresas tecnológicas que rondarán en los próximos años por Bruselas para reclamar normativas más laxas. 

De su capacidad para resistir dependerá que los ciudadanos europeos recuperen su derecho a reparar.