Bruselas abordará el papel de los algoritmos en el trabajo después de las elecciones de 2024, pero España puede adelantarse si hay investidura

A pesar de la convocatoria electoral, España ha seguido atendiendo sus responsabilidades con la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Este Consejo es uno de los 2 colegisladores comunitarios —el otro es el Parlamento Europeo— que está negociando ahora mismo un reglamento clave y estratégico: el Reglamento de la IA.

El borrador de esta nueva legislación sobre la inteligencia artificial lo presentó la Comisión Europea en 2021, bastantes meses antes de que herramientas como ChatGPT o término como IA generativa se empezaran a incorporar a las conversaciones de trabajo. El texto, entonces, ponía especial énfasis en los sistemas de reconocimiento facial o en el desafío de los sesgos algorítmicos.

Ese foco lo mantiene, aunque precisamente la irrupción de generadores de texto tan eficaces ha hecho que las posturas entre los estados miembros de la UE se enconen: todos quieren evitar que la norma nazca desfasada.

Sin embargo, este Reglamento de la IA no es la única bala que Bruselas guarda en la recámara. El Ejecutivo comunitario ya presentó en 2019 las líneas de su programa político, en el que se incluía una línea, Una Europa adaptada a la era digital, bajo la que se acogen otros reglamentos que han visto la luz en esta legislatura, como el de Servicios Digitales, el del Dato, o el de Mercados Digitales.

En toda esa iniciativa política también se enmarca una nueva directiva, la directiva de Trabajadores de Plataformas, que ya se conoce coloquialmente como la ley rider europea.

España ya vio cómo su propia ley rider entraba en vigor en 2021. La esperada ley rider europea bebe mucho de la que fuera una de las propuestas estrellas del Ministerio de Trabajo, ya entonces dirigido por Yolanda Díaz. Díaz, que cosechó 31 escaños en las generales del domingo 23 de julio con su plataforma Sumar, aspira a revalidar el cargo con un nuevo Gobierno de coalición junto al PSOE.

La ley rider española vino a poner en cuestión la relación entre plataformas como Glovo o Uber con respecto a sus repartidores o conductores. Un año después de su entrada en aplicación, la norma había conseguido que el número de trabajadores del sector sujetos a un contrato laboral se duplicara desde los 5.464 en mayo de 2021 a los 10.980 en agosto de 2022.

Así lo recogía un informe desarrollado por la Esade en colaboración con Just Eat. Sin embargo, el análisis no concretaba qué porcentaje de los repartidores trabajaba para una subcontrata y cuánto para una plataforma de delivery directamente.

España defiende una postura sobre la ley 'rider' con la que no está cómoda en los trílogos con la Eurocámara y la Comisión

La esperada ley rider europea, que presumiblemente no verá la luz hasta finales de este año, bebe de la norma que ya logró aprobar Díaz en España en tanto que también ha desatado las críticas de las grandes compañías del sector. Los CEO de Delivery Hero (Glovo), Uber, Bolt, Deliveroo o Wolt firmaban hace unas semanas una furibunda tribuna en el Financial Times.

En su artículo, las firmas del sector reclamaban que la futura regulación no acabe con el modelo de autónomos, puesto que sin él se perdería la flexibilidad que los trabajadores tanto valorarían.

El pasado junio el Consejo alcanzó su postura final sobre lo que debe ser la futura directiva rider europea. España se abstuvo: los países aceptarían una presunción de laboralidad para los trabajadores de plataformas a lo largo de la Unión Europea, pero la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, criticó la postura tildándola de poco ambiciosa.

La Eurocámara, por su parte, ya fijó su postura en febrero de este año.

Así están las cosas: España, como presidenta del Consejo, debe defender una postura en torno a la ley rider europea que no le termina de convencer. Lo hará en unas negociaciones en las que la Comisión, de hecho, ya maniobra para intentar que el texto final se parezca más a lo que propuso como borrador en un principio que a lo que ahora está sobre la mesa.

La necesidad de futuras regulaciones sobre la IA en el mercado del trabajo y el temor a que Bruselas vire a la derecha

Igual que la ley rider española, la directiva comunitaria recoge en su articulado propuestas para atar en corto los modelos automáticos que puedan tener incidencia directa en los trabajadores. Sin embargo, esa faceta de la ley rider española, que en su día fue inédita en el continente, no ha terminado ni de aterrizar ni de desarrollarse.

La norma española, que en realidad era una reforma del Estatuto de los Trabajadores, incluía artículos en el mismo con el que se obligaría a las empresas a informar a los representantes de los trabajadores —los sindicatos— de qué algoritmos estaban tomando decisiones sobre la plantilla, en qué términos y con qué datos.

Sin embargo, ese aspecto de la ley rider, además de ser más desconocido, no termina de cuajar: los sindicatos denuncian que las empresas españolas siguen fallando en esa necesidad de ofrecerles una transparencia algorítmica.

Ahora se sabe que la Comisión quiere ir más lejos y concretar más un paquete de medidas y regulaciones sobre cómo incide la inteligencia artificial en los centros de trabajo. Pero no llegará pronto. Euractiv ha entrevistado en exclusiva al comisario de Asuntos Sociales de Bruselas, Nicholas Schmit. Y parece evidente que la Comisión podría explorar una nueva regulación ya en 2024.

El año que viene está previsto que haya nuevas elecciones europeas —las legislaturas comunitarias duran 5 años, no 4—. La futura acción política de Bruselas podría partir de lo que se ha presentado hasta ahora con la ley rider comunitaria. "No podemos aceptar simplemente que los algoritmos son los nuevos dueños de los humanos", aducía Schmit al medio digital europeo.

Sin embargo, muchas proyecciones electorales vaticinan un giro a la derecha en las instituciones comunitarias tras las elecciones del año que viene, con lo que un nuevo reglamento que controle el papel que la IA tiene a la hora de organizar el trabajo, repartir turnos e incluso tramitar bajas podría acabar no existiendo.

Lo teme de hecho el propio comisario y lo visibiliza en sus recientes declaraciones a Euractiv: "Es un gran problema. Creo que en esto Europa tiene que seguir adelante y me imagino que la próxima Comisión se basará en lo que hemos preparado hasta ahora para evaluar si se puede tomar alguna acción legislativa adicional".

Una idea que la propia Yolanda Díaz incorporó a su programa electoral para el 23J

Dado que la ley rider fue insuficiente en España para exigir más transparencia algorítmica en los centros de trabajo y que desde Bruselas se da casi por hecho que será necesario profundizar en ese ámbito con una regulación específica, es de esperar que el debate siga vivo unos cuantos meses más.

Ya lo ha estado en estas últimas generales. El programa electoral de Sumar, la coalición con la que Yolanda Díaz se presentó este domingo 23 de julio y que está llamado a reemplazar a Unidas Podemos en el espacio parlamentario a la izquierda del PSOE, ya incorporó medidas enfocadas en ese sentido.

Dentro de las propuestas para el mercado de trabajo que Sumar incorporó a su programa se puede leer un epígrafe sobre "la digitalización al servicio del trabajo decente".

La 15ª propuesta del programa contempla el refuerzo de "la participación sindical en el diseño, la regulación y la evaluación de los algoritmos en el ámbito laboral" para "prevenir y eliminar los sesgos discriminatorios o, en cualquier caso, contrarios a la dignidad de las personas".

"Se debe garantizar, igualmente, el derecho de las personas trabajadoras sujetas a decisiones empresariales automatizadas a ser informadas por la empresa. Es un derecho de las personas trabajadoras y de sus representantes sindicales ser debidamente informados en el supuesto de usos de sistemas que automaticen la tomas de decisiones", remarca ese punto.

Aunque la propuesta no concreta cómo pretendería un hipotético nuevo Ministerio de Trabajo liderado de nuevo por Yolanda Díaz conseguirlo, el programa de Sumar también reivindicaba una medida que se quedó en el tintero en la última legislatura: una reforma integral del Estatuto de los Trabajadores.

Bruselas podría abordar este debate a partir de 2024, después de las elecciones europeas de ese año. Pero si Sánchez y Díaz logran revalidar el Gobierno de coalición —de momento los números no dan y Sumar está negociando con Junts, de cuyos 7 diputados depende todo— es plausible que España se adelante otra vez a la Unión Europea en este ámbito.