4 claves para entender el escrito de la Abogacía General del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras y su importancia para la investidura
- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Junqueras era inmune en el momento en el que salió elegido eurodiputado, por lo que España le debía haber permitido salir de la cárcel a completar sus trámites administrativos.
- Ahora la Abogacía pide al Supremo que deje a Junqueras ir al Parlamento Europeo o la Junta Electoral a recoger su acta.
- La ratificación de la Abogacía General del Estado a esta sentencia acerca posiciones entre PSOE y ERC, destinados a entenderse para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.
- Sin embargo, el informe del órgano no tiene consecuencia jurídica, que dependen enteramente del Tribunal Supremo.
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La Abogacía General del Estado ha publicado su informe de alegaciones sobre el caso de Oriol Junqueras, recientemente reconocido como "inmune" por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Finalmente, el órgano de asistencia jurídica del Estado ha ratificado la sentencia de Luxemburgo y pedido al Supremo que permita la excarcelación temporal del político independentista, al menos para asistir al Parlamento Europeo o a la Junta Electoral a recoger su acta de diputado, al menos hasta que se suspenda su inmunidad.
La representación del Estado en la causa del procés ha solicitado la estimación del recurso de súplica interpuesto por la representación de Junqueras contra la decisión del alto tribunal, que no le concedió el permiso penitenciario extraordinario. Aunque no dependa de la Abogacía, el gesto ha contentado a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), llave de la investidura socialista de enero.
Informe de La Abogacía Del ... by Luis Casal Majere on Scribd
Llave para desbloquear la investidura
La posición de la Defensa del Estado es decisiva por motivos más allá de los meramente jurídicos, ya que de él depende la posición de ERC para apoyar o abortar la investidura de Pedro Sánchez en el mes de enero.
Desde que firmó el preacuerdo con Unidas Podemos, el PSOE ha estado posponiendo la formación de Gobierno hasta recabar los votos necesarios en el Congreso. En el escenario actual, el apoyo de los republicanos catalanes —por acción o por omisión— se torna decisivo para sacar adelante la investidura.
Y, a su vez, este apoyo dependía de la Abogacía del Estado. A pesar de las concesiones —principalmente retóricas— que el PSOE haya podido hacer a ERC, el visto bueno de la Defensa estatal a la sentencia de Luxemburgo es el último paso antes de alcanzar el apoyo del grupo de Gabriel Rufián.
Ambos partidos están interesados en acercar posturas para justificar su acuerdo, y en este caso ERC tiene como prioridad la situación jurídica de su líder, Oriol Junqueras. Si el Estado, representado por Sánchez, hubiese rechazado los escritos europeos y alegado contra la inmunidad del independentista, el acuerdo hubiera sido imposible.
Al haberlo logrado, el acuerdo saldrá adelante. La Abogacía ha cumplido y ha emitido su informe varios días antes del límite que le impuso el Tribunal Supremo (2 de enero), por lo que la investidura podría incluso adelantarse al día 5 de enero, en lugar del 8 como se pensaba en un primer momento.
Cualquier acción jurídica dependerá del Tribunal Supremo
A pesar del revuelo, el pronunciamiento de la Abogacía tiene una relevancia jurídica muy escasa. Por contra, la posición relevante en el asunto será la del Tribunal Supremo, único órgano competente para declarar la nulidad del juicio a Junqueras.
Eso no quiere decir que el informe no sea importante. La Abogacía General del Estado forma parte de la Administración General —no del Poder Judicial—, por lo que es un poder separado del Tribunal Supremo. Sin embargo, como representante del Estado en el juicio, su voz es una de las más escuchadas en el proceso.
La pelota está en el tejado del Tribunal Supremo, presionado por ambas partes, para decidir si cumple o no el fallo de la Justicia europea. En sus manos: excarcelar a Junqueras ahora o estimar que ya no es necesario.
El contexto juega en contra del PSOE
Este lunes se determinará el pleno del Congreso de los Diputados, pero esta semana será crucial. A partir del lunes que viene coincidirán varios hechos que ponen al PSOE contra las cuerdas a efecto de entenderse con ERC, por lo que los tiempos juegan en su contra en los próximos siete días.
Se sucederán esta semana la posible inhabilitación de Torra, las dudas de Puigdemont respecto a la convocatoria de las elecciones y la pretensión del independentista por apartar a Pere Aragonès de la Generalitat para que no sea president en funciones. Todos estos hechos están conectados, y amenazan con alterar los planes de los socialistas.
El plan inicial de La Moncloa era finiquitar la investidura entre el 16 y el 19 de diciembre para evitar el atolladero de enero. Los planes han fracasado, pero le queda una semana para asegurar el apoyo de ERC y forzar la investidura lo antes posible.
Acusación cruzadas y presiones sobre la Abogacía
El gesto tiene un problema añadido: implicar a partidos políticos (y lo que ello supone).
En este caso, algunos medios de comunicación han acusado al Gobierno de "presionar" a la Abogacía General del Estado para que firme a favor de ERC, una postura que ha replicado el bloque contrario a la investidura de Sánchez —PP, Vox y Ciudadanos—. Las quejas también aluden a una supuesta filtración del informe que, de demostrarse, Ciudadanos llevará a los tribunales.
Según esta teoría, los abogados no habrían obrado con libertad, sino bajo mandato político. El propio organismo se apresuró este domingo a desmentir la mayor a través de su asociación oficial, remarcando que su veredicto está justificado y realizado con criterios puramente técnicos y jurídicos.
El PSOE, por su parte, ha contraatacado. El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha asegurado que las críticas de las tres derechas son un intento "burdo, grosero e intolerable" para presionar a los Abogados a su favor.
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