Un bloqueo judicial a Telegram que revela la fragilidad de internet: 6 claves para entender qué implicaciones tiene y qué pasará con tus chats

Una noticia urgente a última hora de este viernes sobresaltaba a los miles de usuarios que tiene Telegram en España. Una decisión del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional (AN), ordenaba a las telecos el bloqueo de la aplicación de mensajería en el país. Es muy probable que en unas horas la plataforma sea (casi) inaccesible para los usuarios españoles.

¿Qué verás? Al abrir la aplicación en tu móvil o en tu ordenador verás que la aplicación se queda "conectando", sin actualizar ni presentarte las últimas novedades y mensajes. Es esperable que esto suceda en cuestión de horas, toda vez que el auto que contenía la orden se conoció a última hora del viernes.

El motivo de este bloqueo: una petición de medidas cautelares en el marco de una denuncia de Atresmedia, Mediaset, Movistar Plus y EGEDA, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. Todas ellas acusan a la plataforma digital por permitir el intercambio sin permiso de sus contenidos.

El Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional ha concedido esas cautelares —el bloqueo de la plataforma mientras dure la investigación—. El auto judicial, que ya ha sido compartido con los medios, abunda en que el bloqueo se produce después de que Telegram no haya respondido a una comisión rogatoria judicial.

Una comisión rogatoria que se remitió el pasado verano a la plataforma con sede en Islas Vírgenes. Se exigía a Telegram que facilitara datos técnicos para identificar a usuarios que estarían infringiendo derechos de propiedad intelectual. La ausencia de respuesta por parte de Telegram ha motivado este auto del juez Pedraz. 

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El auto se basa en el artículo 13 de la ley de enjuiciamiento criminal que avala que las medidas cautelares, ante delitos realizados en internet, contemplen "la retirada provisional de contenidos ilícitos", "la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos" o "el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero".

Para muchos especialistas ese argumento no colma los estándares internacionales y puede provocar un grave perjuicio al derecho a las comunicaciones de muchos ciudadanos. Se estima que Telegram tiene unos 800 millones de usuarios mensuales en el mundo, mientras que su principal competidor, WhatsApp, tiene más de 2.000 millones.

En España, Telegram es la base de numerosos negocios. Desde canales de comunicación al público por parte de entidades públicas, asociaciones privadas o medios de comunicación, a redes de distribución de ofertas que reciben ingresos con comisiones en gigantes del comercio electrónico como Amazon o AliExpress. 

Las consecuencias del bloqueo de Telegram en España pueden ser mayúsculas. Pero paso a paso:

No se borrará nada y habrá formas de seguir accediendo al servicio

En las últimas horas numerosos usuarios españoles han comenzado a descargar los datos generados en sus conversaciones, grupos y canales. Miles de gigas en texto, archivos audiovisuales y notas de audio acumulados durante años. Un enorme ejercicio de archivística y memoria digital que muchos temen que pueda estar en peligro.

Por el momento Telegram no se ha pronunciado sobre el bloqueo judicial que ordenó la Audiencia Nacional hace unas horas. Pero es improbable que la plataforma decida responder eliminando de un plumazo la información de millones de usuarios españoles de sus servicios. De hecho, lo más plausible es que el bloqueo dure unos días, cuando no semanas.

Cuando toque regresar a Telegram, todo estará intacto, alojado en la nube. Lo que se bloquea es el acceso, no la información. Ni siquiera en el procedimiento de urgencia del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que activó la Agencia Española del ramo (la AEPD) sobre Worldcoin hace unos días se contemplaba esa posibilidad.

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De hecho, sobre el bloqueo de Worldcoin la Audiencia Nacional también se pronunció rechazando el recurso interpuesto ante la resolución de la AEPD. La AN entendía que no había lugar a un perjuicio irreparable toda vez que la plataforma de criptodivisas podría ser indemnizada posteriormente. La duda es: ¿cómo se recuperarán los negocios que dependen de Telegram?

Lo único evidente es que en internet las puertas se ponen en el campo y siempre habrá formas de sortear ciertos vetos. De hecho, en estos momentos ya se están distribuyendo múltiples opciones: desde redes virtuales privadas (VPN) gratuitas al uso de proxys de Telegram.

Por su parte, el auto solicita deshabilitar la conexión a los dominios web.telegram.org o telegram.org y deshabilitar y bloquear la conexión —"direcciones IP, protocolos, puertos y cualquier otro elemento de conexión"— para "suspender el funcionamiento de la aplicación Telegram" y todo "desde cualquier sistema operativo, Android o iOS".

Todo puede quedar en un susto: Telegram puede recurrir (o responder)

Donde hay algo más de certidumbre es ante la idea de que bloquear el acceso a Telegram para todo el mundo en España puede ser una medida excesiva.

No lo entiende así el auto que firma Pedraz, que entiende que al no haber respuesta de la comisión rogatoria que se envió a las Islas Vírgenes en julio del año pasado y existir "una reiterada comisión del delito contra la propiedad intelectual" la medida es "necesaria, idónea y proporcional".

Las operadoras tienen un plazo de tres horas para ejecutar ese bloqueo conforme vayan recibiendo la comunicación del juzgado. El auto, en sí, se dirige a Vodafone, Orange, MásMóvil, Digi, Telefónica Movistar, Avatel, Adamo, Aire Networks y Procono. A media tarde de este sábado muchas no habían recibido todavía la orden, por lo que no han aplicado dicho bloqueo.

Telegram, eso sí, tiene un plazo de tres días para presentar su recurso, lo que podría levantar el bloqueo de la plataforma en España.

El auto también determina que la investigación se extenderá hasta septiembre de este año, aunque el plazo puede ser prorrogable. Si Telegram no actúa, el bloqueo a la plataforma continuará al menos esos seis meses. Business Insider España se ha puesto en contacto con Telegram para conocer su impresión, pero por el momento no ha habido respuesta.

"Es matar moscas a cañonazos"

"Esta reiterada comisión del delito contra los derechos de propiedad intelectual justifica la adopción de medidas cautelares interesadas al concurrir los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad", escribe Pedraz en el auto.

Y continúa: "Las medidas cautelares solicitadas se erigen como las únicas medidas posibles ante la falta de colaboración de las autoridades de las Islas Vírgenes. No existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados".

El artículo 270 del Código Penal, por su parte, estipula que se "podrá ordenar el bloqueo de acceso" de forma excepcional cuando exista reiteración de conductas y con medidas proporcionadas, eficaces y eficientes, pero también habla de plataformas que difundan "exclusiva o preponderadamente los contenidos objetos de la propiedad intelectual", lo que es cuestionable.

Las primeras reacciones por parte de expertos como Santiago Menéndez-Abascal, asesor legal en la filial española de una gran tecnológica, han comenzado dudando de cómo el auto de la AN puede casar con recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Un ejemplo es la sentencia del caso entre Vladimir Kharitonov y Rusia, que dictaminaba:

"Cuando circunstancias excepcionales justifiquen el bloqueo de contenido ilegal, un organismo estatal que emita la orden de bloqueo deberá asegurarse de que la medida se dirija estrictamente al contenido ilegal y no tenga efectos arbitrarios o excesivos independientemente de la forma en que se implemente".

"Cualquier medida de bloqueo indiscriminada que interfiera con contenido o sitios web legales como efecto colateral de una medida dirigida a contenido o sitios web ilegales equivale a una injerencia arbitraria en los derechos de los titulares de dichos sitios web", continuaba.

A Borja Adsuara, otro abogado especialista en derecho tecnológico, también le parece una medida "desproporcionada" y se remite al artículo 270 del Código Penal, que contempla como medida "excepcional" el bloqueo de acceso a ciertas plataformas cuando estas sirvan "exclusiva o preponderantemente los contenidos objeto de la propiedad intelectual".

Al respecto, Adsuara recuerda que Telegram "no solo sirve para compartir contenidos piratas" y entiende que el auto afecta a "derechos fundamentales a la libertad de expresión e información". "Este debate ya lo tuvimos con las redes P2P en los 90". "Parece un pulso del magistrado con la plataforma".

El magistrado, efectivamente, requirió información y la app no dio respuesta. "¿Telegram se la dará para evitar la suspensión o mantendrá el pulso?", se preguntaba el experto.

Jorge Campanillas, del despacho Iurismatica, hacía la misma reflexión sobre que en Telegram no se distribuye únicamente contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual y lamentaba que en este caso se emprendan únicamente acciones cuando contenidos con copyright puedan estar amenazados.

Vuelve el viejo debate entre la censura y el copyright

En función del auto queda claro que el juez Pedraz se ampara en que se aprecia un delito económico continuado por la distribución de contenido infringiendo la propiedad intelectual de plataformas como Atresmedia, Mediaset o Movistar Plus.

No hace ni unos días que se levantó toda una polvareda por unas declaraciones de LaLiga que dirige Javier Tebas a cuenta de unas diligencias preliminares autorizadas por un juzgado mercantil de Barcelona que, en palabras del directivo, habilitaría la posibilidad de perseguir a los usuarios que consumen los partidos de la competición pirateándolos.

La realidad es algo más compleja y expertos ya explicaron en Business Insider España por qué en realidad las diligencias preliminares habilitarían la persecución, en ese caso, de aquellos usuarios que valiéndose de la señal legal estaría redistribuyéndola a terceros ilegalmente. No contemplaban esas diligencias la posibilidad de abrir causas judiciales contra los usuarios finales.

Efectivamente, Telegram está lleno de piratería. También está lleno de abuso sexual a menores y de contenidos divulgados por organizaciones terroristas. Su moderación es laxa frente a otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Pero esa laxitud no implica que no exista. Comparativamente, Telegram colabora muy poco con las autoridades.

Pero también es una plataforma que utilizan millones de personas para comunicarse y miles de negocios para lucrarse legítimamente.

Telegram es una empresa privada con sede legal en las Islas Vírgenes y con centro de operaciones en Dubái, no es precisamente un activista por la libertad de expresión —aunque es de esperar que la plataforma emplee ese argumento más pronto que tarde—. Pero no es menos cierto que lo que ha ponderado la AN es el derecho a la propiedad intelectual frente a otros derechos fundamentales.

No es la primera vez que pasa

Sin ir más lejos, Telegram ya vivió un episodio similar hace apenas un año en Brasil. Paradójicamente, un juez brasileño ordenó bloquear Telegram en un país porque la plataforma no estaba colaborando en la investigación de un grupo de neonazis. El bloqueo se levantó al cabo de un mes.

ProtonMail, un cliente de correo electrónico que hace alarde de la defensa de la privacidad de sus usuarios, ya se vio involucrado hace tres años en una intensa polémica después de que activistas franceses denunciaran que uno de sus compañeros había sido identificado ante las autoridades galas con la participación de la plataforma.

El bloqueo cautelar de Telegram en España se produce en un momento en el que las autoridades en todo el mundo están escrutando intensamente la actividad que los usuarios desempeñan en las plataformas. EEUU, por ejemplo, se plantea prohibir TikTok en el país ante la sospecha de que detrás de la plataforma pudieran estar los intereses geopolíticos de Pekín.

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En febrero y marzo han entrado en aplicación dos nuevas regulaciones tecnológicas comunitarias, el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento de Mercados Digitales. El régimen sancionador de ambas leyes comunitarias abrirían la puerta a que las grandes plataformas digitales, fritas a multas, acaben abandonando el mercado europeo.

Aunque esa es una remotísima posibilidad con la que han amenazado ya en el pasado grandes multinacionales como Meta, conocida antes como Facebook.

Y con la salvedad de que grandes plataformas abandonarían el Viejo Continente al no acceder a cumplir con las normas que impone Bruselas y los Veintisiete: combatir la desinformación, moderar sus contenidos y no obstruir la libre competencia abusando de sus posiciones dominantes.

Muy distinto sería que eso sucediera en el marco de esas regulaciones europeas a que el veto en España se produjese a instancias de las denuncias de firmas audiovisuales, soliviantadas porque se esté utilizando un servicio para difundir sus contenidos de forma pirata.

Quienes pagan siempre son los usuarios

Como advierten varios especialistas, al bloqueo a Telegram no se le tiene por qué dar un ánimo censor por parte de la Audiencia Nacional o del Estado español. Es todo más sencillo: es un pulso entre un Estado de derecho y una multinacional, como escribía Adsuara en X. 

Con todo, este es un nuevo ejemplo de cómo la red de redes ya no es ese espacio con potencial utópico que algunos hacktivistas imprimían a internet hace unos 20 años. 

En 2011 comenzaron a sucederse protestas en España a cuenta de una disposición de una ley de economía sostenible que amparaba la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura que propondría a las autoridades judiciales el cierre de webs por difundir contenidos protegidos por derechos de autor.

Esa disposición es lo que se dio a conocer como ley Sinde. Recordarás cómo entonces desembarcó en España el movimiento Anonymous, con protestas en las que la máscara de Guy Fawkes (V de Vendetta) se convirtió en un artefacto viral en manifestaciones y concentraciones, luego ya al albur del 15-M.

Finalmente esa Comisión echó a andar. La desbloqueó el Gobierno de Mariano Rajoy y el año pasado, por ejemplo, confirmó el cierre hasta la fecha de 450 dominios de internet.

Hay debates que se cierran en falso y el dicotómico entre censura, libertad de expresión y defensa del copyright es uno de ellos. Un debate que ha vuelto a la palestra, esta vez sin manifestantes en la calle, y que alcanza una nueva cota con la histórica decisión del juez Pedraz en la Audiencia Nacional, que te va a dejar sin Telegram al menos durante las próximas horas.