La Comisión Europea estudia reformas para responsabilizar a las plataformas digitales de sus contenidos

• La Comisión Europea comenzará este martes a estudiar reformas legales que permitan responsabilizar a las plataformas digitales de sus contenidos, según adelanta Financial Times.
• Bruselas lanzará una consulta abierta a empresas, gobiernos y al público en general para elaborar una nueva normativa para que los gigantes tecnológicos rindan cuentas por los contenidos que se publican o los productos que se venden en sus plataformas.
• Se trata de la primera vez en 20 años que la UE afronta la reforma de su legislación sobre las plataformas digitales.
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La Unión Europea mantiene desde hace meses su particular pulso con las grandes compañías de Silicon Valley. Desde hace meses, Bruselas ha elevado el tono respecto a la elusión fiscal de las grandes tecnológicas, a las que se acusa de desviar parte de sus beneficios a regímenes fiscales más favorables, y ha amenazado con imponer una tasa Google a nivel europeo.

En febrero, la Comisión Europea abrió una consulta pública para crear su estrategia de big data e inteligencia artificial. Esta normativa, según la vicepresidenta ejecutiva de la CE, Margrethe Vestager, busca crear la legislación necesaria "para que los ciudadanos, trabajadores y empresas de Europa tengan la posibilidad de beneficiarse de la digitalización", limitando el poder de los gigantes de Silicon Valley para intentar que Europa lidere ese mercado.

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Este martes, la CE abre una nueva consulta pública sobre su legislación del sector tecnológico, en este caso para definir la responsabilidad de las plataformas digitales respecto a los contenidos o productos que ofrecen, según adelanta Financial Times, que ha tenido acceso a un borrador de la consulta en el que se definen las prioridades de Bruselas.

Al igual que en el caso de la estrategia de big data e inteligencia artificial, la Comisión abre desde este martes un periodo de 12 semanas durante las que recibirá informes y aportaciones de empresas, gobiernos y del público en general. Con las conclusiones de este periodo de consultas se elaborará la nueva normativa con la que se busca que las grandes tecnológicas rindan cuentas por la actividad en sus plataformas online.

De este modo, Bruselas inicia el proceso para modificar por primera vez en 20 años la legislación de este mercado, en un proceso que el diario financiero británico prevé que será la reforma de mayor alcance y mayor carga política respecto al sector tecnológico. Y todo ello, precisamente, en un momento en el que Facebook y Twitter están recibiendo presión por parte del Gobierno de Estados Unidos y de sus usuarios por sus políticas de contenidos.

Así, según se desprende del borrador recogido por Financial Times, las prioridades de la Comisión Europea ante esta reforma son definir las responsabilidades sobre los contenidos o productos disponibles en las plataformas digitales, delimitar las normas de libre competencia en Europa ante la presencia de los gigantes estadounidenses y completar el diseño del mercado común digital.

Respecto al primer objetivo, Bruselas busca establecer quién debe garantizar que los productos o contenidos que se ofrecen en las plataformas sean de buena calidad, ante los casos de productos sanitarios defectuosos que se han ofrecido en marketplaces como Amazon o Ebay durante la pandemia de coronavirus. Actualmente, esas garantías son voluntarias para las tecnológicas y no hay sanciones si no retiran productos fraudulentos de sus webs.

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Respecto a las normas de competencia, el periódico británico asegura que la CE establecerá una serie de recomendaciones y prohibiciones para garantizar que las grandes tecnológicas compartan datos con rivales de menor tamaño y permitan que los usuarios decidan quién tiene acceso a sus datos y puedan trasladarlos a otras compañías si así lo desean.

En cuanto al mercado común digital, el borrador busca alinear las normativas de comercio electrónico y contenidos digitales de los 27, después de que Francia o Alemania hayan presentado sus propias legislaciones, en las que se obliga a las compañías a eliminar contenidos vinculados al terrorismo, como en el caso francés, o a entregar las direcciones IP de usuarios que publican mensajes de odio, en el de Alemania.