El espionaje informático a líderes independentistas de Cataluña ha puesto patas arriba el tablero político español.

El escándalo está agrietando no solo las relaciones entre el Gobierno de España y el Govern de Cataluña: también está generando encontronazos entre los principales socios del Ejecutivo central (PSOE y Unidas Podemos) y pone en riesgo el paquete de crisis ante la guerra, cuyo decreto se tendrá que convalidar este jueves en el Congreso de los Diputados.

En realidad, que en España se utilizó Pegasus, un programa informático de espionaje desarrollado por una empresa israelí llamada NSO Group, es algo que se sabe desde verano de 2020. Entonces, El País y The Guardian publicaron en exclusiva que varios líderes independentistas, entre ellos el entonces presidente del Parlament catalán, habían sufrido hackeos en sus terminales móviles.

La polémica ha vuelto a la actualidad después de que en abril Citizen Lab, un grupo de trabajo de expertos en ciberseguridad de la Munk School de la Universidad de Toronto, publicara un extenso y exhaustivo informe técnico sobre cómo operó Pegasus en España.

Las otras víctimas de Pegasus, el programa espía que se utilizó contra ciudadanos catalanes

No solo Pegasus: Microsoft ya detectó el año pasado trazas de otro programa espía en Cataluña, este desarrollado por una empresa llamada Candiru, también de origen israelí. En Bruselas ya se lleva meses pidiendo vetar este tipo de aplicaciones, tal y como se está haciendo en EEUU.

Sea como fuere, la polémica está suscitando reacciones en todo el arco parlamentario. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes que el Gobierno de España "tiene la conciencia tranquila".

Estas son todas las consecuencias que está teniendo el escándalo CatalanGate en la política española.

Una comisión parlamentaria que retoma actividad 3 años después

El propio Bolaños, al término del Consejo de Ministros de esta semana, ha asegurado que "todas las medidas" que el Ejecutivo ha adoptado son "medidas de transparencia" para que se "esclarezcan los hechos" y para que se pueda conocer "la verdad". "Se va a garantizar que el Gobierno colabore con todas las actuaciones judiciales que se produzcan, incluso desclasificando documentación".

Al margen de las medidas y la colaboración de la que pueda disponer el propio Gobierno, otras instituciones del Estado han anunciado medidas. Por ejemplo, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, elevará a votación este jueves una propuesta con la que se modifica parte del reglamento de la Cámara.

El CNI compró el programa espía Pegasus por unos 6 millones de euros a mediados de la década pasada para usarlo en el extranjero

Se trata de la constitución de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, más conocida como Comisión de Secretos Oficiales. A pesar de que la legislatura arrancó hace ya dos años y medio, esta comisión parlamentaria todavía no se había constituido. Cuenta InfoLibre que se debía a los vetos de PP, Cs y Vox a la presencia de formaciones como ERC.

De cualquier manera, esa Comisión de Secretos Oficiales es, entre otras cuestiones, la que aborda el escrutinio al Centro Nacional de Inteligencia. Su inactividad de casi 3 años terminará pronto, después de que Batet proponga que su constitución pase de votarse por mayoría de tres quintos a mayoría simple, lo que permitirá la irrupción de nuevos partidos a dicha Comisión.

El plan nacional para paliar los efectos de la guerra, en riesgo

El Gobierno anunció hace semanas el plan nacional para paliar los efectos de la guerra, un ambicioso proyecto que incluye 6.000 millones de euros en ayudas directas y otros 10.000 millones en préstamos ICO y entre los que se enmarca ayudas a determinados sectores económicos así como subvenciones al combustible o topar el precio del MWh, para lo que Bruselas ya ha dado luz verde.

La agenda del Congreso recuerda que este jueves será cuando se apruebe —o no— la convalidación del real decreto en el que se enmarca ese plan. Su aprobación parecía garantizada, hasta que esta semana formaciones como Esquerra Republicana (ERC) o EH Bildu han anunciado que no dan por seguro su voto favorable y podrían tumbar su convalidación.

Dominios web con configuraciones deficientes, una de las vías de entrada que aprovecharon los responsables del ciberespionaje contra ciudadanos de Cataluña

Aquí el nuevo PP de Núñez Feijoo podría entrar en juego. Hasta la fecha, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha conseguido convencer a los populares de que apoyen el plan. Ahora que ERC y EH Bildu comprometen su aprobación al entender que las medidas anunciadas para depurar responsabilidades sobre el ciberespionaje, todas las miradas se ciernen sobre Génova.

También la del propio Sánchez, que este martes ya estaba preguntándose qué harán los populares. El plan para paliar los efectos económicos de la guerra debe convalidarse en el Congreso: de lo contrario, decaerá, y con él, todas las ayudas, subvenciones y medidas anunciadas, como la rebaja en el combustible.

El diálogo con Cataluña, deteriorado

Sánchez dijo, en 2016, que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy era el Red Bull de los independentistas. Con sus actuaciones y decisiones políticas, el anterior Gobierno del PP le estaba dando alas a los ciudadanos favorables de un referéndum y de una eventual independencia de Cataluña.

Ahora la fábrica de independentistas podría ser el propio Gobierno que lideran el PSOE y sus socios de Unidas Podemos. De no dar una respuesta contundente, tal y como plantean desde formaciones catalanas como ERC o Junts, las relaciones entre Cataluña y el resto de España podrían deteriorarse ostensiblemente.

Los teléfonos de Macron, Charles Michel, el director general de la OMS o el rey de Marruecos aparecen en la lista de posibles víctimas del programa espía Pegasus

Por lo pronto, el Govern catalán ya ha anunciado que restringe sus interlocuciones con Moncloa, lo que de facto supone aparcar la mesa de diálogo, uno de los puntos estrellas con los que el Gobierno de Sánchez llegó al poder tras las elecciones generales de noviembre de 2019.

Al mismo tiempo, la Generalitat de Cataluña ha anunciado actuaciones judiciales para tratar de encontrar a los responsables del espionaje que sufrieron los líderes independentistas.

Cruces de acusaciones entre los socios del Consejo de Ministros

Aunque el escándalo estalló de nuevo la semana pasada, Unidas Podemos se ha sumado ya a varios escritos a los que también se han adherido formaciones como ERC, EH Bildu o Más País para encontrar responsables de este caso de espionaje. Primero, se sumaron a estas organizaciones para exigir una comisión de investigación en el Congreso.

Se trata de una declaración conjunta que Unidas Podemos recuperó este mismo martes, en la que se exige al Gobierno actuar "de manera inmediata para investigar y aclarar este caso, tanto política como judicialmente, asumiendo y depurando para ello todas las responsabilidades políticas que se deriven de tal investigación".

Filtran 50.000 números de teléfono de posibles víctimas de Pegasus, el programa espía que contratan gobiernos de todo el mundo: qué nombres españoles aparecerán

Este lunes, Pablo Fernández, uno de los coportavoces de Podemos, reconoció que el caso de espionaje suponía un grave atentado a la democracia. "No puede quedar ninguna sombra de duda sobre esta cuestión: hay que esclarecer muchos extremos. Si este espionaje fue legal o ilegal, cuál fue su amplitud, su motivación, qué organismos participaron y quiénes dieron las órdenes".

Fernández también aseguró que los responsables últimos de la operación, sea legal o no, deberán "dimitir inmediatamente" para garantizar que nunca más vuelva "a suceder en España un asunto tan grave y sangrante como este".

Hace unas horas el propio exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, rescataba unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles: "De cualquier actuación que haya servido para utilizar las Fuerzas de Seguridad del Estado de una forma corrupta con cualquier finalidad, como investigar a otros partidos políticos (...), se tendrán que asumir las responsabilidades políticas y penales".

Iglesias zanjaba en redes sociales: "Solo queda tomarle la palabra".

Para rematar: también malestar en el CNI

Tras una semana de reproches y tensión política, el diario El País ha confirmado finalmente este martes que el CNI sí actuó con autorización judicial en el uso de Pegasus. En 2020, cuando se descubrió el escándalo, el Gobierno rechazó cualquier vínculo con el uso de este programa espía.

Pero los problemas no se van a dar únicamente en el Hemiciclo. El diario El Mundo informaba en el mismo día que también en el Centro Nacional de Inteligencia hay malestar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Algunos agentes de los servicios secretos nacionales consideran que Sánchez los ha dejado "expuestos" ante los independentistas.