"No podemos permitir que la pandemia sirva como pretexto para una vigilancia indefinida": El manifiesto que exige a gobiernos de todo el mundo preservar la privacidad personal

Control policial en frontera.
  • El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado en el Congreso que el Gobierno ya está "trabajando en escenarios futuros" sobre cómo "desescalar" las medidas de confinamiento por el coronavirus.
  • La noticia llega el mismo día en el que más de un centenar de colectivos de todo el mundo han pedido a los gobiernos que no cercenen los derechos digitales con las medidas de vigilancia masiva.
  • En un manifiesto con más de 100 rúbricas, los colectivos exigen a los países que anonimicen los datos extraídos de los ciudadanos durante la pandemia, y que no tengan segundos usos.
  • Los expertos coinciden en España: no están "en contra por definición del uso de estos datos" si es por un bien común, pero estarán vigilantes cuando se supere la pandemia.
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Cintillo especial Coronavirus

No se dice lo suficiente, pero está claro: cuando se levante el estado de alarma y termine el confinamiento en España, la vida no será como antes.

En primer lugar, porque como ha ocurrido en otros países como China, la sociedad no volverá a funcionar del 0% al 100% en cuestión de horas. No: algunos comercios seguirán cerrados y se seguirán limitando las concentraciones de personas.

El segundo punto es el relativo a las medidas extraordinarias que han adoptado los gobernantes. En España, un número reciente del BOE habilitaba la posibilidad de que las operadoras de telecomunicaciones pudiesen facilitar la geolocalización de sus usuarios al Ejecutivo, con el fin de hacer un análisis de movilidad para tratar de implementar medidas que frenen el brote de COVID-19.

El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo reconocía en el Congreso de los Diputados: "Estamos trabajando en escenarios futuros que no puedo anticipar, pero estamos considerando qué medidas habrá que tomar en un futuro para poder garantizar que, superada la epidemia, podamos desescalar medidas sin riesgo a que se produzca un nuevo contagio".

Esta es la razón que ha empujado a un centenar de colectivos a firmar un manifiesto conjunto con 8 medidas, en las que abrazan que se implemente "más vigilancia digital" solo bajo una serie de "condiciones".

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Los firmantes son colectivos ciudadanos y activistas de todas partes del mundo: Estados Unidos, Europa, América Latina o África. Entre los firmantes está Access Now, una organización norteamericana que denuncia habitualmente los excesos autoritarios de algunos gobiernos en materia de derechos digitales.

"Las medidas de vigilancia adoptadas para combatir la pandemia deben ser legales, necesarias y proporcionadas", advierten. También reclaman que estas órdenes se restrinjan únicamente al momento de emergencia sanitaria. "No podemos permitir que la pandemia sirva como pretexto para una vigilancia indefinida".

Los estados deberán asegurar que los datos personales recopilados sean "segurizados", y que sirvan para el único propósito de reaccionar a la emergencia sanitaria. "Todo argumento que defienda que los datos son anonimizados deben aportar pruebas y con la información suficiente sobre cómo se han anonimizado".

Además, si un gobierno acuerda compartir estos datos con entidades públicas o privadas debe hacerse mediante "cláusulas legales y claras" y sin ningún propósito mercantil, durante el registro de estos datos se deberá evitar que toda esa información caiga "en organizaciones de inteligencia o seguridad" y se ha de advertir que "el uso de herramientas de Big Data o inteligencia artificial" es, de facto, "un riesgo para minorías raciales o grupos marginales".

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Antenas móviles

En España, por el momento, es necesario distinguir entre DataCOVID, un estudio de movilidad que está llevando a cabo el Gobierno rastreando 40 millones de dispositivos con la cooperación de las operadoras de telecomunicaciones, de la app de autodiagnóstico nacional que todavía no está disponible —pero cuya versión prototipo ya ha lanzado la Comunidad de Madrid—.

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Cuando el Gobierno anuncio DataCOVID se encontró con algunas voces de la oposición, como las de una diputada de Vox, que aconsejaba a los usuarios que pusiesen el teléfono en modo avión o apagasen el wifi para evitar ser rastreado —algo que no ayuda demasiado ni a evitar ser localizado por la autoridad ni tampoco a detener el brote de coronavirus—.

También, cuando las autonomías como Cataluña o Madrid lanzaron sus primeras versiones de la app de autodiagnóstico se sucedieron varias críticas, al entender que los avisos de privacidad de las mismas eran algo exiguos.

En cualquier caso, los expertos coinciden. Dos de los colectivos que en España más batallan para prevenir una posible regresión de derechos digitales después de la emergencia sanitaria son la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y X.net. Esta última anunciaba hace días la publicación de un futuro análisis, aunque también advertían que no estaban "en contra por definición" del uso "intensivo" de estos datos "si es por el bien común". 

Pero también advertían que vigilarán "cómo se hará" en este tuit.

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Sanidad advertía que todavía "van a seguir viniendo semanas muy duras", pero que el Ejecutivo ya está trabajando en "escenarios futuros" que pronto darán a conocer.

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"Estamos trabajando en escenarios futuros que no puedo anticipar, pero estamos considerando qué medidas habrá que tomar en un futuro para poder garantizar que, superada la epidemia, podamos desescalar medidas sin riesgo a que se produzca un nuevo contagio", advertía.

Carlos Sánchez Almeida es el director legal de la PDLI y socio del Bufet Almeida, despacho especializado en derecho digital que también advertía en las redes sociales: "Si permitimos que los datos introducidos en apps de emergencia sanitaria acaben en manos privadas, luego nos indignaremos cuando empiecen a denegarnos seguros de vida o de cobertura sanitaria aplicando técnicas de Big Data. Los datos solo debe tenerlos la autoridad sanitaria".

Del mismo modo lo ve el consultor Borja Adsuara, especialista también en privacidad. En un reciente artículo de Business Insider Españaabundaba en que el problema no está en la tecnología, en este caso, en el Big Data. "Si prohibimos el Big Data por el mal uso que puede tener, nos perderemos también sus buenos usos. Como por ejemplo, la investigación contra el cáncer".

Por eso, la principal preocupación de los expertos y activistas, y también del más de un centenar de colectivos de todo el mundo que han firmado ese manifiesto, es la siguiente: que la pandemia sea el pretexto para una regresión de derechos digitales una vez se haya superado la emergencia.

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