Sánchez lanza un guiño a ERC y confía en mejorar su relación con los fiscales tras proponer a Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado

Lo primero que ha hecho Pedro Sánchez después de formar Gobierno es proponer a Dolores Delgado para el cargo de fiscal general del Estado.

La exministra de Justicia encontrará de esta forma acomodo en el máximo rango de la Fiscalía, después de que el juez Juan Carlos Campo haya sido elegido como nuevo responsable de la cartera. No se trata de un nombramiento definitivo: para asumir sus nuevas responsabilidades, Delgado debe reunir los avales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Congreso de los Diputados.

Se entrelazan varias razones en esta decisión: de un lado, las polémicas que ensombrecieron los primeros meses de gestión de Delgado al frente del Ministerio. Del otro, el enfriamiento entre el Ejecutivo y la hasta ahora fiscal general del Estado, María José Segarra, tras un año 2019 judicialmente intenso y sensible para el Gobierno y el PSOE —causa del procés y los ERE de Andalucía, fundamentalmente—.

Una de las principales evidencias es que con este nombramiento, Sánchez trata de lanzar un mensaje a ERC, que vio como la anterior fiscal general, María José Segarra, también propuesta por Sánchez, acusaba a los encausados por el procés de un delito de rebelión.

Este miércoles se celebrará el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, y Moncloa ya ha confirmado que la propuesta de nombrar a Delgado como fiscal general del Estado se aprobará entonces.

Los desafíos de Dolores Delgado hasta ser nombrada nueva fiscal general

El Estatuto Orgánico de la Fiscalía prevé que el fiscal general tendrá carácter de "autoridad" en toda España y que debe ser nombrado por el rey "a propuesta del Gobierno", pero habiendo "oído previamente" al CGPJ. No obstante, este aval es una formalidad, ya que no se trata de un documento vinculante. 

El desafío lo encontrará el Ejecutivo en la Cámara Baja. Sánchez tendrá que solicitar en los próximos días a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, espacio para la intervención de Delgado. El objetivo de la candidata a ser fiscal general no será otro que recabar el apoyo del máximo número de grupos parlamentarios en el Hemiciclo. Será presumiblemente en la Comisión Parlamentaria de Justicia.

Pero es que la Comisión Parlamentaria de Justicia todavía no existe.

Desde que se constituyeron Cortes el pasado mes de diciembre, el Congreso no ha constituido las Comisiones Parlamentarias. Ahora que al fin se conoce la distribución de las distintas carteras ministeriales —que son 22—, se puede prever que la Cámara solvente esta situación. Eso sí, no será de forma inminente ya que enero se considera mes inhábil para los diputados, y además es periodo extraordinario de sesiones.

Eso sí, nada impediría a Batet convocar una sesión plenaria para atender muchos de los asuntos pendientes que el Congreso tiene en su debe, como ya ocurrió el pasado mes de agosto cuando se celebró una sesión de control a Sánchez, cuando todavía estaba en funciones.

Una propuesta de nombramiento que llega con polémica

El nombramiento efectivo de Dolores Delgado como fiscal general del Estado supondría la salida inmediata de María José Segarra, que ostenta el cargo desde junio de 2018. Sánchez ha protagonizado en los últimos meses sonoras polémicas con los fiscales españoles. En noviembre, por ejemplo, levantó una polvareda tras una entrevista radiofónica en RNE.

Sánchez había prometido que haría volver a España al presidente de la Generalitat catalana fugado, Carles Puigdemont. A preguntas de un periodista sobre cómo lo haría, Sánchez hizo una suerte de pregunta retórica sobre los fiscales. "¿Es que la Fiscalía de quién depende?". "Del Gobierno". "Pues ya está", zanjó.

En aquel momento, la Fiscalía General del Estado tuvo que recordar mediante un comunicado que sus actuaciones en la causa del procés se habían producido "en el ámbito de su autonomía funcional" y numerosas asociaciones de fiscales rechazaron las palabras del presidente.

Una causa, la del procés, que terminó con la sentencia condenatoria a muchos de los líderes independentistas en octubre del año pasado. Las peticiones de condena de Fiscalía, en contraste con lo que solicitaba la Abogacía General del Estado, también provocó más de un quebradero de cabeza al entonces Ejecutivo en funciones. 

Mientras que los fiscales acusaban a los líderes del procés de rebelión, la Abogacía daba un golpe de timón y rebajaba su acusación a sedición, delito por el que fueron finalmente condenados Oriol Junqueras, los Jordis y varios exaltos cargos independentistas. Medios como La Razónya avanzaban  en diciembre que Sánchez estaría dispuesto a reemplazar a Segarra como gesto con ERC, partido del que dependió su investidura. Sus trece parlamentarios se abstuvieron.

Sobre Segarra, El Independiente también publicaba a mediados del año pasado, y citando a "fuentes solventes", que existía malestar en el Gobierno después de que Segarra avalara la denuncia que había presentado la Fiscalía Anticorrupción contra la jueza del caso de los ERE, que llevaba según el digital "los casos más sensibles para el PSOE".

La salida del Ejecutivo de Delgado también ha sido comentada. Muchos han recordado la filtración de las conversaciones entre el excomisario Villarejo y la exministra de Justicia cuando esta era fiscal en una comida privada que tuvo lugar en 2009.