El Supremo condena a entre 9 y 13 años de cárcel a los acusados del procés por delitos de sedición y malversación de fondos públicos
- Las condenas de la sentencia del procés varían entre los 9 y 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación de fondos públicos. Las ha fijado por unanimidad el Supremo.
- La pena más alta se la lleva el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, al haber sido el dirigente de más alto cargo condenado. Cumplirá 13 años de cárcel.
- Puigdemont ha reaccionado a través de Twitter: "100 años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a vuestro lado y al de vuestras familias. Toca reaccionar".
- El ministro de Fomento en funciones ha sido el primero en reaccionar por parte del Gobierno de España: "Respeto, acatamiento y cumplimiento", ha dicho sobre la sentencia.
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado sentencia por unanimidad sobre la causa del 'procés'. Estas son las condenas de la sentencia del procés.
Hubo delito de sedición, tal y como planteaba la Abogacía del Estado; y no de rebelión, como defendía la Fiscalía. De esta forma se cierra el mediático proceso judicial que ha evaluado los hechos que transcurrieron en la segunda mitad de 2017 y que desembocó en una declaración unilateral de independencia en Cataluña.
Este fin de semana se han filtrado varios detalles de la sentencia. Finalmente, ha sido este lunes El Españolquien ha adelantado en exclusiva las condenas de la sentencia del procés a los doce acusados de dicha causa. Minutos después el gabinete de prensa del Alto Tribunal remitía la sentencia completa, que puede consultar aquí.
Las condenas del Supremo sobre la causa del procés
Los delitos y condenas de los doce acusados quedan de la siguiente forma.
- Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern. Sedición y malversación. 13 años de cárcel.
- Jordi Turull, exconseller de la Presidencia y exportavoz del Govern. Sedición y malversación. 12 años de cárcel.
- Raül Romeva, exconseller de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales. Sedición y malversación. 12 años de cárcel.
- Dolors Bassa, exconsellera de Trabajo y Asuntos Sociales. Sedición y malversación. 12 años de cárcel.
- Joaquim Forn, exconseller de Interior. Sedición. 10 años y medio de cárcel.
- Josep Rull, exconseller de Territorio y Sostenibilidad. Sedición. 10 y medio de cárcel.
- Carme Forcadell, expresidenta del Parlament. 11 años y medio de cárcel.
- Jordi Sànchez, expresidente de la ANC. Sedición. 9 años de cárcel.
- Jordi Cuixart, expresidente de Òmnium. Sedición. 9 años de cárcel.
- Meritxell Borràs, exconsellera de Gobernación. Desobediencia. Inhabilitación y multa.
- Carles Mundó, exconseller de Justicia. Desobediencia. Inhabilitación y multa.
- Santi Vila, exconseller de Empresa y Conocimiento. Desobediencia. Inhabilitación y multa.
Por qué es delito de sedición si el Supremo entiende que hubo violencia
Aunque la Sala de lo Penal del Supremo da por probada que hubo violencia en jornadas como la del 20 de septiembre, en las que masas de independentistas 'asediaron' la Conselleria de Economía, la sentencia considera que no fue delito de rebelión.
"No basta la constatación de indicutibles episodios de vilencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión", abunda la nota informativa del Supremo. "La violencia tiene que ser instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan a la acción de los rebeldes".
La Sala mantiene que todos los acusados "eran conscientes" de que el referéndum era inviable jurídicamente, y que el mismo "no podría conducir a un espacio de soberanía".
"Los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una república soberana, desconocían que el derecho a decidir había mutado y se había convertido en un atípico derecho a presionar".
En pocas palabras: la Sala de lo Penal del Supremo asume que "la defensa política, individual o colectiva" de los fines enumerados en el artículo 472 del Código Penal" ("derogar, suspender o modificar total o parcilmente la Constitución"), "no es constitutiva de delito".
Pero "sí lo es movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultario que impide la aplicación de las leyes y obstaculiza el cumplimiento de las decisiones judiciales", zanja.
Una sentencia que mira fuera de las fronteras españolas
La Sala de lo Penal del Supremo, en una sentencia de unas 500 páginas que se ha suscrito por unanimidad de los magistrados, ha apuntalado algunas de las cuestiones que se dirimía en la causa. Lo ha hecho haciendo un análisis de derecho comparado con el resto de países europeos.
En una nota informativa que la oficina de prensa del Alto Tribunal ha distribuido a los medios de comunicación, se incide por ejemplo en que la protección de la integridad territorial del Estado o la ausencia del derecho a decidir son elementos comunes "en las constituciones europeas".
"La proteción de la unidad territorial de España no es una extravagancia que singularice el sistema constitucional español", abunda el texto. "Los textos constitucionales de algunos de los países de origen de los observadores internacionales contratados por el gobierno autonómico catalán incluyen normas de especial rigor".
Por ejemplo, la Constitución alemana declara inconstitucionales los partidos que busquen "mermar o eliminar el orden constitucional o democráitoc y de libertad o pongan en peligro la existencia de la República Federal Alemana". La Carta Magna francesa del 58 arranca con el precepto de que "Francia es una República indivisible". La Constitución portuguesa del 76 apuntala que el país luso es un "Estado unitario".
La sentencia también mantiene que no hay democracia fuera del Estado de Derecho y que no existe un "derecho a decidir" que pueda ser ejercido fuera de los límites jurídicos. Así, el Alto Tribunal no acepta esta premisa y recuerda que este derecho de autodeterminación "sería solo de una parte de la ciudadanía", que "se dejó seducir por las llamadas del Govern y otros agentes sociales y políticos a una votación que se presentaba falazmente como legítima".
"La construcción de una república independiente exige la alteración forzada del sujeto de la soberanía, es decir, la anticipada mutilación del sujeto originario de poder constituyente, que expresa la base sociológica de cualquier Estado civilizado". En otras palabras: el Supremo recuerda que el sujeto de la soberanía es "el pueblo español", como tipifica el artículo 1.2 de la Constitución del 78.
Reacciones políticas a la sentencia
Uno de los primeros en reaccionar ha sido precisamente Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat en la época investigada. Su vicepresidente, Junqueras, es quien ha sido condenado a la mayor pena, de 13 años de cárcel.
Puigdemont ha tuiteado en la mañana de este lunes: "100 años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a vuestro lado y al de vuestras familias. Toca reaccionar como nunca. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por Europa. Por Cataluña".
Por parte del Gobierno de España, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, también ha reaccionado. Lo ha hecho en directo al tiempo que salía la sentencia, en una entrevista que transcurría en Los desayunos de TVE, la televisión pública.
Para Ábalos, la sentencia confirma que "la justicia funciona con templanza y rigor". Ha manifestado que la posición del Gobierno es "que se cumpla la sentencia", y ha descartado hablar de indultos. "Sé que forma parte de la estrategia anticipatoria de quien no respeta ni los tiempos ni la separación de poderes: no procede hablar de indultos".
Poco después ha comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Más País, el partido de Íñigo Errejón, ha considerado que "hoy estamos más lejos que ayer de rehacer puentes entre la sociedad catalana, y entre la catalana y el resto de España. Nos toca hacer política para restañar las heridas".
Los populares han exigido, a través de su presidente Pablo Casado, que Sánchez no deje la puerta abierta al indulto "por un puñado de votos" de ERC, JxCat "o incluso el PNV" y que se mantenga del lado del Supremo y la legalidad.
Incluso el FC Barcelona ha expresado su opinión en un comunicado publicado en redes sociales, advirtiendo que "la prisión no es la solución".
Las protestas se multiplican en las calles: de las cargas en el aeropuerto de El Prat a la concentración en la plaza de Sant Jaume
La sentencia ha tenido como consecuencia directa la movilización en las calles de miles de independentistas que se han movilizado para protestar contra un dictamen que condena a los líderes del procés a entre 9 y 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación de fondos públicos.
Los manifestantes han conseguido interrumpir durante horas el tráfico en tren y metro desde Barcelona hacia el aeropuerto de El Prat, donde se han concentrado miles de personas desde primera hora de la mañana y donde se han vivido algunos de los momentos de mayor tensión, ya que los Mossos d'Esquadra han cargado varias veces para desalojar a los convocados por la plataforma Tsunami Democràtic.
Las movilizaciones también se han dejado notar en docenas de carreteras y vías de toda Cataluña, que han sufrido interrupciones y cortes. Así ha sucedido en la capital catalana, donde los cortes han afectado a la Ronda de Dalt, la Diagonal y la Via Laietana, donde se ha organizado una sentada. Una escena similar se ha producido en la AP-7 a la altura de Girona, que ha tenido que ser cortada ante la concentración de personas en la carretera.
Igualmente el tráfico ferroviario ha sufrido perturbaciones, especialmente en la provincia de Girona, donde algunos manifestantes independentistas han construido barricadas en las vías del AVE y Rodalies interrumpiendo la circulación de trenes.
Por otro lado miles de personas se han concentrado a última hora de este lunes en la plaza de Sant Jaume, ante el Ayuntamiento de Barcelona y la sede de la Generalitat, minutos antes de que comience un acto de protesta organizado por la ANC y Òmnium Cultural.
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