El Gobierno acuerda la compra del 10% de Telefónica para reforzar "su estabilidad accionarial" tras la llegada de los saudíes de STC

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la entrada del Estado en el capital de Telefónica con la compra del 10% de sus acciones, una operación que en valor de mercado oscila los 2.000 millones de euros. De confirmarse, sería el retorno del Estado a Telefónica después de que hace algo más de 25 años se privatizara.

La operación se realizará a través de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) como se venía advirtiendo y ha sido finalmente autorizada por el Gobierno en su conjunto a instancias de la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La operación ha sido anunciada esta tarde a través de un comunicado remitido a los medios.

"La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales", ha reivindicado el Ministerio de Hacienda en dicha nota.

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El propio Ministerio ha recordado que Telefónica cuenta "con un amplio despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones que garantizan la conectividad y servicios digitales a ciudadanos y empresas españolas". "También está presente en todas las áreas tecnológicas del Ministerio de Defensa", ha enfatizado.

Aunque en la nota no se menciona en ningún momento, esta operación se promueve apenas unos meses después de que la teleco Saudi Telecom (STC) anunciara sus intenciones de hacerse con el 10% de las acciones de Telefónica en una operación que entonces se valoró en unos 2.100 millones de euros. La operación de la SEPI se da a conocer con Pallete negociando con los saudíes.

El anuncio de los saudíes sorprendió a la propia compañía como al Ejecutivo, que entonces recordó la necesidad de que los saudíes contaran con la preceptiva autorización del Ministerio de Defensa: los saudíes pretendían hacerse con más del 5% de las acciones y no descartaban sentarse en el Consejo de Administración de la multinacional española.

Esos eran los requisitos establecidos por el escudo antiopas que se decretó en pandemia y ha acabado consolidándose en la legislación española, en un momento en el que el sector europeo de las telecomunicaciones arroja síntomas de debilidad en comparación con el resto de mercados.

La propia Telefónica anunció el pasado mes de noviembre su nuevo plan estratégico. El Gobierno, que no ha dado más detalles, también enfatiza que Telefónica proporciona "los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la Infraestructura Integral de Información para la defensa en territorio nacional y operaciones militares en el exterior".