El Gobierno centralizará la concesión de ayudas europeas en comités de expertos y en una plataforma de contratación abierta al público para garantizar la transparencia del reparto

Una vez que la Comisión Europea y el Eurogrupo han dado luz verde al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, el Gobierno comienza a preparar los mecanismos para el reparto de las ayudas comunitarias contra el coronavirus del fondo Next Generation EU, siguiendo las recomendaciones de Bruselas para aumentar el control sobre el desembolso de esas ayudas después de que el Consejo de Estado detectase carencias en sus planes previos.

De hecho, la Comisión Europea ha reclamado normas más estrictas y mecanismos de control más eficaces para evitar el malgasto, la corrupción y el fraude en el reparto de las ayudas europeas, advirtiendo de que congelará la entrega de fondos comunitarios a los países que no cumplan los objetivos de gasto a los que se comprometieron en sus planes nacionales de recuperación.

Para cumplir estas metas, el Gobierno español prepara la puesta en marcha de una plataforma de contratación en la que se centralicen las convocatorias de ayudas, segúnLa Información, que destaca que la gestión de esas convocatorias de contratación se gestionarán desde el Ministerio de Hacienda y la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20, mientras que la plataforma dependerá de la Secretaría de Estado de Comunicación.

De este modo, el portal centralizado de contratación publicará todas las convocatorias para solicitar las ayudas autonómicas y estatales, además de la información sobre cómo presentar un proyecto para recibir esas ayudas. Su modelo será el mismo que se emplea actualmente en las plataformas públicas de contratación, que permiten que particulares o empresas accedan al desarrollo del proceso como vía para evitar concesiones "a dedo" o sin publicidad.

Con esta plataforma abierta el Ejecutivo busca dotar de transparencia al proceso de reparto de ayudas europeas, aplicando los mismos mecanismos que hasta ahora se emplean en la concesión de contratos públicos, lo que implica la creación de comités de expertos que decidirán sobre el reparto de las distintas partidas con criterios unificados, para evitar así posibles reclamaciones judiciales o administrativas, según el digital.

El Gobierno plantea recurrir a auditoras privadas para garantizar la transparencia en el reparto de las ayudas europeas

Además de esos expertos, el Gobierno ya creó en febrero un comité técnico para el plan de recuperación que establezca las bases de todo el proceso, en el que participan el secretario general de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha, la de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, además de varios cargos de los ministerios de Hacienda, Economía, Industria, Transportes, Transición Ecológica, Agricultura, Derechos Sociales, Exteriores o Igualdad.

Por otra parte, la normativa que tendrán que cumplir las compañías que aspiren a recibir fondos europeos también se mantiene respecto a la que se emplea para el resto de contratos con las administraciones públicas, lo que implica excluir del proceso a empresas que tengan deudas pendientes con Hacienda o con la Seguridad Social, que hayan solicitado concurso de acreedores, que hayan sido declaradas insolventes o estén intervenidas judicialmente.