Solo la CNMC vigilará a los 'streamers' y el Gobierno prorroga la 'tasa RTVE' hasta 2023: las decepciones con la ley audiovisual más allá de la cuota lingüística

Cuando el Gobierno tenía los presupuestos atados y a expensas de su aprobación en el Senado, todo ha saltado por los aires.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual,una norma que inicia ahora su tramitación parlamentaria y que espera transponer una directiva europea (ya fuera de plazo). Sin embargo, Esquerra Republicana, que condicionó su apoyo a los presupuestos a un añadido en esta norma, ha visto cómo su acuerdo se desvanecía.

ERC pedía que, mediante esta norma, las grandes prestadoras de contenido audiovisual bajo streaming tuviesen que garantizar a su audiencia un 6% de su catálogo en catalán, gallego o euskera. La medida, encaminada a preservar estas lenguas cooficiales, acabó saliendo, con matices: esta medida solo afectaría a esas grandes plataformas digitales que tuviesen su sede en España.

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Es decir, Filmin o las plataformas de Atresmedia o Mediaset sí. Pero se escapaban fuera del foco regulatorio grandes gigantes como Netflix o HBO. El Gobierno adujo que se debía al marco legal de la directiva; sin embargo, tanto PSOE como ERC han reanudado sus conversaciones para tratar de encauzar esta polémica.

Mientras tanto, el Proyecto de Ley ha llegado a la Cámara Baja este mismo jueves. Y ha generado malestar no solo en ERC y en sus potenciales apoyos a los presupuestos: también en reguladores audiovisuales como el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) o DigitalES, una patronal de compañías tecnológicas.

Aunque por motivos muy distintos.

La ley da todo el poder a CNMC para regular a 'streamers' y 'youtubers'

El principal punto que critica el CAC en un comunicado que se ha dado a conocer este mismo jueves es el hecho de que el proyecto de ley, tal y como se ha registrado, contemple que sea la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) la encargada de regular a las plataformas de intercambio de vídeos.

Detrás de este término se encuentran servicios como YouTube, TikTok o Twitch.

Roger Loppacher, presidente del CAC, ha tildado que este proyecto de ley es "una gran amenaza" tanto para el organismo como para toda la sociedad, "ya que el texto no responde al nuevo panorama audiovisual ni atribuye competencia alguna al CAC en relación a los servicios audiovisuales bajo de manda (Netflix, HBO) ni sobre las plataformas de intercambio de vídeos".

"Se trata de un hecho especialmente grave si tenemos en cuenta que estos servicios y plataformas son hoy por hoy una de las principales fuentes de consumo audiovisual para los ciudadanos catalanes, especialmente para el público más joven", ha lamentado.

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En el anteproyecto que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ya manejaba este año se estipulaba que la CNMC será quién controlaría "el cumplimiento por los prestadores del servicio de intercambio de vídeos" de la norma, así como la posibilidad de realizar "actuaciones inspectoras precisas para el ejercicio de su control".

Con todo, la propia CNMC ya ha reivindicado en varias ocasiones la necesidad de que esta ley audiovisual no solo regule a las plataformas en las que se alojan los creadores de contenidos, como streamers, tiktokers o youtubers, sino a los propios creadores de contenido en sí. 

En un informe de este mismo verano, la CNMC decía lo siguiente: "Competencia insiste en la conveniencia de la inclusión expresa de estos prestadores en la Ley para que en lugar de aplicársele de manera genérica el marco normativo, este se ajuste a sus peculiaridades", enfatiza el organismo regulador.

Del mismo modo, la propia presidenta del organismo, Cani Fernández, avisó en febrero de este mismo año en una intervención en las Cortes de que Competencia, por entonces, apenas contaba con más de una docena de trabajadores que se dedicarían a vigilar youtubers e influencers.

Una prórroga en el cambio del modelo de financiación de RTVE que enfada a las telecos

Una de las patronales del sector "de la digitalización", DigitalES, también ha publicado un comunicado durante la tarde de este jueves lamentando el texto definitivo del proyecto de ley según este ha llegado al Congreso de los Diputados. La organización asegura que en la disposición final tercera se introduce una prórroga al modelo de financiación de RTVE.

Mientras que el sector esperaba que este cambio en el modelo de financiación llegase en 2022, la norma prevé que será finalmente a 2023. Las telecos esperaban no tener que pagar el año que viene el 0,9% de sus ingresos a RTVE, una medida que introdujo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.

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Medios como El Paíshan tenido acceso a la redacción definitiva del proyecto de ley, que la propia DigitalES ha confirmado un poco más tarde. "Esta salvedad pone en riesgo los despliegues de redes inmediatos y, por tanto, la posición de ventaja competitiva que ostenta España en infraestructuras de telecomunicaciones", amenaza la patronal.

"La hoja de ruta 5G anunciada por el Gobierno, cuya medida más relevante era la eliminación de la ‘tasa RTVE’, ha sido un elemento crucial para poder asegurar un entorno viable para estas inversiones. En este difícil contexto, la continuidad del gravamen en 2022 necesariamente impactará en los planes de inversión previstos el próximo año", advierten desde DigitalES.

Con todo, se espera que la tramitación parlamentaria de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual llegue a buen puerto en los próximos meses: transpone una directiva europea pero lo hace muy tarde.

Bruselas ya expedientó a España en noviembre del año pasado por ir rezagada. Tras una primera intentona a finales de 2020, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital presentó un nuevo anteproyecto de Ley y una nueva audiencia pública a finales de junio de este año para la norma. Ahora que ya está en Cortes, es previsible que su aprobación llegue en la primera mitad de 2022.