El cara a cara entre Sánchez y Feijóo se convierte en el pistoletazo de salida del curso político, el último antes de elecciones: todas las claves

El curso político arranca tumultuoso en España. La semana pasada, Yolanda Díaz, principal rostro visible de la parte del Gobierno que depende de Unidas Podemos, advirtió que el techo de gasto que había aprobado el Consejo de Ministros para los futuros presupuestos generales del Estado (PGE) no incluye el prometido aumento en la inversión de Defensa.

La portavoz socialista, Pilar Alegría, salió al paso recordando que los PGE están todavía sujetos a debate, pero todo parece indicar que aquella herida que supuso una crisis en la coalición no terminó de cerrarse hace meses, cuando el propio Sánchez anunció ese compromiso con el gasto militar y Unidas Podemos se desmarcó del mismo en cuestión de horas.

El Gobierno deja la puerta abierta a mantener las medidas del plan anticrisis más allá de finales de año

No es el único conflicto con el que empieza el último curso antes de que dé inicio el período electoral del año que viene. 2023 será un año marcado por las elecciones municipales, autonómicas (en varias regiones) y generales.

Además de las desavenencias entre los socios de Gobierno, Pedro Sánchez tendrá que vérselas con un líder de la oposición que por primera vez solo podrá debatir con él en el Senado, ya que Alberto Núñez Feijóo no tiene la condición de diputado del Congreso. El PP instó hace unos días al propio Sánchez a mantener ese cara a cara.

Puesta de largo de Feijóo

El Gobierno guardó silencio entonces, pero varios días después, cuando las demandas de los populares ya se habían casi olvidado, el presidente del Gobierno presentó una solicitud para comparecer ante la Cámara Alta. Es cuestión de días de que Núñez Feijóoy el propio Sánchez se vean las caras por primera vez en un debate parlamentario.

Lo harán tras un verano que ha estado marcado por la sombra de Pablo Casado, el expresidente popular que abandonó la política a principios de 2022 tras una crisis interna con la baronesa popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Después de que en período estival se conociera que el PP firmó un compromiso para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a Feijóo y su cúpula no le quedó otra que reprochar públicamente esa envenenada herencia de la anterior ejecutiva. Todo, mientras el inmovilismo en el máximo órgano de gobierno de los jueces continúa congelado desde hace ya 4 años.

Los enfrentamientos con el principal grupo de la oposición no se han circunscrito únicamente a lo que sucede con el CGPJ. Los movimientos de la Comisión Europea, que avanzaron a principios de agosto medidas de ahorro energético que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, rechazó, han desembocado en un real decreto que ha marcado la agenda durante todo agosto.

Se trata del controvertido decreto por el cual el Gobierno anunció límites a la temperatura del aire acondicionado en establecimientos comerciales y oficinas, entre otras medidas. Los populares reaccionaron de manera dispar al mismo. La Junta de Andalucía, por ejemplo, asumió hace unas semanas que cumplirían con el mismo, y no presentarían recurso al Tribunal Constitucional.

La respuesta de la propia Ayuso, por otro lado, resultó mucho más firme y ha generado fricciones también entre las filas de Génova. Tanto, que Moncloa llegó a sopesar convertir dicho decreto en un proyecto de ley para tratar de aprobarlo en Cámara, sin necesidad de someterlo a la convalidación de las Cortes. Habría ralentizado su aprobación. 

Finalmente, el decreto sirvió para recuperar la mayoría de la investidura que tuvo lugar en enero de 2020.

Acelerón legislativo

Precisamente intensidad legislativa es la que espera propiciar el Ejecutivo de coalición en este nuevo curso político. Tras el regreso de vacaciones el Gobierno ha celebrado dos reuniones del Consejo de Ministros. El primero estuvo marcado por la declaración de zonas catastróficas por los incendios forestales del verano.

El segundo, que tuvo lugar la semana pasada, supuso la tramitación (con petición de urgente) al Congreso de nuevos proyectos de ley, como el del aborto. Solo en lo que queda de 2022 el Gobierno podría ver prosperar 9 leyes que siguen de momento en el cajón de las Cortes. Entre ellas, algunas muy demandadas, como la ley de startups.

El BCE da una de cal y otra de arena: Europa podría entrar en recesión, pero no será una crisis como la de 2008

Mientras el Gobierno pisa el acelerador, también se prepara para medidas como volver a subir el salario mínimo interprofesional. Ya se ha encontrado tensiones con los agentes sociales, especialmente con la patronal. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, adujo hace apenas unos días que los sindicatos tendrían razón de acabar saliendo a la calle.

La CEOE respondió pidiendo "responsabilidad" al Gobierno, con una propuesta por la que sería la administración la encargada de compensar a los trabajadores más afectados por la inflación, que este mes permanece en cifras no vistas desde hace décadas, con un 10,4%. 

Todo sucede en un entorno de máxima volatilidad, con una delicada situación geopolítica ante la amenaza del corte de suministro del gas ruso. Alemania y España plantaban cara hace una semana a Francia ante su cerrazón frente a las demandas de continuar trabajando por la interconexión energética del continente. Von der Leyen acababa de anunciar una reforma de emergencia del mercado.

Los partidos se preparan para la batalla

El Viejo Continente se sume en esa incertidumbre y en las Cortes permanece la confrontación. Mientras, las diferentes formaciones políticas ya consultan sus brújulas. Sucede en todos los espectros del Hemiciclo. La marcha de Macarena Olona de Vox tras su fracaso en las elecciones andaluzas continúa retumbando en el partido de Santiago Abascal.

Olona anunció que se retiraba de la política por un problema de salud y reapareció a finales de agosto aduciendo que su "problema de tiroides" ya había sido superado y que haría el camino de Santiago, invitando incluso a aquellos afines que se animasen a hacerlo a su lado y no contasen con los recursos económicos. Olona abrió la puerta entonces a regresar a la política.

De esta manera, Olona podría convertirse en una suerte deYolanda Díaz de la extrema derecha, haciendo analogía con el proceso que la ministra de Trabajo ha iniciado para trascender a diversas siglas políticas creando una nueva plataforma electoral que de momento se conoce como el nombre de Sumar, y que fue presentada a comienzos del verano.

Sumar seguirá dando pasos hacia su concreción durante las próximas semanas. De la misma manera lo hará Ciudadanos. El partido naranja que lidera Inés Arrimadas está a punto de abordar un difícil proceso de refundación. Un proceso que inicia con dificultades, cuando una treintena de cargos han pedido un congreso extraordinario y la dimisión de la propia Arrimadas.