Claves de la nueva Ley de Vivienda y cómo puede beneficiarte: ayudas para los jóvenes, límites en el precio y ventajas fiscales

El Gobierno aprueba este martes el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Se espera que las medidas entren en vigor antes de que termine el año, una vez reciban el visto bueno en el Congreso.

Se trata de la primera ley de este calado en España y su objetivo es reducir los precios para así facilitar el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes.

Le Ley de Vivienda sale a la luz después de 8 meses de negociaciones en el Gobierno y de algunos desacuerdos, sobre todo en lo que se refiere a la regulación de precios del alquiler.

Finalmente, Unidas Podemos y PSOE han alcanzado un acuerdo con el que se pondrán en marcha diferentes medidas como los bonos para jóvenes, las bonificaciones fiscales a pequeños propietarios o los límites de precios.

A continuación, se detallan todas las claves que debes saber sobre la Ley por el Derecho a la Vivienda y cómo puede beneficiarte en cada caso. 

Ayudas para jóvenes

Una de las mayores problemáticas de la vivienda en España es el difícil acceso de los jóvenes. Aquellos que cobran el SMI deben destinar el 90% de sus ingresos al pago del alquiler.

Debido a ello, la nueva Ley de Vivienda contará con un bono para ayudar a los jóvenes a hacer frente al pago del alquiler.

La ayuda está destinada para personas de entre 18 y 35 años que tengan rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. La dotación del bono es de 250 euros mensuales durante 2 años.

Esta ayuda al alquiler joven contará con una dotación presupuestaria de 200 millones de euros. Entre un 6% y 8% de los jóvenes que viven de alquiler en España se podrán beneficiar de la misma.

En principio, el bono de alquiler podrá solicitarse a partir de enero de 2022.

Límite de precios para grandes propietarios

Uno de los aspectos clave de esta ley es la limitación de precios a los grandes propietarios. Según el anteproyecto, estos propietarios son aquellos que disponen de más de 10 viviendas. 

La medida consiste en que estos grandes tenedores estarán obligados a adaptar el precio de los alquileres al índice de referencia de la zona.

Esto se aplicará sólo en lo que el anteproyecto denomina como zonas tensionadas, es decir, aquellas en las que se considera que los precios han aumentado más de lo razonable.

El documento señala que se deben cumplir 3 circunstancias para que una zona se considere tensionada:

• La carga media de los alquileres o hipotecas de la zona supera el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.
• Los precios de compra o alquiler han subido en 5 años más de 5 puntos por encima del IPC autonómico.

Además, el texto aclara que el esfuerzo financiero debe medirse con los ingresos netos, por lo que la referencia no será la renta bruta, sino el dinero que posee cada familia o posible beneficiario.

Por último, hay que aclarar que esta medida depende de las comunidades autónomas, por lo que el Gobierno no podrá establecer límites máximos de precios. 

Ventajas fiscales para pequeños propietarios

Los pequeños propietarios son aquellos que tienen menos de 10 viviendas en su poder. 

El objetivo de esta medida es incentivar a los propietarios a que bajen el precio de las viviendas que tienen en alquiler, de este modo, podrán acogerse a diferentes ventajas fiscales.

Si el arrendador de una zona tensionada opta por bajar el precio del contrato al menos en un 5%, disfrutará de una bonificación de hasta el 90% de las rentas que obtenga.

Además, la bonificación será del 70% para los pequeños propietarios que pongan por primera vez en alquiler una vivienda y se la concedan a un inquilino de entre 18 y 35 años.

Los propietarios que no tienen vivienda en zonas tensionadas podrán acceder a bonificaciones de hasta el 50% si bajan los precios.

Impuesto a la vivienda vacía

La Ley de Vivienda va a permitir que los ayuntamientos puedan establecer un recargo del IBI a la vivienda vacía. El aumento impositivo puede llegar al 150%.

El incremento mínimo para los pisos que no estén ocupados va a ser del 50%, siempre y cuando la vivienda lleve más de 2 años vacía sin motivo que lo justifique y el propietario posea 4 o más viviendas.

El recargo será del 100% cuando el piso lleve vacío 3 años, y se podrá elevar otro 50% si el propietario tiene 2 o más pisos en el mismo municipio.

Alquileres públicos

Desde que la ley entre en vigor, todas las promociones de obra nueva tendrán que disponer de una reserva del 30% de viviendas destinadas al parque público.

Además, la mitad de este porcentaje ha de ser destinado al alquiler social. Las administraciones tendrán que establecer mecanismos de compensación a los promotores.

El anteproyecto de ley expone que en España sólo existe un 1,6% de vivienda social, mientras que en países como Francia, Alemania, Dinamarca o Reino Unido hay un 15%.

Cambios en la normativa antidesahucios

El documento aprobado por el Gobierno pretende establecer un decreto antidesahucios que se encuentre a medio camino entre las medidas extraordinarias de la pandemia y la norma anterior.

De este modo, en los procedimientos penales que afecten a familias vulnerables, por ejemplo víctimas de violencia de género o personas dependientes, se dará traslado de la situación a los servicios sociales, aunque el anteproyecto no contempla un plazo concreto de suspensión.

En los procedimientos civiles el plazo de suspensión del desahucio será de 2 meses si el propietario de la vivienda es persona física y de 4 meses si se trata de una empresa.

Superado este plazo, el procedimiento continúa. En cualquier caso, se dará traslado a los servicios sociales para que ayuden a los afectados a encontrar una vivienda.