Primero la vivienda, ahora la sequía: el Gobierno saca la batuta y dirige el ritmo en los primeros compases de la campaña electoral

Las lecturas pueden ser múltiples. Que han llegado cuando tocaba. Que detrás hay una pensada estrategia política. O que no la hay. Que la acción de Gobierno no se puede detener por unas municipales y autonómicas. Que no vulnera la ley electoral. O que todo es oportunismo a las puertas de las elecciones.

Pero la conclusión es evidente. Con el incesante goteo de anuncios que ha lanzado el Gobierno de España en las últimas semanas, la campaña arranca con el debate público y el foco muy puestos encima de los problemas relacionados con la vivienda.

El reciente desbloqueo de la ley de la vivienda, que llevaba encallada en el legislativo desde hacía meses, ha permitido al Ejecutivo de Pedro Sánchez prometer decenas de miles de viviendas públicas, y a su ministra del ramo, Raquel Sánchez, avanzar en diversos foros un "cambio de paradigma" que la sitúe "como un bien básico, lo que nunca debió dejar de ser".

Sin embargo, la propia ministra reconocía en un evento organizado por el think tank Future Policy Lab que los recursos que se están inyectando permiten dotar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos "de los mimbres necesarios para que puedan hacer cestos". "Hemos pasado de una dotación presupuestaria de 475 millones con el PP a un presupuesto de 3.500 millones".

En síntesis, muchos de los preceptos que formula la nueva ley —todavía en el Senado— las deberán aplicar las autonomías y ayuntamientos que ahora celebran elecciones. Por eso el Gobierno redobló esfuerzos y la propia ministra Sánchez avanzó el pasado domingo, en un mítin preelectoral, una nueva medida: avales para la entrada de hipotecas con líneas de créditos ICO.

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Lo que podía ser simple acción política ha pasado a ser una contienda electoral. Primero Unidas Podemos cargó contra sus socios y denunció en sede parlamentaria que muchas medidas, lejos de ser estructurales, estaban ciñéndose al guion necesario a las puertas de unos comicios.

Pero el debate de la vivienda no solo se ha enquistado en la izquierda. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y candidato a la reelección en la capital por el PP, ha lanzado ya promesas electorales referidas a la vivienda: embellecimiento de fachadas y rehabilitación de edificios antiguos.

Con la vivienda, el Ejecutivo ha sacado la batuta y está logrando que los primeros —y principales— debates en campaña —que arrancó anoche— sean aquellos en los que los socialistas están más cómodos. Xavier Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la UOC, lo explicaba así a Business Insider España: "Muchos temas vienen derivados de las propuestas que se hacen desde el Gobierno".

Pero la vivienda no es el único frente en el que el Gobierno está haciendo sonar su canción.

La sequía entra en campaña y el Gobierno reacciona

El miércoles se anunció una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para este jueves. Apenas quedaron sorpresas: en cuestión de horas se supo que el Ejecutivo preparaba un real decreto con una batería de medidas para responder los efectos de la sequía: ayudas a agricultores, obras inmediatas y medidas para proteger a trabajadores frente a fenómenos como "las temperaturas extremas".

En realidad, la sequía ya estaba muy presente en la batalla política. A finales de abril, PP y Vox acusaron al Ministerio de Transición Ecológica de ostentar un récord en destrucción de presas. La respuesta de la ministra del departamento, Teresa Ribera, fue pedir que no se prometiese el agua de Doñana: la crítica situación del acuífero andaluz llegó incluso a Bruselas.

Fue precisamente en Andalucía, una de las pocas comunidades que no celebran elecciones autonómicas el día 28 de mayo, donde arrancó una de las mayores controversias entre Gobierno y oposición en lo que va de año. El Gobierno de la Junta que ostenta Juan Manuel Moreno Bonilla anunció una norma que amnistiaría varios regadíos ilegales del parque nacional.

Los socialistas trataron de responder con contundencia, y la crisis dio un temprano salto a Bruselas. El comisario europeo de Medio Ambiente enmendó la plana al Ejecutivo andaluz, lo que llevó al PP europeo a cargar contra el comisario. Eso provocó que al día siguiente el portavoz de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen defendiese al responsable de Medio Ambiente comunitario.

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Pero los problemas por la escasez de agua son críticos, y al margen de la sensibilísima situación de Doñana, también se hacen notar los efectos de la falta de precipitaciones en el resto del territorio nacional. La Moncloa era consciente de que la problemática estaba convirtiéndose en el caballo de batalla de la derecha, que buscaba erigirse en la voz de la ganadería.

Por eso, lo que se anunció este jueves en el Consejo de Ministros extraordinario fueron 10 medidas distribuidas en 4 bloques, entre las que destacan las ayudas directas al sector primario con el seguro agrario, 276 millones de euros destinados al Fondo de Ayudas para la Agricultura o aplazamientos de las cuotas de la Seguridad Social para agricultores en problemas.

De este modo, el Gobierno centra ahora el foco en la sequía que alerta y preocupa a agricultores y ganaderos en un contexto en el que el sector primario tiene un gran peso en las elecciones autonómicas y locales del próximo 28 de mayo. 

No en balde, un diputado popular censuró en el Congreso mediante una interpelación urgente el anuncio de este Consejo de Ministros. "Mañana por la noche vamos a pegar carteles y por la mañana han aprobado medidas contra la sequía. Han esperado al día en que empieza una campaña electoral".

La protección de los trabajadores en olas de calor, de puntillas por la rueda de prensa

Una medida que se conoció este miércoles y que sobresalió por encima de lo anunciado formalmente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este jueves está vinculada al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Sin embargo, a la convocatoria con los medios, además de Ribera, acudieron la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y el ministro de Agricultura, Luis Planas.

La medida en concreto es la suspensión o limitación de las jornadas laborales de personas que ejerzan su oficio cuando este, por su naturaleza, obliga a estar a la intemperie. Falta por conocer el texto literal que aparecerá en el real decreto que publicará el Boletín Oficial del Estado esta mañana, pero en principio la medida anunciada no se circunscribe únicamente a olas de calor.

En julio del año pasado trascendió la muerte de un barrendero de Madrid capital fruto de un golpe de calor. El real decreto —que también incluye medidas relacionadas con el abaratamiento del transporte— trata de dar respuesta a episodios como aquel. Si bien esta medida, aun así, apenas mereció unas palabras por parte del ministro Planas en rueda de prensa.

Contrastó con la intensidad con la que la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reivindicó la medida a través de redes sociales. La disposición del real decreto se enmarca en el desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud 2023-2027 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Quien también ha reaccionado, todavía a las puertas del inicio de campaña, no es otro que el hijo del propio hombre que falleció mientras trabajaba. En declaraciones a El País, el joven de 21 años que perdió a su padre reconocía que la medida anunciada es "una muy buena noticia", "este verano también se prevén altas temperaturas en España".

"Pero desde entonces me pregunto: ¿por qué no se hizo antes?". "Todos sabemos el calor que hace en España. No se puede esperar a que haya una situación así para que cambien las cosas. Ojalá aprendamos de esto".