España consolida su apuesta por los PERTE: el 45% de los fondos de recuperación que movilizarán los Presupuestos irán a políticas de digitalización

Chip de un ordenador.
Chip de un ordenador.

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El 45% de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se movilizarán en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 estarán destinados a políticas de investigación, desarrollo, innovación y digitalización. Es decir, 7.655 millones de los 17.000 millones que España percibirá por el cuarto y quinto desembolso de la Comisión Europea.

Esto se explica por la financiación que percibirán algunos planes estratégicos (PERTE) que el Gobierno ha ido desplegando estos meses. Uno de ellos es el PERTE Chip, la iniciativa impulsada desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con la que se espera que el país recupere soberanía industrial y favorezca la producción de semiconductores en territorio nacional.

El propio libro amarillo de las cuentas públicas para el año que viene destaca que ese PERTE Chip percibirá en 2023 1.250 millones de euros. "Se configura como una iniciativa estratégica que pretende desarrollar las capacidades de diseño y producción de la industria microelectrónica y semiconductores de España".

Su propósito es generar "un importante efecto multiplicador no solo en los sectores tecnológicos, sino en el conjunto de la economía española".

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Hace escasas semanas, Roberto Sánchez, exsecretario de Estado de Telecomunicaciones —se jubiló hace apenas unos días—, desgranó, en declaraciones a Business Insider España, algunos de los principales desafíos de ese proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica (PERTE).

Entonces, Sánchez reivindicó que el PERTE tiene valor "no solo por traer una fábrica de ultimísima generación", sino por su capacidad de "impulsar un ecosistema que trabaje en el ámbito de los semiconductores en sus distintas etapas". Inicialmente presupuestado con 11.000 millones, el Gobierno amplió su financiación hasta 2027 en 1.250 millones que ahora se materializan.

"Esto va de tener capacidades en el ámbito de la I+D, pero también en el ámbito del desarrollo de pilotos y del diseño, o en el de la fabricación y en el de los clientes", advertía el entonces secretario de Estado, poniendo de ejemplo una fábrica de zapatos.

"Yo puedo levantar una fábrica de zapatos. Pero si nadie me da el diseño del zapato que quiere.... Puedo tener la fábrica, pero necesito la industria al lado. La fábrica corta y pone las suelas, pero necesito la industria que diseñe esos zapatos. Y que esa industria diseñe cada mes o cada semana un nuevo tipo de zapato. Con los semiconductores ocurre similar".

Esa es la cadena y el ecosistema que quiere cimentar este PERTE. "Pero además, necesitaremos de una industria que diga: quiero 10.000 zapatos de ese modelo. Si diseño un microprocesador y tengo la fábrica que lo puede hacer, necesitaré también los clientes. Puedo fabricar un millón de componentes diarios, pero, ¿tengo los clientes?", planteaba

Más PERTE y políticas digitales beneficiadas

De los más de 7.000 millones movilizados para políticas de I+D+i y digitalización se beneficiarán otros PERTE ya desplegados por el Ejecutivo, como por ejemplo el del vehículo eléctrico y conectado, el del sector agroalimentario, el del sector naval, el de la salud de vanguardia o el de descarbonización de la industria.

Esos últimos PERTE mencionados percibirán 1.368 millones de euros procedentes del citado mecanismo de recuperación. En el ámbito de la digitalización, también destina 256 millones para financiar la extansión de la banda ancha ultrarrápida y cobertura de movilidad de 30 Mbps. En síntesis, para desplegar el 5G y su ciberseguridad también junto a carreteras y vías férreas.

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Como la propia María Jesús Montero advirtió este jueves tras presentar los PGE en el Congreso —momento en el que inician su tramitación parlamentaria, para poder ser aprobados antes de que finalice el año—, en las cuentas se puede distinguir entre "presupuesto nacional", concepto que excluye la inversión real del Estado abstrayéndose del dinero procedente de fondos europeos.

Por eso, más allá de esos fondos europeos, el Gobierno sigue invirtiendo y apostando por su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, si bien no concreta demasiado cómo. "Está prevista una inversión de 87 millones de euros dirigidas al desarrollo de un conjunto de reformas para dar impulso a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial".

El objetivo es "vertebrar la acción de las distintas administraciones y proporcionar un marco de referencia e impulso para el sector público y privado" y "actuar en el ámbito de la I+D+i digital, la capacitación y talento a nivel nacional y de captación extranjero, el desarrollo de plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas o la integración de la IA en cadenas de valor".

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