Glovo, bajo la lupa: Inspección de Trabajo remite a Fiscalía un informe con cientos de supuestos casos de falsos autónomos

Más leña al fuego de las plataformas digitales y los falsos autónomos. Inspección de Trabajo ha remitido a la Fiscalía un informe con cientos de casos de supuestos falsos autónomos, según ha adelantado este miércoles El País.

"Según las actuaciones inspectoras, esta empresa podría vulnerar el Código Penal por no atender los requerimientos que se le han realizado para que reconozca como trabajadores por cuenta ajena a sus repartidores", explican fuentes del Ministerio a este mismo medio. 

Consultada por Business Insider España, Glovo dice desconocer por ahora estas investigaciones y asegura estar cumpliendo con la ley en cuestión de contrataciones.

Este movimiento supone la apertura de la vía penal, algo con lo que el Ejecutivo lleva amenazando desde que el Congreso aprobara en 2022 una modificación del Código Penal que castiga el uso de falsos autónomos con penas de prisión que van de los seis meses a los seis años. 

Hace tiempo, por otra parte, que Glovo está en el punto de mira de los inspectores. En enero de 2023, la empresa recibió una sanción de Inspección de Trabajo de 57 millones de euros por utilizar a 7.800 repartidores en Madrid como falsos autónomos.

Entonces, esta multa se sumó a otra de 80 millones de euros recibida en septiembre del año anterior en Barcelona y Valencia por esta misma razón. Desde la empresa subrayaron que la sanción en Madrid se correspondía con un período anterior a la entrada en vigor de la conocida como ley rider.

Dicha ley presume la relación laboral entre plataformas y repartidores. Glovo, tras la llegada de la nueva regulación, modificó su sistema de asignación de pedidos para eludir dicha laboralidad. Lo hace, eso sí, bajo un nuevo modelo laboral que las autoridades siguen investigando.

En total, Glovo acumula más de 250 millones de euros en multas de Inspección de Trabajo. La última de ellas, en Asturias, por mantener como falsos autónomos, según los inspectores, a casi medio centenar de trabajadores.

La cuestión ha tomado tal dimensión que ha afectado incluso a las arcas de Glovo. El pasado mes de enero, la Audiencia Nacional desestimó un recurso en el que la Tesorería General de la Seguridad Social que exigía el pago de 64 millones de euros en concepto de aportaciones a la Seguridad Social.

La Audiencia Nacional defendió entonces su decisión aduciendo el peligro financiero que corría Glovo, que arrastra desde hace tiempo importantes pérdidas. Las previsiones de la propia empresa para el ejercicio de 2023 son de pérdidas de más de 200 millones de euros, tal y como informó entonces Cinco Días. 

Sumados los últimos tres ejercicios, las pérdidas de Glovo se elevan por encima de los 1.000 millones de euros. 

"Como trabajador y como sindicato, entendemos y apoyamos la demanda penal del Ministerio de Trabajo y la Fiscalía frente a la posición recalcitrante de fraude contra los trabajadores y de competencia desleal contra sus competidores, de Glovo y de tantas otras plataformas digitales que esconden explotación bajo discursos de tecnología", ha comentado a Business Insider España Fernando García Pallás, rider, delegado sindical en Glovo y coordinador para Plataformas Digitales de UGT.

Y ha añadido: "Después de tantas condenas laborales, multas y atropellos contra los trabajadores, y pese a la posición crítica pero constructiva del sindicato, estas empresas mantienen su modelo ilegal, así que no dejan a los poderes públicos otra salida que iniciar actuaciones penales".