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Cómo van a cambiar los contratos de alquiler con la derogación del decreto de vivienda

El Congreso de los Diputados
Europa Press
  • El Congreso de los Diputados ha rechazado la nueva ley del alquiler que aprobó el Gobierno en diciembre al no conseguir apoyo ni de Unidos Podemos, PP o Ciudadanos. 
  • Esta norma formaban parte del acuerdo presupuestario entre PSOE y Unidos Podemos, pero desde la formación morada han rechazado apoyar la nueva ley porque no incluye la regulación de los precios del alquiler que se había acordado.
  • El decreto de medidas urgentes para el alquiler incluía medidas como la ampliación a 5 años de los contratos, la limitación de garantías, fianzas y avales que pueden solicitar los caseros a los inquilinos o la suspensión cautelar de desahucios por parte de Servicios Sociales.
  • Ahora, los contratos de alquiler que se firmen a partir de este martes volverán a estar regidos por la ley de vivienda de 2013, con contratos de 3 años más uno más de prórroga obligatoria y sin límites para las fianzas que piden los arrendadores.

El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la nueva ley del alquiler que aprobó el Gobierno en diciembre, dentro de un real decreto ley de medidas urgentes. El Ejecutivo no ha conseguido el apoyo parlamentario necesario para aprobar la iniciativa, para lo que necesitaba los votos de Unidos Podemos, PP o Ciudadanos.

Concretamente, el decreto ley ha sido rechazado con 103 votos a favor, los de PSOE, PNV, Compromís, PDeCAT y Coalición Canaria, y 241 en contra, por parte de PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y Bildu.

Unidos Podemos ha rechazado apoyar la nueva ley del alquiler dado que no cumple lo pactado con el PSOE dentro del acuerdo presupuestario entre ambas formaciones, especialmente la limitación de los precios del alquiler en zonas en las que se han registrado fuertes subidas, la definición de vivienda vacía o el preaviso de 6 meses para concluir un contrato de arrendamiento.

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Por su parte, el PP ha negado su respaldo a este decreto porque considera que no atajará el verdadero problema, que según la diputada popular Ana Zurita es "la escasez de oferta", y supondrá una subida de precios de alquiler. Ciudadanos, por su parte, ha rechazado respaldar al Gobierno ya que el partido naranja considera que la nueva ley no proporciona seguridad jurídica a los propietarios ni aborda la regulación de los alquileres turísticos.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha reclamado el apoyo de los partidos a las medidas urgentes porque ha asegurado que busca aumentar la oferta de vivienda en alquiler, mejorar la seguridad del inquilino y el arrendador y adaptarse a las necesidades sociales. Coalición Canaria, Compromís, PDeCAT, PNV han puntualizado que apoyan la medida, pero han reclamado que se tramite como proyecto de ley para poder incluir enmiendas.

¿Qué pasará ahora con el alquiler?

La ley de alquiler que ha rechazado este martes el Congreso incluía como novedades ampliar de 3 a 5 años el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, establecer un límite máximo de fianza que puede solicitar el casero en 2 mensualidades, la posibilidad de que las comunidades de vecinos podrán limitar o poner cuotas o recargos en gastos comunes a los pisos de alquiler turístico, entre otras. Todas estas medidas no llegarán a aplicarse, por el momento.

Para aprobar la normativa, el Gobierno había tenido que reformar otras cinco normativas. Se trata de las leyes de Propiedad Horizontal, Enjuiciamiento Civil, Haciendas Locales, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y, especialmente, la de Arrendamientos Urbanos, que había sido aprobada en 1994 y modificada por última vez en 2005.

Tras la votación del Congreso, los contratos de alquiler firmados entre el 19 de diciembre, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la ley de alquiler que se acaba de derogar, y el 22 de enero, se mantendrán en las condiciones que incluía el decreto del Gobierno.

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Sin embargo, los contratos que se firmen a partir de ahora volverán a regirse por la ley de arrendamientos urbanos que aprobó el PP en 2013, que implica una duración máxima de 3 años y otro año de prórroga obligatoria. Por otra parte, el inquilino deberá de volver a correr con los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato y de IBI en el alquiler social de vivienda por parte de Administraciones o entes públicos.

Además, ya no existirán límites a las fianzas, avales y garantías que los caseros piden a sus inquilinos, las comunidades de vecinos no podrán decidir sobre los pisos de alquiler turístico y se derogan la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que Servicios Sociales pueda frenar temporalmente un desahucio y la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente.

Por otra parte, este pasado lunes varios medios de comunicación publicaron que el Ministerio de Fomento ha solicitado al Instituto Nacional de Estadística que cree una estadística pública sobre los precios de alquiler de vivienda. Con estos datos, el Gobierno busca controlar la evolución de los precios y la oferta y prevenir subidas desmedidas y posibles burbujas.

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