Nuevos enemigos a las suscripciones en Facebook e Instagram: las asociaciones de consumidores europeas dan un paso al frente

Las suscripciones de pago que Meta ha introducido para quien quiera usar Facebook o Instagram sin ver publicidad tienen nuevos enemigos. El propósito real de la gran tecnológica es argumentar ante las autoridades que quien no paga acepta la cesión directa de sus datos personales con fines publicitarios.

Eso ya no convencía a las autoridades de protección de datos de países como Estonia o Noruega, y a estos organismos se han sumado esta semana Noyb, una plataforma de activistas en defensa de la privacidad, y la BEUC, la coordinadora de organizaciones de consumidores en el continente.

Noyb ha interpuesto una denuncia por los cauces que establece el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ante la autoridad de protección de datos austriaca. Por su parte, BEUC ha anunciado que estas suscripciones de pago son injustas y no garantizan la privacidad de los usuarios y esperan respuestas de la multinacional antes de ejercer potenciales medidas legales.

Las nuevas suscripciones de pago para usar Facebook o Instagram sin publicidad han sido el último intento de Meta, la compañía propietaria de ambas plataformas, por cumplir con el RGPD.

Tras un dilatado proceso administrativo, la agencia de protección de datos irlandesa —el país en el que Meta tiene su matriz europea— resolvió a principios de 2023 que la multinacional tecnológica no estaba cumpliendo bien la norma comunitaria. Meses después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció en la misma línea un proceso judicial paralelo.

El RGPD prevé que las empresas que recopilan datos de usuarios lo hagan mediante diversas fórmulas: o bien por contrato con sus usuarios, o bien por interés legítimo —por ejemplo, un servicio que sin los datos de sus usuarios no puede funcionar— o bien por consentimiento explícito —los usuarios dan expresamente permiso para que se extraiga y trate su información personal—.

Las autoridades europeas ya están investigando el "chantaje" de Meta: pagar una suscripción para que no use tus datos con fines publicitarios

Cuando el RGPD entró en vigor en mayo de 2018, Meta modificó sus políticas de privacidad e intentó justificar que había una relación contractual con sus usuarios: recibían publicidad personalizada a cambio de ceder sus datos para tal fin. Tras los peros de principios de año, intentó optar por la vía del interés legítimo: recopilan tus datos para que las plataformas sencillamente funcionen.

Cinco años después queda claro que sin la publicidad personalizada Facebook o Instagram funcionan igual y por lo tanto no se puede obligar a los usuarios a asumir esa cesión de datos personales para fines publicitarios. 

Ante los problemas de Meta para cumplir con el RGPD, el Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB, el organismo europeo que aglutina a todas las agencias nacionales, como la Agencia Española de Protección de Datos, la CNIL francesa, la Garante italiana...) anunció la prohibición de la publicidad personalizada en Facebook o Instagram.

Para evitarlo, Meta anunció de forma sorpresiva estas suscripciones, amparándose en la sentencia del TJUE que se conoció este verano. De las miles de palabras que contenía aquel fallo judicial, había seis que permitían a la multinacional tecnológica entender que el consentimiento de los usuarios para tratar sus datos se puede recabar ofreciéndole una alternativa: que pague.

Sin embargo, este es un nuevo debate sobre el RGPD, ya que el pagar puede hacer que el consentimiento no sea libre, tal y como establece la propia legislación europea que debe ser.

Una potencial multa de más de 4.000 millones

Actualmente, el récord registrado en multas por incumplir la ley de privacidad europea está en 1.200 millones de euros. La sanción fue a parar precisamente a Meta, que ya lamentó que la multa llegase en un momento en el que internet se está "fracturando" por la presión de regímenes "autoritarios".

Con la introducción de estas suscripciones, Meta lo que consigue es tiempo, como apunta TechCrunch. Tiempo para estar otros tantos años disputando legalmente su postura con las instituciones de la privacidad en el Viejo Continente. Pero que las asociaciones de consumidores hayan dado un paso al frente puede complicarle todo a la compañía.

Fundamentalmente porque las asociaciones de consumidores podrían recurrir a la figura de las demandas colectivas que en Estados Unidos son muy habituales, pero en la legislación europea todavía se están transponiendo a los Estados miembros una directiva de 2020 que las fomentaría. En España, por ejemplo, está pendiente de transponer.

Meta recopiló datos sin cumplir el RGPD pero no ves ninguna demanda colectiva: cómo una directiva que España tiene pendiente agilizará ese camino

Indistintamente de eso, y habida cuenta que el EDBP ya prohibe desde noviembre el uso de datos personales con fines publicitarios en sus plataformas —algo que ahora está en el aire, tras el último cambio de Facebook e Instagram con sus suscripciones—, el papel de las autoridades de protección de datos podría llegar a ser la interposición de otra multa histórica.

La autoridad de protección de datos austríaca, a donde Noyb ha elevado esta vez el caso, tiene la potestad —como el resto de autoridades nacionales de protección de datos— de interponer una multa de hasta el 4% de la facturación mundial y anual de la multinacional. Eso supondría una sanción de más de 4.000 millones de euros, sentando un nuevo precedente en la industria.

Por lo pronto las asociaciones de consumidores europeas ya han mostrado su malestar. Ursula Pachl, directora general de la BEUC, ha sido tajante: "La elección que el gigante tecnológico ofrece ahora a los consumidores es injusta e ilegal, los millones de usuarios europeos de Facebook e Instagram se merecen algo mucho mejor".

"Meta está incumpliendo la ley de los consumidores europea usando prácticas injustas y agresivas, como bloquear parcialmente a los usuarios de acceder a sus servicios exigiéndoles una decisión rápida, y ofreciendo información sesgada e incompleta del proceso. Las autoridades de protección a los consumidores europeas deben actuar ya y detener estas prácticas".