Meta recopiló datos sin cumplir el RGPD pero no ves ninguna demanda colectiva: cómo una directiva que España tiene pendiente agilizará ese camino

A principios de año la Comisión de Protección de Datos irlandesa (DPC) y el Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB) concluyeron que Meta había estado recopilando los datos personales de sus usuarios en Europa sin emplear la base de legitimidad que le correspondería según prevé el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Ya a mediados de año trascendió una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que enfatizaba lo propio. Y finalmente a principios de noviembre el EDPB anunció la prohibición definitiva de la publicidad personalizada en las plataformas de Meta, Facebook e Instagram, hasta que no corrigiesen ese incumplimiento.

Por esta razón Meta anunció de forma sorpresiva a finales de octubre lo que se venía rumoreando desde hace unas semanas: suscripciones para que los usuarios que así lo deseen puedan acceder a las redes sociales de esta compañía pagando 10 euros al mes —y otros seis más por cada cuenta añadida— sin ver publicidad.

De esta forma Meta defiende que pide el consentimiento explícito a sus usuarios. Si no están dispuestos a pagar mínimo 10 euros al mes, la multinacional tecnológica sobreentiende que es porque los usuarios aceptan que los datos personales que comparten y generan en sus redes se empleen para servirle anuncios personalizados.

Las autoridades europeas ya están investigando el "chantaje" de Meta: pagar una suscripción para que no use tus datos con fines publicitarios

Esto, por supuesto, es algo que está todavía en discusión. La autoridad de protección de datos noruega lo está investigando, y la de estonia ya ha dicho que no tiene nada claro que esta sea la solución. Pero, sin tener que entrar en ese meollo, hay un hecho irrefutable: Meta extrajo los datos personales de sus usuarios sin cumplir adecuadamente el RGPD.

Y hay otro hecho irrefutable: Meta, al ponerle un precio a las suscripciones para usuarios que no quieran ceder su información, está haciendo una aproximación del coste que tiene esos datos. Tus datos.

Sin embargo, a pesar de que todo parece relativamente evidente, han pasado las semanas y todavía no se ha anunciado ninguna demanda colectiva a lo largo y ancho de la Unión Europea. Por supuesto, estas cosas requieren de tiempo. Las asociaciones de consumidores acaban de anunciar que sopesan embarcarse en esta batalla.

Pero hoy por hoy no hay muchas más novedades. Y hay aquí otra evidencia: en EEUU las demandas colectivas son mucho más habituales que en el Viejo Continente. ¿Por qué? ¿Y por qué todavía no se ha anunciado ninguna demanda colectiva contra la propietaria de Facebook e Instagram?

La directiva pendiente de transposición en España que agilizaría las demandas colectivas

En Europa y en España sí existen las demandas colectivas. Pero al otro lado del Atlántico están mucho más extendidas. Sin ir más lejos, en agosto de este año vencía el plazo en el que los más de 70 millones de estadounidenses que vieron su privacidad lesionada por el escándalo Cambridge Analytica podían apuntarse a una causa que superaría los 725 millones de dólares contra Meta.

Que en España este tipo de procedimientos existen lo demuestra la propia hemeroteca: la OCU denunció a Volkswagen por el dieselgate y consiguió una indemnización de 3.000 euros para cada uno de los miles de afectados que se adhirieron a la denuncia. Sin embargo, el fabricante recurrió y esas indemnizaciones ahora están en el aire.

La propia OCU, Organización de Consumidores, inició una demanda colectiva contra Facebook en octubre de 2018, apenas unos meses después de que entrase en vigor el RGPD. Años después se cerró la demanda con un acuerdo que no convenció a otra asociación de consumidores española, Facua, ni al Ministerio de Consumo, que hace semanas se interesó por el caso.

Pero el mayor desafío al que se enfrentan las demandas colectivas en Europa es el de poder hacerlas en varios Estados miembros. Por esa razón la Comisión presentó una directiva en 2020, la 1828, que tenía que estar transpuesta —adaptada a la legislación de cada país— para antes de que terminara 2022. Es noviembre de 2023 y España todavía no lo ha hecho.

Este verano la Comisión lanzó una advertencia a varios países, Estonia, Irlanda, Chipre, Letonia y Luxemburgo para que emprendiesen las acciones necesarias para adaptar esa directiva. Se bautizó como la directiva de la representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y en España llegó a tener un anteproyecto de ley.

Resulta que Threads, la última red social de Meta, sí que sirve para seguir las noticias de última hora

Sin embargo, el adelanto electoral tras las elecciones municipales y regionales del 28 de mayo disolvió Cortes Generales. El anteproyecto no llegó a salir de los cajones del Consejo de Ministros y no llegó a entrar en Cortes, pero sigue a la espera de que prospere, lo que podría suceder en las próximas semanas.

Era el anteproyecto de ley de protección colectiva de los consumidores, que en su articulado recogía varias medidas contempladas ya en la directiva como la agilización de este tipo de trámites y la posibilidad de que se pueda cursar en varios Estados miembros. La propuesta real de la directiva es armonizar la legislación sobre demandas colectivas en todo el continente.

Esta directiva abrirá la puerta a que este tipo de procedimientos se desarrollen con mucha más agilidad. 

En Países Bajos ya disfrutan de una reforma en su legislación que habilita a las asociaciones de consumidores a interponer estas demandas en condición de ser organizaciones representativas del sector, como sucede con los sindicatos mayoritarios a la hora de negociar con el resto de agentes sociales.

Prueba de ellos son las demandas en ese país que en los últimos años han llegado a pedir 6.000 millones de euros a TikTok en indemnizaciones, se han formulado contra Twitter por la venta de una empresa o se han preparado contra Google por "violar la privacidad".

Por qué el precio de las suscripciones abre camino a una de esas demandas

Aunque todavía no hay ninguna asociación de consumidores ni en España ni en el resto de la Unión Europea que haya anunciado nuevas acciones legales contra Meta, lo cierto es que han dado sus primeros pasos para ello.

El abogado especialista en protección de datos Jorge García Herrero explicaba hace días a este medio que uno de los principales desafíos al tratar de preparar una demanda colectiva contra Facebook, por ejemplo, era cuantificar y evaluar el valor de los datos personales que se han extraído irregularmente.

Cuando Meta anunció estas nuevas suscripciones, el propio García Herrero lo contaba así en su blog: "Zuckerberg acaba e liquidar, él solito, la cuantía mínima a desembolsar en concepto de indemnización por todos los años que ha estado infringiendo los derechos fundamentales de sus usuarios".

Porque al estudiar una causa contra Meta un demandante no podía saber en cuánto se valoraban los datos extraídos de sus usuarios. Se podían hacer orientaciones muy fácilmente rebatibles revisando las cuentas de resultados de la multinacional. Pero una vez que ha sido la propia Meta la que ha tasado en 10 euros al mes esos datos...

Es plausible que no haga falta esperar a que se orqueste una demanda colectiva, dado que a fin de cuentas ya están tomando cartas en el asunto algunas agencias nacionales de protección de datos en la Unión Europea. Sin embargo, como recogía García Herrero también en su web, "que Meta pida dinero a sus usuarios es lisa y llanamente un ultraje".

"¿Por qué? Porque Meta debe una indemnización a todos sus usuarios que utilizaran el servicio antes de enero de 2023. Las autoridades han declarado que el tratamiento de sus datos fue ilegal. Y por tanto, que sus derechos fundamentales han sido infringidos", destacaba.

Que la compañía se plantee, por su parte, compensar directamente a los usuarios también serviría para esquivar una eventual demanda colectiva. "Una propuesta de reparación equitativa y obvia por parte de Meta sería ofrecer la versión premium a todos los usuarios cuyos derechos ha vulnerado, y durante el mismo tiempo", apostillaba en su artículo el letrado. 

"Esta versión tendría que ser libre de publicidad y ojo, también de espionaje. ¿Sería la quiebra de Facebook e Instagram? No digo que no. ¿Sería justo? Sin duda", concluía.