Derogación de la reforma laboral: qué medidas estudia cambiar el Gobierno

Pablo Iglesias y Yolanda Díaz.
Pablo Iglesias y Yolanda Díaz.
Ministerio de Trabajo
  • Una de las propuestas más anunciadas por PSOE y Unidas Podemos en los últimos ciclos electorales ha sido la derogación total o parcial de la reforma laboral impulsada por el Gobierno del PP en 2012.
  • Hasta ahora no se han producido grandes cambios en este sentido, aunque es de esperar que algunos apartados de esta reforma sean modificados o eliminados a lo largo de la legislatura.
  • Un aspecto que ya se ha eliminado es el despido por absentismo, y ahora se prenteden poner en marcha más cambios, como el de priorizar los convenios de ámbito superior a la empresa sobre los que aplican estas últimas o poner límites a la subcontratación.
  • A continuación, se detallan los cambios que pretende implantar el Gobierno en la reforma laboral de 2012.
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Una de las propuestas más anunciadas por PSOE y Unidas Podemos en sus últimos programas electorales ha sido la derogación total o parcial de la reforma laboral.

Hasta ahora, el Gobierno de coalición ha eliminado algunos de los aspectos que consideran más lesivos para los trabajadores, como el despido por baja médica justificada o el despido objetivo por absentismo laboral.

Sin embargo, todavía está por ver qué otros puntos terminan derogando, ya que finalmente la reforma laboral no va a ser eliminada en su totalidad, tal y como afirmó la portavoz socialista Adriana Lastra en unas recientes declaraciones.

Aun se están debatiendo las medidas que se van a poner en marcha para modificar la reforma laboral.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha asegurado que todos los cambios se negociarán con la patronal y los sindicatos. Aunque todavía faltan por conocer numerosos detalles, ya es posible esbozar algunas de las ideas que maneja el Gobierno.

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A continuación, se detallan las leyes de la reforma laboral de 2012 que pueden ser derogadas durante la presente legislatura.

Los convenios sectoriales prevalecerán sobre los de empresas

El Ejecutivo de Mariano Rajoy permitió en la reforma laboral de 2012 que los convenios de empresa prevaleciesen sobre los convenios sectoriales. Esta medida fue criticada por los sindicatos y los partidos de izquierda porque podía provocar que los trabajadores recibiesen sueldos más bajos.

El Gobierno de coalición ya ha mostrado su compromiso para que los convenios de ámbitos superiores a la empresa tengan prioridad sobre los de estas últimas.

El objetivo es terminar con las devaluaciones salariales y la pérdida de derechos laborales que pueden presentar los convenios de empresa frente a los convenios sectoriales.

También se quiere recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos. De este modo, se pueden prorrogar de forma automática hasta que se apruebe uno nuevo.

Acabar con los descuelgues

Otro de los objetivos del Gobierno de coalición es poner fin a los descuelgues salariales. Se trata de una medida presente desde la reforma laboral de 2010, aunque potenciada en 2012, que permite a las empresas desentenderse del convenio colectivo para reducir salarios, aumentar la jornada o retirar pluses.

Para ello, la empresa tiene que demostrar causas justificadas de tipo económico, organizativo o técnico. Por ejemplo, que durante 2 trimestre consecutivos sufran pérdidas de ingresos o de ventas.

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Para lograr esto, el Ejecutivo tendría que modificar el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Recuperar la autorización administrativa para los despidos colectivos

La reforma laboral de 2012 permite que las empresas puedan poner en marcha un despido colectivo o ERE sin obtener previamente una autorización administrativa, como era obligatorio antes.

De este modo, cuando terminan los 30 días del plazo de consultas con los representantes de los trabajadores, la empresa puede poner en marcha las medidas que estime necesarias para reestructurar la plantilla, aunque no se alcance un acuerdo con los empleados. Basta con una comunicación a la Autoridad Laboral para llevar a cabo el ERE.

Ahora el Gobierno quiere recuperar la autorización administrativa pertinente, el objetivo es que las causas que motivan un despido colectivo estén lo más justificadas posible.

Límites a la subcontratación

El ministerio de Trabajo quiere regular la subcontratación, una práctica que se facilitó en 2012 con el objetivo de reducir los altos índices de desempleo. Para ello, hay que modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.

Según explica Expansión, esta reforma podría obligar a la empresa principal a contratar a los empleados de la subcontrata, autónomos o colaboradores si es que trabajan en la misma actividad que dicha empresa.

Esto supone, por ejemplo, que los autónomos dependientes de una sola empresa podrían pasar a estar en nómina de esta misma empresa, en lugar de permanecer subcontratados. En este sentido, se ha hablado de crear una ley para que los riders de Deliveroo y Glovo dejen de ser falsos autónomos.

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Mejoras a los becarios

La figura del becario se reguló en 2011, antes de la reforma laboral, permitiendo que estos estudiantes en prácticas pudiesen cotizar hasta 2 años en el cálculo de la pensión.

Sin embargo, la reforma laboral de 2012 no introdujo nuevos aspectos o mejoras en esta figura, algo que el Gobierno de coalición pretende cambiar ahora con la creación del Estatuto del Becario.

El objetivo es que los becarios desarrollen su labor con una finalidad totalmente formativa, sin responder a otros intereses. También se pretende mejorar la retribución, limitar el encadenamiento de periodos de prácticas y establecer un porcentaje máximo de becarios por empresa.

Finalmente no se va a recuperar el despido de 45 días

Fue una de las medidas más criticadas de la reforma laboral de 2012. El despido se abarató, y en lugar de abonar una indemnización de 45 días por año trabajado, las empresas pasaron a pagar 33.

Unidas Podemos pretendía volver a aumentar la indemnización por despido, pero finalmente no se modificará este apartado de la reforma laboral, que seguirá marcando los 33 días de indemnización por año trabajado. La vicepresidenta económica Nadia Calviño se opuso a tocar este aspecto, tal y como detalló El Economista el pasado mes de noviembre.

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