La inflación lleva más de un año agujereando el bolsillo de los hogares españoles. Mientras que la vida se encarecía un 8,4% en 2022, los salarios pactados por convenio apenas aumentaron en un 2,7%. En otras palabras, en 2022 los trabajadores perdieron un 5,7% de su salario por la inflación (en términos reales).

El Gobierno ha ido tratando de amortiguar esta sangría de poder adquisitivo: en los últimos meses ha subido las pensiones con la inflación, anunciado descuentos para el transporte público, cheques para hogares vulnerables, topes de precios a la energía o el alquiler o rebajas de IVA a los alimentos. 

La última de estas medidas fue la aprobación esta semana de una subida del 8% al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 1.080 euros al mes en 14 pagas, que beneficiará a 2,5 millones de trabajadores. Pero en el mercado laboral español hay más de 20 millones de personas ocupadas, y una buena parte está muy lejos de percibir esa mejora salarial.

El Gobierno solo tiene potestad para legislar sobre la subida del salario mínimo. Pero considera que ahora mismo las empresas tienen margen para mejorar las condiciones salariales de sus empleados.

"Si atendemos a los datos sobre las ventas de las empresas y sobre sus márgenes de beneficios, que ya han recuperado el nivel que tenían antes de la pandemia, creo que hay margen para subidas de salarios que sean razonables", afirma el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, en una entrevista con Business Insider España.

Son las compañías las que, en diálogo social con los sindicatos, pueden negociar mejoras salariales para su plantilla, y aunque este año se espera un mayor porcentaje de subida resultante de los nuevos convenios colectivos, no parece que esto vaya a cerrar la brecha de pérdida de poder adquisitivo abierta por la inflación.

"Cuando los sindicatos negocian con las asociaciones empresariales siempre suelen surgir tasas de crecimiento razonables de los salarios, porque son las empresas las que los tienen que asumir", apunta García Andrés.

De la calle a la mesa de negociación: sectores y empresas que han acordado subidas salariales ante la inflación o las movilizaciones

 Sin embargo, hace meses que las diferencias entre sindicatos y empresas se han convertido en un escollo para la ganancia de poder adquisitivo de muchos trabajadores.

En los últimos días, la patronal de empresarios CEOE se negó a asistir a las últimas negociaciones sobre la subida del SMI, tras haber propuesto una subida del 4%, la mitad de la mejora finalmente acordada entre gobierno y sindicatos. Y también están encalladas las conversaciones sobre un pacto de rentas que reparta las cargas de la pérdida de poder adquisitivo.

"Estamos viendo convenios en los que hay subidas de salarios diferentes dependiendo de la actividad, de la productividad y del estado de los sectores, pero que permiten que suban los salarios por encima de lo que han subido", apunta el secretario de Estado, que pone como ejemplo la subida media de los nuevos convenios firmados, que ronda el 2,9%.

Pese a la fuerte subida de costes energéticos y de materias primas, los datos del gobierno reflejan que los márgenes de las grandes empresas y pymes societarias, como porcentaje de sus ventas, ya se sitúan en el cuarto trimestre de 2022 por encima de los niveles previos a la pandemia.

Por eso, el secretario de Estado de Economía defiende que "claramente hay margen para que puedan subir los salarios sin presionar a los costes y generar efectos adicionales". 

Gonzalo García, secretario de Estado de Economía: "La decisión sobre el salario mínimo es del Gobierno"

Es más, para el secretario de Estado de Economía, el pacto del SMI no debería plantearse como un elemento aislado, sino que debería ir acompañado de un gran pacto de rentas que contemple esas subidas:

"Para nosotros es importante mirar estas cuestiones en conjunto. Porque el salario mínimo es un elemento importante, pero afecta a un colectivo, mientras que los trabajadores afectados por la negociación colectiva son muchos más".

"Esto afecta al empleo, afecta a la productividad, a la inflación y por lo tanto es bueno tener este enfoque general. Pensamos que es muy importante tener ese marco de estabilidad, ese marco que permita avanzar en los salarios, y que también permita seguir con la creación de empleo y con el crecimiento. Creo que eso es fundamental", reflexiona.

Un pacto de rentas con el que repartir de forma justa las cargas de la inflación es la fórmula que llevan recomendando los economistas desde que estalló la crisis de precios, y que desde el Gobierno se ha tratado de impulsar durante meses. 

Este era el acuerdo al que se suponía que empresarios y agentes sociales iban a llegar en 2022. Pero la última reunión fue en julio del año pasado y, desde entonces, no han movido ficha.

"Creo que los agentes sociales han llegado a acuerdos mucho más complicados que un acuerdo de negociación colectiva que permita repartir un poco los costes del impacto de la guerra y, sobre todo, que permita unas condiciones que sean aceptables tanto para los trabajadores como para las empresas", defiende García Andrés.