¿Qué funcionarios pueden teletrabajar 3 días en semana? No todos los empleados públicos van a trabajar en remoto

El teletrabajo se ha convertido en la última revolución laboral a nivel global. Esta modalidad de empleo se popularizó durante la pandemia y promete seguir siendo una gran alternativa durante los próximos años.

Los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE), también se han beneficiado del trabajo en remoto, y a partir de ahora lo van a hacer con una implantación mayor.

El plan de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno tiene un punto clave en este sentido: que los funcionarios puedan teletrabajar 3 días en semana.

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De este modo, el Gobierno pretende que la administración pública ahorre energía en los edificios públicos, y además se favorece la conciliación de los funcionarios.

La medida seguirá vigente hasta el 30 de septiembre, aunque podría extenderse en el caso de que la inflación y el coste de la electricidad continúe en valores altos.

Sin embargo, no todos los funcionarios pueden acogerse a estos 3 días de trabajo a distancia semanales que ofrece la administración pública.

Algunos trabajadores, debido a las características de su labor, tendrán que seguir llevando a cabo sus tareas diarias de una manera presencial.

A continuación, se detalla qué empleados públicos no podrán teletrabajar 3 días a la semana, tal y como ha aprobado el Gobierno.

¿Qué funcionarios no pueden teletrabajar?

 Los empleados públicos que quedan excluidos del teletrabajo son aquellos que desempeñan puestos que "conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales", tal y como explica la propia ley en el BOE.

En esta normativa se incluyen a los siguientes funcionarios:

• Personal de la Administración de Justicia.
• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• Funcionarios que no trabajan en la Administración General del Estado, por ejemplo, los de comunidades autónomas y ayuntamientos.

En cualquier caso, es necesario aclarar que las medidas de teletrabajo no son obligatorias: podrán acogerse a ellas los funcionarios que lo deseen, siempre y cuando su labor no se desempeñe necesariamente de forma presencial.

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Además, es obligatorio que el 40% de la jornada semanal se lleve a cabo presencialmente, una medida que han de cumplir todos los empleados públicos.

Otras de las medidas aprobadas para el ahorro de energía son el despliegue de las instalaciones de autoconsumo, el uso racional de las instalaciones eléctricas o la puesta en marcha de programas de formación sobre el ahorro energético en edificios públicos.