Google respira: la norma europea que regulará los contenidos de las tecnológicas no exigirá a los buscadores responsabilidades absolutas al desindexar piratería

La Ley de Servicios Digitales es un reglamento europeo que prevé regular sobre los contenidos y prácticas sociales de las grandes tecnológicas en la Unión Europea. Su borrador lo presentó la Comisión Europea a finales de 2020, y el pasado fin de semana las principales instituciones europeas consensuaron en el último de los trílogos cómo será su texto definitivo.

Un texto definitivo que todavía se desconoce, pero que no incluirá obligaciones extraordinarias para los grandes motores de búsqueda, como el que posee Google o Bing (Microsoft). Los trílogos (reuniones entre las principales instituciones europeas) sobre esta norma llevan produciéndose desde que comenzó 2022, y poco antes del último se incorporó una propuesta sobre este asunto.

La propuesta la elevó un eurodiputado francés y portavoz de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ante los debates de este reglamento, Geoffroy Didier. La iniciativa de Didier era incluir en el texto la obligatoriedad de que los motores de búsqueda retirasen enlaces a contenidos ilegales en sus páginas de resultados.

El borrador que presentó la Comisión en diciembre ya planteaba qué tipo de responsabilidades tendrían las distintas plataformas frente a los contenidos ilegales (por ejemplo, piratas). Marcaba singularidades en función de si esos contenidos piratas estaban hospedados o simplemente enlazados, como es el caso de las páginas de resultados de motores de búsquedas.

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La propuesta de Didier es en realidad la propuesta de los lobbies antipiratería, los grandes titulares de derechos de autor y de propiedad intelectual. Pretendían eliminar esas especifidades para que la responsabilidad de la plataforma frente a los contenidos piratas se dirimiesen caso por caso en los juzgados, en caso de tener que recurrir a ellos.

Esa propuesta llegó también junto a otra que elevó el propio eurodiputado Geoffroy Didier: que si se detecta en una página contenido ilegal o pirata, el motor de búsqueda no desindexe solo ese contenido, sino toda la página web en su conjunto. Llevándolo al extremo, si alguien subiera a YouTube una película pirateada, Google tendría que retirar todos los enlaces a su propia plataforma.

Los riesgos para los grandes motores de búsqueda eran evidentes. De haber prosperado esta iniciativa, Google se las tendría que ver: ¿cómo puede Google saber si un contenido alojado en una determinada web se ha subido sin permiso o con permiso? El gigante del buscador no tiene ni relación ni conocimiento de muchas de las páginas que aloja.

La alternativa no es permitir que los contenidos ilegales continúen indexándose en los motores de búsqueda. La Ley de Servicios Digitales prevé que estas plataformas garanticen una mayor responsabilidad a la hora de abordar este problema. La propuesta, en un principio, iba a contar con la oposición de los países escandinavos, según Euractiv.

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Finalmente ha sido Patrick Breyer, del Partido Pirata alemán, el que ha explicado en redes sociales cómo esa propuesta no ha acabado prosperando. "Hubo un intento por parte del lobby del copyright, la Comisión Europea y los gobiernos europeos para obligar con la Ley de Servicios Digitales a que los motores de búsqueda desindexen los contenidos ilegales (ilegal en un estado miembro)".

"Lo hemos evitado".

"La responsabilidad de los motores de búsqueda seguirá sin regularse y se ceñirá a lo que dictamine la jurisprudencia. El capítulo de Aviso y Acción no se aplicará a los motores de búsqueda, pero se requerirá que Google realice auditorías y analice y mitigue riesgos sistémicos, así como que ofrezca acceso a los datos", continúa el eurodiputado.

Lo interesante de ese hilo no es únicamente la bala que esquivan los grandes motores de búsqueda (se personaliza en Google pero habría afectado a otras de sus muchas alternativas). Lo interesante es que Breyer cita articulados concretos de la futura Ley de Servicios Digitales, cuyo texto definitivo todavía se desconoce.

La aprobación formal entre el Consejo y el Parlamento Europeo todavía no ha sucedido. Lo que trascendió el pasado fin de semana, a altas horas de la madrugada del viernes al sábado, es el compromiso de acuerdo entre los colegisladores. Se espera que el texto definitivo pase por el Coreper (comité permanente de representantes de los estados miembros) antes de recibir luz verde.

Decepción entre los consumidores europeos

A expensas de conocer el texto definitivo de la Ley de Servicios Digitales y de la Ley de Mercados Digitales (los borradores de ambas normas se presentaron a la vez en 2020 y son la actual punta de lanza de la Unión Europea en materia de regulación tecnológica), ya se han registrado reacciones de distinto tipo.

Una de las más llamativas es la de Ursula Pachl, la directora general de la Organización Europea de Consumidores (BEUC, en sus siglas en inglés), que aúna a plataformas de toda la Unión como es el caso de la española Organización de Consumidores (OCU).

"La Ley de Servicios Digitales es una importante regulación que ayudará a garantizar una sociedad digital más justa", reconoce en un comunicado colgado por la propia plataforma. "Supone un progreso en la defensa de los consumidores, por ejemplo contra los patrones oscuros o el uso de datos sensibles de menores para campañas de publicidad personalizada".

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Pachl también felicita el acuerdo que exigirá a las tecnológicas que verifiquen que sus negocios son "legítimos" y lo suficientemente "transparentes" para con los propios consumidores. 

Pero también muestra su decepción por el hecho de que el futuro reglamento no llega todo lo lejos que consideran que debería llegar en materia de comercio electrónico. 

"Los legisladores han vuelto a fallar en la oportunidad de establecer obligaciones legales a los comercios electrónicos y a asegurarse de que los consumidores son protegidos y compensados" en casos concretos como los que se pueden dar en caso de que un cliente sufra algún tipo de daño por comprar, recibir o usar un producto en mal estado vendido a través de esos servicios.

Junto a la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales también logró el consenso de los colegisladores a finales del mes de marzo, y se está a la espera de conocer su texto definitivo una vez supere el escrutinio del Coreper. Ambas normas, conocidas por sus siglas en inglés como DSA y DMA, podrían entrar en vigor a finales de año o principios de 2022.