30 organizaciones exigen que la voz de los consumidores se tenga en cuenta en la futura regulación de Bruselas contra las tecnológicas

Unas 30 organizaciones europeas han demandado a las instituciones de Bruselas que los usuarios y consumidores finales tengan los "mecanismos" necesarios para garantizar que la Ley de Mercado Digital y la Ley de Servicios Digitales (DMA y DSA por sus siglas en inglés) "cambien" realmente la situación del sector tecnológico en el Viejo Continente.

Tanto la DSA como la DMA están todavía bajo discusión en Bruselas y se espera que ambas entren en vigor el año que viene. Pero mientras esto sucede, varias plataformas, entre ellas la BEUC, coordinadora de organizaciones de consumidores de distintos países, como el caso de la española OCU, han dado un paso al frente.

Un paso en el que reivindican la necesidad de que usuarios y consumidores finales "y no solo los negocios" cuenten con los "mecanismos" necesarios para poder iniciar procedimientos legales contra las grandes tecnológicas que quebranten la futura regulación europea.

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En una carta abierta que suscriben entidades como Access Now, European Digital Rights (EDRi), noyb, la Fundación Fronteras Electrónicas (EFF) o la propia BEUC, se incide en que "mientras el Parlamento Europeo y los Estados miembros ultiman el texto de la DMA", los firmantes piden "que den a los usuarios finales el papel, la salvaguarda y los mecanismos necesarios".

Todo "para garantizar que la DMA sea la ley que prometían y que cambiaría las reglas del juego". Además, reivindican el potencial que tiene la futura norma de convertirse en un nuevo estándar global, como ya ocurrió con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). "Que el marco normativo incorpore a estas partes podría ser una inspiración necesaria para jurisdicciones de todo el mundo".

La carta desgrana que hasta ahora el borrador conocido de esta Ley de Mercados Digitales contempla que los procedimientos legales solo los puedan iniciar las empresas clientas de estos gigantes empresariales. 

Pero las entidades que la firman insisten en que es esencial que "terceras partes interesadas", "incluidas en particular organizaciones de consumidores y otros representantes de la sociedad civil", tengan "derecho" a participar "en el diálogo regulador o en los procesos previstos por la nueva norma". "Su opinión experta será crucial para que las decisiones de la Comisión Europea se adapten a las necesidades de los usuarios finales, y por lo tanto, sean eficaces".

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La guerra de Bruselas contra las grandes tecnológicas viene de largo, y no es de extrañar encontrar a plataformas como noyb entre las firmantes. La organización la dirige el austríaco Max Schrems, que fue quien logró tumbar con la sentencia Schrems II del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el marco Privacy Shield que permitía las transferencias de datos de Europa a EEUU.

Fruto de ese marco jurídico roto, las agencias de protección de datos de distintos países están pronunciándose desde hace semanas sobre las transferencias que plataformas como Google o Facebook hacen a servidores estadounidenses. El TJUE tumbó ese acuerdo transatlántico al entender que las autoridades norteamericanas no dan las mismas garantías en materia de protección de datos que sí dan las autoridades comunitarias.

Entender ese proceso sirve para entender la reclamación que las 30 organizaciones hacen ahora. Hasta la fecha, las denuncias en materia de protección de datos se deben circunscribir a las autoridades nacionales competentes. La AEPD en España, la CNIL en Francia o la DPC en Irlanda. El problema es que el principio de ventanilla única de la RGPD (se acude ante la autoridad del país en el que resida la compañía) ha ocasionado una congestión, un grave cuello de botella.

Esto se debe a que la mayoría de multinacionales con presencia en el Viejo Continente asientan sus principales matrices en territorios en los que la fiscalidad es algo más laxa, como es el caso de Irlanda o Luxemburgo. La DPC irlandesa no logró resolver el 98% de las denuncias en protección de datos, si bien sí elevó una propuesta de sanción de más de 2 millones de euros contra WhatsApp el año pasado.

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Lo que persigue la DMA es agilizar las demandas frente a las grandes tecnológicas. Más allá de estas denuncias por posibles vulneraciones al RGPD, hasta ahora era la Comisión Europea la que proponía investigaciones y sanciones si concluían que alguna de estas multinacionales del sector tecnológico habían vulnerado los principios de libre competencia o abusado de su posición en el mercado.

Los problemas de la Comisión Europea al demostrar esto vienen de largo. Hace unos meses el TJUE falló que Irlanda no tendría que pagar 13.000 millones de euros en impuestos en Irlanda, lo que significó un duro revés para la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

Mejor suerte tuvo la propia Vestager el año pasado, cuando el TJUE falló esta vez a su favor: un servicio de Google de comparador de precios, Google Shopping, había perjudicado a sus competidores, y esta vez quedaba sellado en una sentencia judicial. Fue la primera vez que Vestager ganaba un órdago de este tipo, y varios expertos advirtieron entonces que la UE empezaba a contar con herramientas legales para combatir a las tecnológicas en base a esa jurisprudencia.

El resto de herramientas podrían llegar el año que viene, una vez se aprueben de forma definitiva tanto la DSA como la DMA. Mientras esto no suceda, los consumidores piden, con la carta que ha trascendido este martes, que su voz también se tenga en cuenta en esas futuras regulaciones.