El segundo 'sandbox' del Gobierno estará destinado a la movilidad, con preferencia para las pruebas de vehículos autónomos en las carreteras

El segundo sandbox del Gobierno estará dedicado a la movilidad. Esta estrategia de espacios controlados de pruebas en los cuales se reciben proyectos de empresas que están fuera del marco regulatorio actual, que ya se ha hecho con el sector fintech en el ámbito financiero, se hará próximamente en movilidad, según anunció el Ministerio de Transportes.

El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, presentado este martes en el Consejo de Ministros y que tiene que superar los trámites de audiencia e información pública para volver a ser aprobado por el Gobierno antes de ir a las Cortes, recoge la puesta en marcha de un "Espacio controlado de pruebas para proyectos piloto de movilidad", que recibirá proyectos empresariales de innovación en este ámbito.

Los vehículos autónomos tendrán preferencia sobre otras modalidades a la hora de hacer pruebas en el sandbox regulatorio, según el anteproyecto, que recoge la creación de una Oficina para la Facilitación de Pruebas de Vehículos Automatizados en Vías Públicas (OFVA), una "ventanilla única para los interesados en realizar pruebas con vehículos automatizados en vías públicas o de uso común".

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Para participar en este banco de pruebas, el proyecto debe referirse a al menos uno de estos 4 ámbitos: mejorar la integración entre los diferentes modos de transporte (administrativa, normativa o de valor añadido), dar un beneficio a los usuarios de estos servicios (calidad, disponibilidad, reducción de costes o seguridad), aumentar la eficacia y eficiencia de los operadores; o avanzar en aspectos ligados a la movilidad sostenible, inclusión social o reducción de emisiones.

El entorno de pruebas —del que ya se habló hace año y medio, respecto a los patinetes— está abierto a cualquier empresa de cualquier país, que tendrán que aportar una memoria y un borrador del protocolo. Según el anteproyecto, el Gobierno se compromete a responder en 3 meses a la solicitud y habrá una Comisión de Expertos por proyecto, que podría sugerir modificaciones. Una vez obtenido el consentimiento, las pruebas deberán comenzar en 6 meses.

Cuando se hayan realizado las pruebas, el promotor y las autoridades que lo supervisan redactarán una propuesta conjunta de regulación, que será remitida a la Comisión de Expertos, que será específica por proyecto e incluirá al menos "4 profesionales de reconocido prestigio especialistas en la materia", al menos un jurista y representantes del Estado, las comunidades autónomas o entidades locales.

Debate abierto sobre los peajes en autopistas y el interior de las ciudades

El anteproyecto no define un modelo concreto respecto a los peajes en las autopistas, uno de los puntos más controvertidos que afronta el Ministerio de Transportes, después de que se conociera la intención de imponer peajes en todas las autopistas estatales en 2024, como parte de las medidas anunciadas a la Unión Europea para recibir los fondos de recuperación tras la pandemia.

En la disposición adicional decimotercera del anteproyecto, se recoge que el Gobierno presentará "un estudio de alternativas que analizará las distintas opciones viables para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar, al menos parcialmente, los fondos necesarios para un adecuado mantenimiento de la Red de Carreteras el Estado".

En ese mismo artículo se abre la puerta a un sistema de peajes, ya que el Ministerio indica que "el mecanismo de financiación procurará basarse en un sistema de pago por uso de, al menos, las carreteras de altas prestaciones de la Red de Carreteras del Estado, que tenga en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial, y sostenibilidad ambiental".

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No obstante, la ministra Raquel Sánchez ha señalado que "el consenso de las administraciones y agentes del sector es una condición sine qua non para definir ese modelo".

El texto también abre la puerta a los peajes municipales para entrar en zonas de bajas emisionesdel centro de las ciudades, ya que considera la circulación por ellas como "un aprovechamiento especial del dominio público". 

"En consecuencia, este aprovechamiento especial podrá ser gravado por el Municipio mediante la aplicación de la correspondiente tasa municipal, sin perjuicio de las excepciones que pueda establecer el municipio en función de la propiedad del vehículo o su vinculación a ciertos servicios públicos", añade el texto, que aún tiene que pasar por audiencia y volver a ser aprobado en el Consejo de Ministros antes de ir al debate parlamentario.

Barcelona lleva tiempo trabajando en un modelo similar, aunque vinculado a las empresas de paquetería, ya que pretenden aprobar una tasa las plataformas de reparto logístico por el uso del espacio público para entregar paquetes. La medida, que se ha conocido como 'tasa Amazon', lleva desde 2019 dando vueltas, aunque el Ayuntamiento quiere aprobarla antes de este verano.