Las empresas de VTC piden que el Constitucional se pronuncie sobre el decreto que las obliga a salir de las ciudades en dos años

Coche con licencia VTC
Ricardo Rubio/Europa Press
  • Solo quedan dos años para que termine el periodo en que las empresas con autorizaciones VTC pueden utilizarlas en las ciudades españolas, como ha publicado este lunes La Información.
  • El 'Decreto Ábalos' recogió en 2018 que a partir de octubre de 2022 la inmensa mayoría de los coches que utilizan Uber y Cabify solo podrán llevar a cabo trayectos interurbanos, pero no dentro de las ciudades.
  • La ley buscaba dar "solución permanente y definitiva" a un "grave problema", apuntó entonces el ministro.
  • Ahora, las empresas de VTC han solicitado que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre una posible inconstitucionalidad del decreto relativa al periodo de indemnización que han recibido, que apuntan que está mal calculado.
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Solo quedan dos años para que termine el periodo en que las empresas con autorizaciones VTC pueden utilizarlas en las ciudades españolas, como determinó el 'Decreto Ábalos' y ha publicado este lunes La Información

A partir de octubre de 2022, la inmensa mayoría de los coches que utilizan Uber y Cabify solo podrán llevar a cabo trayectos interurbanos, pero no dentro de las ciudades, a menos que las autoridades locales o autonómicas lo regulen de otra manera.

Así lo determinó el Decreto Ley del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que buscaba dar "solución permanente y definitiva" a un "grave problema".

"Hasta ahora había un sector [el del taxi tradicional] muy regulado en cuanto a horario e itinerarios... lo que pretendemos ahora es que haya una igualación", apuntó Ábalos entonces. 

El decreto favorece al sector del taxi tradicional, un gremio históricamente muy regulado en España, que entendía que existía una falta de normativa  en cuanto a los vehículos VTC que estaba beneficiando a estos últimos, porque no jugaban bajo las mismas reglas que el resto de taxis.

Según la ley, se otorgaba a los dueños de estas autorizaciones un periodo de transición de 4 años a modo de indemnización, evitando compensar con dinero por "inutilizar" esos permisos en las ciudades —donde tiene lugar el 95% del negocio de estos coches—.

Contra él, las empresas de VTC han solicitado que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre una posible inconstitucionalidad, ya que creen que el plazo indemnizatorio determinado por el Ministerio es incorrecto.

Pero todos esos recursos llevan un año y medio presentados y aún no ha habido ningún pronunciamiento, indica el mismo medio.

Por ahora, las compañías esperan que haya un pronunciamiento antes de que termine la prórroga. Si no, plantean reclamar medidas cautelares a finales de 2022, e, igualmente, buscan pedir ampliar el plazo otros 4 años apuntando que la indemnización está mal calculadasegún ha declarado el portavoz de la patronal del sector Unauto, Eduardo Martín, en el citado artículo.

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Algunos informes jurídicos encargados por las empresas de VTC apuntan a que el decreto busca llevar a cabo una "expropiación forzosa" de licencias, según recogió en 2019 La Información.

Bajo la legislación actual, no debería poder operar más de un vehículo VTC por cada 30 taxis tradicionales, pero de 2009 a 2015 esa norma no estuvo vigente y por eso la ratio actual es de un vehículo VTC por cada 6 taxis, aunque en ciudades como Madrid es mayor, de un VTC por cada 3 taxis.

Las licencias para vehículos de transporte con conductor (VTC) se crearon en España para dar cobertura legal a, por ejemplo, coches para bodas, funerales o para el transporte de lujo, pero la llegada de compañías que las utilizan para dar un servicio muy parecido al del taxi hizo que el Ministerio —entonces, de Fomento— viese necesario su regulación, como la startup estadounidense Uber y la española Cabify.

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