La cesta de la compra para sobrevivir a la inflación durará más allá de Navidad: así es el acuerdo que el Gobierno quiere impulsar con los gigantes de la alimentación para congelar precios en el supermercado

Una cesta de la compra que congele el precio de frutas, hortalizas, lácteos, huevos, pescado y carne, al menos hasta después de Navidad. Así es el acuerdo que negocia el Gobierno con las empresas de distribución, y que afectará a los gigantes de la alimentación, no al pequeño comercio.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se han reunido hoy con las grandes distribuidoras de la alimentación y asociaciones de consumidores, con el objetivo de impulsar una cesta de la compra con la que sobrevivir a la inflación.

"Les hemos formulado una propuesta completamente legal, que consiste en facilitar una cesta de la compra básica, de calidad, compuesta por productos que garanticen una alimentación sana", ha resumido Díaz al término de la reunión.

Díaz ha añadido que la cesta "tiene que contener productos frescos: con fruta, hortalizas, huevos, lácteos, carne y pescado". También impulsarán otra cesta para celiacos.

Esta cesta de productos básicos con precios congelados se mantendría allá de las navidades, ha precisado Díaz: "Hemos tenido la vuelta al cole, ahora llegan las navidades... son momentos complicados para las familias".

El objetivo es mitigar el impacto que está teniendo la subida de precios sobre la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, y asegurar que las familias pueden acceder a una cesta de productos básicos a precios limitados.

El problema es que, por lo pronto, las grandes empresas de distribución rechazan la propuesta: 

"La distribución alimentaria no puede aceptar el acuerdo de una cesta de la compra a precios fijos y piden ayuda al Gobierno para controlar el IPC alimentario", han avisado en un comunicado conjunto las asociaciones de distribuidoras ANGED, ACES y ASEDAS.

Estas empresas consideran "inviable y contraproducente" el acuerdo porque, explican: "parte de un diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena, porque sería ineficaz y porque la experiencia en otros países ha resultado fallida". 

En su lugar, piden al Ejecutivo medidas fiscales, como una reducción del IVA en alimentos, una moratoria a impuestos medioambientales, el descenso del coste regulatorio o la reducción del coste de la energía.

Pero Díaz, por su parte, no se cierra a los topes de precio si no hubiera acuerdo. Es más, ha dejado caer que estos podrían aplicarse, ya que la ley los contempla como excepciones. Aunque ha matizado que esa no es la propuesta que está encima de la mesa.

"La propuesta que hemos planteado es perfectamente legal, e incluso si ustedes repasan la Ley de Comercio, verán también cómo hay excepciones. Lo dejo ahí", ha dejado caer Díaz.

Díaz no se cierra a fijar topes de precio a los alimentos si no hay acuerdo con las grandes distribuidoras

La inflación lleva meses prendiendo fuego a la economía española y al bolsillo de los hogares. En agosto, la subida de precios alcanzó el 10,4% interanual. Lo peor es que son precisamente bienes de primera necesidad, como la energía o los alimentos, los que más acusan la escalada de precios, por lo que todos los hogares perciben la pérdida de poder adquisitivo, y ésta se agrava en el caso de las rentas bajas.

La propuesta es la misma que la presentada la semana pasada a Carrefour. El gigante de distribución ya se adelantó la semana pasada, al sacar a la venta una cesta de 30 productos básicos a 30 euros. 

Fue precisamente el lunes pasado cuando Díaz anunció su voluntad de llegar a un acuerdo con las grandes empresas de distribución para limitar el precio de una veintena productos de alimentación, con el fin de elaborar una cesta de la compra de productos básicos donde los hogares no sufran la escalada de la inflación.

Tal y como han precisado hoy Díaz y Garzón, el acuerdo que ahora negocian sólo afectaría a los gigantes de la distribución, no al pequeño comercio: "Quien tiene márgenes para poder practicar descuentos son las grandes superficies. A una tienda de barrio es muy difícil pedirle estos esfuerzos".

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"Solamente podemos pedirle esfuerzos a quienes más tienen, a las grandes distribuidoras, igual que a las grandes energéticas y a la banca, que son quienes tienen márgenes empresariales. A los que menos tienen, no podemos pedirles más esfuerzos", ha aclarado Díaz.

Gobierno, empresas y representantes de consumidores volverán a reunirse en los próximos días. "Hemos quedado en que estudiarán y nos darán feedback sobre la propuesta que hemos hecho", ha dicho Díaz. La propuesta incorpora, desde medidas para garantizar la calidad de los productos ofertados en la cesta, como otras orientadas a evitar la especulación o la llamada reduflación.

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El acuerdo también podría incorporar mayores facilidades en esa cesta para hogares vulnerables, según ha avanzado Garzón:

"No es lo mismo una familia para la que cesta de la compra supone el 20% de sus ingresos, que para otra a la que le supone el 80%", ha señalado Garzón. El objetivo es que las empresas incorporen en sus ofertas mayores facilidades para colectivos de rentas bajas.

"Queremos dirigirnos a toda la población española, pero además teniendo muy presente que hay consumidores más vulnerables, que necesitan de este tipo de medidas cuanto antes. Esas ofertas comerciales podrían diferenciar por renta", ha añadido. 

La decisión final, sin embargo, tanto del tipo de productos incluidos, como de ofertas especiales para rentas más bajas, está en manos de las grandes distribuidoras, y el Gobierno lo sabe: "Nosotros estimulamos un acuerdo para que ofrezcan cestas comerciales que consigan moderar los precios, pero no entramos en la composición de la oferta comercial", ha aclarado Garzón.