Después de unos meses de revuelo, España ha dado marcha atrás a la medida tomada en verano sobre el pago de peajes. En el mes de julio, la Comisión Europea aseguró que España tendrá que implantar los peajes en las autovías a partir de 2024, puesto que a eso se comprometió el Gobierno. 

España se comprometió a implementar esta medida a cambio de los más de 140.000 millones de euros de fondos europeos. Sin embargo, ahora todo ha dado un vuelco.

Según publica El País, la Comisión Europea ha admitido la propuesta del Gobierno español de retirar del Plan de Recuperación la idea inicial de introducir el pago por el uso de las autovías hasta ahora gratuitas a partir de 2024.

Lo cierto es que el órgano europeo lleva meses evaluando la petición de España, en parte, porque este va vinculado al pago del sexto tramo de los fondos europeos comprometidos a cambio de cumplir las reformas del Plan de Recuperación, por el que España recibiría 8.000 millones de euros.

En un primer momento, el hito número 3 del Plan de Recuperación firmaba que España se comprometía a crear "un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de quien contamina paga". Aunque este texto fue enviado a Bruselas en abril de 2021, adquirió una especial relevancia durante la campaña electoral de julio.

Ante la falta de consenso y la mala coyuntura económica, el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se comprometió a no implantar la medida y pidió su eliminación en la adenda al Plan de Recuperación remitida a la Comisión.

Para conseguir que Europa acceda a su petición, el Gobierno español se ha comprometido a sustituir el pago del uso por las autovías por otras medidas alternativas de carácter medioambiental y de ahorro energético, fundamentalmente apoyadas en el transporte de ferrocarril.

Según detalla El País, el Gobierno se ha comprometido a sustituirlo por "la entrada en vigor de una Ley de Movilidad Sostenible para mejorar la planificación, la coordinación y la eficiencia de las políticas de transporte público, apoyar la digitalización del transporte y el uso del transporte público. Comprenderá medidas específicas para promover el transporte ferroviario de mercancías, que contribuya a reducir las emisiones del transporte terrestre de mercancías".

Entre esas medidas cita tres en concreto. La primera es "la obligación de implantar un programa de desarrollo de autopistas ferroviarias en aquellos corredores en los que resulte viable y exista un interés empresarial para su desarrollo". 

En el segundo punto se contempla "la bonificación de los cánones ferroviarios para los tráficos de mercancías durante un periodo mínimo de cinco años". Y, por último, el Gobierno se compromete a desarrollar "un programa de apoyo al transporte ferroviario de mercancías, que incluirá medidas de incentivo al cambio modal de la carretera al ferrocarril y el impulso a la modernización e innovación en el sector del transporte ferroviario".

La ventaja que tiene España para obtener luz verde por parte de Europa es que estas medidas están alineadas con las políticas europeas medioambientales y de transportes, cumpliendo la recomendación del Semestre Europeo de "centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente, en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible".