El Gobierno aprueba la fusión de MásMóvil y Orange en España: "Propiciando operaciones como esta se garantiza el desarrollo tecnológico de España"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la fusión "entre iguales" de Orange y MásMóvil. La nueva joint venture ya recibió la aprobación definitiva por parte de la Comisión Europea a finales de febrero, y se esperaba también la luz verde del Gobierno español dado que el sector de las telecomunicaciones es un sector estratégico.

El resultado de esta fusión es una nueva compañía cuya marca todavía se desconoce y que operarán al 50% Orange y MásMóvil en el mercado español. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el resultado es una empresa que será "el primer operador en España".

La nueva teleco tendrá "más de 30 millones de clientes en uso de móviles, más de siete millones de clientes que van a usar banda ancha y más de dos millones de clientes que usarán servicios de televisión". Escrivá ha recordado que el de las telecomunicaciones es "un sector estratégico" porque "despliega y opera infraestructuras digitales".

"Mantiene infraestructuras críticas para la seguridad nacional y también para la seguridad económica al dotarnos de autonomía", ha enfatizado el ministro: "La competitividad de un país depende en una parte muy importante de sus infraestructuras digitales y de su conectividad. España está muy bien posicionada porque ha tenido mucho apoyo público en los últimos años".

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Por esa razón, Escrivá entiende que es obligación del Gobierno asegurarse de que esto "sigue siendo así". La fusión ha sido analizada "exhaustivamente" por el Gobierno de la mano de las dos operadoras, y ambas han logrado convencer al Ejecutivo:

"La aprobación de esta fusión viene apoyada por un plan industrial de la entidad resultante muy ambicioso y con una orientación de medio plazo, con una política de inversiones muy potentes en infraestructuras digitales fijas y móviles aprovechando la gran escala que va a tener la nueva compañía", ha destacado Escrivá. "Incluye compromisos específicos de gestión operativa de red".

"Estamos convencidos de que con esta fusión garantizamos mejores servicios para los ciudadanos en el despliegue tanto de fibra como de 5G así como de las tecnologías que están por venir, como 5G+ o 6G". "La conectividad fue clave en pandemia, pero también es hoy importante en el ámbito rural para dar posibilidades a zonas despobladas o remotas".

Para Escrivá, "propiciando fusiones" como esta "y acompañándolas con compromisos claros a medio y largo plazo de país" se garantiza "el desarrollo tecnológico de España". "Es una operación que hemos analizado extensamente con las dos operadoras a las que quiero agradecer su compromiso con el país".

La luz verde que la nueva joint venture recibió el mes pasado por parte de Bruselas incluía letra pequeña: los remedies o compensaciones de mercado fruto de esta operación benefician a la operadora rumana Digi, que se convertirá de facto en la cuarta operadora. Telefónica, por su parte, pasa de ser la primera operadora del mercado español a ser la segunda.

Hay "suficientes" compromisos de mantenimiento de empleo y "no hay ninguna novedad" sobre STC y Telefónica 

Escrivá ha rechazado ante los periodistas dar detalles sobre los compromisos adquiridos por Orange y MásMóvil para ver su fusión aprobada en el mercado español, ya que dichos detalles "desvelarían algunos elementos competitivos de la compañía". "Pero los compromisos son extensos y contiene compromisos de mantenimiento del empleo suficientes", ha enfatizado.

Preguntado por si de algún modo esta aprobación de la fusión entre Orange y MásMóvil dilucida el camino que seguirá su cartera con otras operaciones pendientes de aprobar —la compra de Vodafone España por parte del fondo británico Zegona, por ejemplo—, Escrivá ha asegurado que "efectivamente" esta luz verde "marca una forma de posicionarnos".

"Marca una forma de posicionarnos ante operaciones de este tipo que no está avalada solo por la ley de telecomunicaciones, sino por todo el acervo normativo que se está creando en Europa", ha defendido el ministro de Transformación Digital, haciendo una somera referencia al libro blanco sectorial que presentó el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, hace unas semanas.

Aquel libro blanco abría la puerta a que las telecos diseñen las infraestructuras del futuro en términos de sostenibilidad, como los líderes de las grandes operadoras europeas defendieron en el pasado Mobile World Congress de Barcelona. "Responde a los nuevos tiempos en los que estos elementos de soberanía estratégica y autonomía de los países tienen que presidir las decisiones".

Al ministro también se le ha preguntado si hay alguna novedad por parte de la toma de posesión de Saudi Telecom en Telefónica, que entró el año pasado con un 5% y tiene en títulos convertibles cerca de otro 5% del accionariado. El propio Escrivá anunció en el Mobile la creación de una nueva empresa inversora, la SETT, que podría entrar en Telefónica en respuesta.

Ante ello, Escrivá ha anunciado que "no hay ninguna novedad".

Nuevas leyes orgánicas que reforman la justicia y permitirán las nuevas demandas colectivas aprobadas en Europa

Por su parte, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado varias nuevas leyes orgánicas que ahora inician su tramitación parlamentaria: una sobre eficiencia en la justicia y otra sobre el intercambio de información de antecedentes penales con el resto de Europa.

La primera ley orgánica recoge algunas normas que decayeron en la legislatura pasada por la convocatoria anticipada de elecciones. En la legislatura pasada el Gobierno puso en marcha la tramitación de tres leyes: la ley de eficiencia digital, la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia organizativa en el servicio de justicia.

Bolaños ha recordado que la primera y parte de la segunda se incluyeron en un real decreto que ya fue convalidado por las Cortes Generales el año pasado. Sin embargo, parte de la ley de eficiencia procesal y parte de la ley de eficiencia organizativa del servicio de justicia precisaban del rango de ley orgánica, razón por la que el Consejo de Ministros ha aprobado este proyecto este martes.

De este modo, este nuevo proyecto de ley orgánica rescata el proyecto de la pasada legislatura por la cual nacerán los nuevos tribunales de instancia. Así mismo, el Gobierno introduce en esta ley orgánica la transposición de una directiva de la Unión Europea de 2020 a la que España ya llegaba tarde: la que habilitará las demandas colectivas en el sistema de justicia nacional.

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De este modo, la ley orgánica —que tendrá que ser aprobada en el Congreso antes del 31 de diciembre al ser un compromiso adquirido con Bruselas para la recepción de los fondos europeos— inicia su travesía parlamentaria e incorpora la transposición de esa directiva que permitirá un "procedimiento único para las demandas colectivas".

"De este modo los consumidores no tendrán que litigar de manera individual ni de manera plural", ha remachado el ministro Bolaños. "Con esto pretendemos evitar macroprocedimientos judiciales que afecten a multitud de personas y que en ocasiones se desperdigan por diferentes juzgados y tribunales".

Se habilitarán entidades que servirán para intermediar en estos grandes procedimientos y además se desarrollará un "sistema de difusión y publicidad" que facilitará "el conocimiento de estos procedimientos, lo que permitirá que haya más agilidad".