Por qué la presión fiscal en España bajó en 2022, pero sube respecto a antes de la pandemia

En 2019, antes de la pandemia, la presión fiscal en España, medida a partir de los ingresos públicos procedentes de los impuestos y de las cotizaciones sociales, ha subido en relación con el PIB casi 3 puntos: era de un 35,4% en 2019 y es de un 38,3% en 2022. Lo que, no obstante, supone un descenso de 3 décimas sobre el 38,6% de 2021. 

Las cifras las ha publicado Eurostat y se recogen en el estudio La presión fiscal en España y en la UE, elaborado por el investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García. 

A la vista de las cifras, asegura, la renta personal es la que ha asumido el mayor porcentaje de aumento de la presión fiscal (un 41,4%), debido, principalmente, "a la no actualización de la tarifa y las deducciones personales del IRPF". 

Le sigue, apunta García, la renta de las corporaciones empresariales (20,7% del total), la cotización a la Seguridad Social del empleador que forma parte de los costes laborales (17,2% del total) y el IVA, la principal figura tributaria sobre el consumo (17,2% del total). 

La aportación de la cuota social del trabajador ha sido bastante inferior (3,4% del total), mientras que la cuota social imputada con origen en el Estado ha disminuido su aportación debido al cierre a la entrada de nuevos funcionarios en el Régimen de Clases Pasivas en 2011.

Fiscalidad en España vs fiscalidad en Europa

La paralización de la actividad económica en respuesta a la pandemia del COVID-19 y las ayudas para hacer frente al fuerte aumento de la inflación asociado a la invasión de Ucrania por Rusia, sostiene el investigador, han obligado a utilizar de forma extensiva políticas de gasto público en un intento de proteger a la ciudadanía de los efectos negativos de estos shocks sobre su renta y calidad de vida. 

Esta evolución al alza del gasto público ha venido acompañada de distintas estrategias sobre los ingresos públicos, que han afectado al saldo de las cuentas públicas de los países de la Unión Europea.

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La presión fiscal en España, señala el profesor, se ha mantenido históricamente por debajo del promedio (ponderado) de los países comunitarios, "dentro de un abanico que alcanzó su menor porcentaje en 2007 (-2,8 puntos de PIB) al contar con un nivel extraordinario derivado del efecto de la burbuja inmobiliaria y financiera".

Esa presión tributaria y de cotizaciones sociales, en relación con el PIB, apenas ha crecido 2 décimas sobre el PIB desde el inicio del Covid 19 en la Unión Europea: del 41% al 41,2%; y de 5 décimas en los países de la Eurozona: 41,4% en 2019 y 41,9% en 2022.)

En el caso de la UE, como en España, ha bajado 3 décimas en el último año, sin embargo, la media de la Eurozona es la misma que en 2021.

¿Debería España igualar su presión fiscal con la de la UE?

Dado que el déficit estructural de las cuentas públicas españolas está situado en torno al 3,5% del PIB (AIReF, 20233), una hipotética igualación de la presión fiscal española a la media ponderada de los países de la eurozona permitiría solventarlo. 

Conviene recordar, no obstante, que una opción de estas características, además de otros posibles efectos secundarios sobre el ahorro, la inversión y el empleo, derivados de mejorar la recaudación del IRPF, Impuesto de Sociedades y los impuestos al consumo, apunta en el estudio, concentraría la actuación en una elevación de la cotización social del trabajador. 

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El aumento de los ingresos de la cuota del trabajador en 2,7 puntos de PIB reduciría el salario neto de todos los trabajadores ocupados en un 7,3%, un porcentaje difícil de digerir, en especial en los escalones de renta más bajos. 

Por otra parte, utilizar esta opción de igualar los ingresos tributarios españoles a la media de la zona euro agotaría los márgenes de actuación en el futuro para aumentar el gasto público, salvo que se pretenda superar ese nivel con las posibles consecuencias sobre el crecimiento y el empleo.