Máximo histórico de empleados públicos ante el impacto de la pandemia: la plantilla de las administraciones crece un 4% en un año y supera los 2,7 millones de trabajadores

Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, el empleo ha sido uno de los aspectos de la economía que más ha sufrido su impacto, lo que ha motivado un esfuerzo sin precedentes desde el sector público para sostener a la actividad privada, tanto con ayudas y medidas de estímulo para empresas, autónomos y pymes como facilitando la suspensión temporal de empleo a través de los ERTE.

Sin embargo, la pandemia también ha provocado que las administraciones hayan aumentado su plantilla para reforzar sus servicios directamente vinculados con la emergencia sanitaria, como es el caso de la sanidad pública, o que han tenido que adaptar completamente su operativa para evitar el contagio de coronavirus, como en el caso de la educación, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o de la Seguridad Social.

En concreto, el número de trabajadores públicos ha alcanzado su máximo de las últimas 2 décadas en enero de 2021, situándose en 2,7 millones de personas, que suponen 12.000 empleados públicos más que los registrados en enero de 2010, que marcaba hasta ahora su techo histórico. Así, a lo largo de 2020 la plantilla de los servicios públicos se ha incrementado en 112.700 trabajadores, un 4,15% más que en enero del año pasado, según cifras del Ministerio de Función Pública recogidas por El País.

La mayor parte de ese incremento de la plantilla de las administraciones públicas se corresponde con la sanidad y la educación públicas, que son competencia autonómica, de modo que, de los 1,6 millones de empleados públicos con los que contaban las comunidades durante la primera mitad de 2021, un 37,8% corresponden a enseñanza no universitaria y otro 35,1% al sector sanitario.

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Por niveles de la administración, son precisamente las autonomías y los ayuntamientos los que más han aumentado sus plantillas, registrando un aumento de 113.000 trabajadores de los que más de un 80% corresponden a las comunidades, mientras que el total de trabajadores de la administración estatal, que acumulan menos competencias que se hayan visto afectadas por la pandemia, se ha reducido en más de 1.400 empleados.

Además, el peso de los empleados públicos en el empleo en general es muy destacado en comunidades como Extremadura, donde suponen 1 de cada 2 personas con empleo, Aragón o Cantabria, donde la proporción esté en torno a un 42% del total de la población activa, pese a que son las 3 comunidades más pobladas, Andalucía, Cataluña y Madrid, las que acumulan más trabajadores públicos, con entre 200.000 y 300.000, según el diario del Grupo Prisa.

Por otra parte, el aumento de la plantilla de los servicios públicos también ha supuesto un incremento de la temporalidad laboral, que ya supera el 30% del total de los empleados públicos tras repuntar casi 4 puntos porcentuales en el último año y alcanzar su máximo histórico, 3 puntos por encima de las cotas alcanzadas durante la anterior crisis y 2 puntos más que en su anterior récord de contratos temporales, que alcanzó en el segundo trimestre de 2019.

No obstante, el impacto de la temporalidad es desigual, dado que la administración estatal cuenta con una media de un 10% de contratos temporales y los ayuntamientos un 13%, por lo que son las comunidades las que registran una mayor tasa de temporalidad en su plantilla pública, lo que ha motivado que la Unión Europea exija al Gobierno actuar para reducir la precariedad laboral y limitar el empleo temporal, especialmente en el caso de los interinos.