El sector privado seguirá apoyándose en fondos públicos mientras dure la recuperación del coronavirus, según los expertos
- El coronavirus ha obligado a suspender la mayor parte de la actividad económica y ha motivado que los gobiernos aprueben medidas para apoyar a las empresas afectadas e intentar evitar que se produzcan quiebras o aumentos del desempleo debido a la pandemia.
- En el caso de España, el Gobierno ha puesto en marcha avales públicos para fomentar el crédito a las empresas y autónomos afectados y ha flexibilizado los requisitos para los ERTE y la prestación por cese de actividad de los autónomos.
- En total, el Ministerio de Hacienda ha cifrado el impacto de las medidas para combatir el coronavirus en más de 138.000 millones de euros, aunque esa cantidad incluye los 100.000 millones de euros en avales del ICO, que solo se desembolsarán si las empresas no devuelven sus créditos.
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El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, afirmaba recientemente en una conferencia online de Esade Alumni que en Europa "la política económica debe estar centrada en salvar el máximo tejido empresarial posible". Por ello, aseguraba que "el sector público tiene que rellenar temporalmente el hueco que ha dejado el sector privado" debido a la caída de su facturación y al aumento del paro, pese a que deje una "huella de deuda pública".
De hecho, el coronavirus ha provocado la paralización de toda la actividad económica no considerada esencial, que ahora comienza a reactivarse coincidiendo con la desescalada del confinamiento. Para paliar el impacto de ese frenazo, gobiernos de todo el mundo han aprobado medidas de apoyo a las empresas afectadas para intentar evitar quiebras y mayores aumentos del desempleo que han supuesto un incremento histórico del gasto público.
En España, el Gobierno ha puesto en marcha varias medidas para apoyar al tejido empresarial, como los avales públicos de 100.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que los bancos ofrezcan liquidez a pymes, empresas y autónomos o la flexibilización de los requisitos para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y de la prestación por cese de actividad de los autónomos.
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En total, el Ministerio de Hacienda ha cifrado el impacto de las medidas para combatir el coronavirus en más de 138.000 millones de euros, aunque no toda esa cantidad se destinará al sector privado. De este modo, Hacienda calcula el coste para el Estado de gastos de los ERTE en 17.894 millones de euros, mientras que la prestación por cese de actividad costará 981 millones y las exenciones y moratorias en cotizaciones sociales más de 2.900 millones.
En total, el desembolso de las arcas del Estado que se dedica a preservar el tejido empresarial suma 21.782 millones de euros, según los datos de Hacienda. Además, también hay que tener en cuenta en el gasto público vinculado al coronavirus los 100.000 millones de euros en avales del ICO, que en principio solo se desembolsarán si las empresas beneficiadas por esas líneas de liquidez no devuelven sus créditos.
¿Será suficiente esta cantidad para apoyar al sector privado durante la pandemia? ¿Cuánto tiempo tendrá el sector público que "rellenar" el hueco que ha dejado el sector privado, como señalaba de Guindos? Los expertos consultados por Business Insider España coinciden en que, más allá de la incertidumbre que rodea al coronavirus, el apoyo público a las empresas se prolongará hasta que se retome plenamente la actividad.
Cómo está ayudando el sector público al privado en España
Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, reconoce que "los 2 principales motores de la demanda privada, que son el consumo de las familias y la inversión en las empresas, están y van a seguir estando muy afectadas por la incertidumbre". Por ello, recoge las declaraciones del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en las que aseguraba que "solo la administración pública puede suplir esa compresión de gasto mediante una expansión fiscal".
Torres destaca que, por el lado de las familias "no tienen medios para consumir o están muy reducidos y, si los tienen, prefieren ahorrar por el miedo a lo que pueda pasar en los próximos meses", mientras que las empresas o bien están al borde de la quiebra o tienen todavía una situación más o menos saneada, disponiendo de tesorería e incluso de ingresos, pero no invierten en este momento".
Para el director de Coyuntura de Funcas esa expansión fiscal es "lo único que puede limitar la caída del PIB", pero explica que la clave es "cómo hacerlo y hasta dónde llegar con esa estrategia". Respecto al "cómo", Raymond Torres aclara que "no es cualquier expansión fiscal, es una expansión transitoria y muy focalizada", dado que se limitará a la duración de la pandemia y porque se centra en "limitar la quiebra de empresas y el incremento del paro".
Respecto a las medidas del Gobierno, el experto de Funcas explica que "los ERTE, aunque sean por supuesto algo traumático, son un mal menor respecto a encontrarse en la cola del paro y para las empresas, por lo menos tener un apoyo de liquidez bancaria para no cerrar". En su opinión, estas son las 2 principales vías de actuación, aunque incluyendo en esa categoría "las ayudas para que la gente no caiga en la pobreza más absoluta".
Por su parte, Ignacio Santamartina, profesor de EAE Business School critica que "para ayudas en concreto de pymes, de contratación, de autónomos, de mantenimiento del empleo y demás, pues estamos viendo con datos a nivel nacional que el dinero no está llegando o está llegando un poco tarde", por lo que prevé que "esa falta de agilidad pues es posible, esperemos que no, que se esté llevando muchos puestos de trabajo".
Santamartina afirma que "se está ayudando a que las empresas no cierren y hagan ERTE", un enfoque que le parece positivo para evitar un desplome aún mayor del empleo, pero asegura que las empresas que no se han acogido a ERTE y no están cargando sus gastos al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) "también necesitan apoyo y tienen el mismo derecho a recibir ayudas, porque han mantenido sus puestos de trabajo, siguen pagando sus impuestos, a la Seguridad Social y demás".
El profesor de EAE Business School pide tener en cuenta que "el 90% de las empresas tienen menos de 5 o 10 trabajadores, son miniempresas y, a veces, cuando hablamos de estas ayudas, pensamos solo en empresas de más de 500 y no en la frutería que todos tenemos debajo de casa". Además, destaca que, como inicialmente se estableció que para acogerse a un ERTE era obligatorio mantener el empleo durante 6 meses, "hay gente que no se ha acogido porque pensaba que no podría pagarlo".
El cambio en esta condición o el debate sobre la derogación de la reforma laboral suponen para Santamartina "una inseguridad jurídica" que está motivando que algunos empresarios no se acojan a las ayudas. Esa situación, en su opinión, se suma a "la tardanza en la consecución de las ayudas", por lo que reclama una agilización de los trámites para facilitar que el apoyo llegue a donde se necesita.
Cuánto tiempo se sostendrá el sector privado con fondos públicos
En cuanto a la duración del soporte público a las empresas, Torres considera que dependerá de 2 factores. "En primer lugar, de cuánto tiempo va a durar esa reacción de retraimiento de los hogares y las empresas, que probablemente dure cierto tiempo", especialmente en lo que respecta al turismo y al consumo y la inversión en general. Por eso, fija el tope en el mes de septiembre, "en caso de que no haya un rebrote de la pandemia".
El otro factor al que alude es la eficacia del apoyo público. "Es eficaz si es transitorio, pero cuando hay un problema estructural, como en el caso del sector turístico, en algunos casos ya no es un problema de liquidez, sino de solvencia, por lo que haría falta otra estrategia distinta". En el caso del turismo, Raymond Torres destaca que "ha sido una ventaja que ha permitido más o menos capear la crisis financiera" que ahora ha desaparecido por las restricciones de movimiento y por el hecho de que España haya sido foco de la pandemia.
Por su parte, Cándido Pérez, socio responsable de Sector Público de KPMG en España, destaca que la mayoría de países de nuestro entorno han aplicado medidas de confinamiento y paralización de la actividad económica para contener la pandemia y "han optado por apoyar a las empresas directamente para que mantengan a sus trabajadores en activo o mediante prestaciones a los trabajadores de aquellas empresas cuya actividad se ha suspendido".
Pérez afirma que "en ambos casos, se ha considerado que estas políticas son más eficaces y eficientes que el incremento del desempleo que se produciría si las empresas que han tenido que suspender su actividad se vieran obligadas a mantener todos sus costes operativos". Por ello, considera que su duración debe permitir "que puedan recuperar la actividad en las nuevas condiciones que en cada país se establezcan, que en la mayoría de los casos no serán las previamente vigentes por la necesidad de estar preparados para las siguientes fases de la evolución de la pandemia".
Para Ignacio Santamartina "la clave es cuánto tiempo podremos pagarlo sin que nos ayude Europa, y si nos va a querer ayudar o no y hasta dónde", por lo que señala que "ayudaría mucho que Europa dejase claro qué va a hacer". No obstante, afirma que la UE ha puesto en marcha ayudas y "los países de nuestro entorno, estamos recibiendo un montón de información y ayudas por parte de las plataformas y programas europeos de apoyo a la I+D y a la investigación", destacando que ha surgido un número "ingente" de programas de apoyo específicos para el coronavirus.
Santamartina afirma que las iniciativas comunitarias, como los programas Horizonte 20 "han apoyado y están apoyando mucho para que salgan estas líneas de financiación", aunque apunta que el problema de estas iniciativas es su complejidad. "Son líneas a las que hay que acudir y es muy difícil que una pequeña empresa pueda llegar a ellas", dado que están pensadas para proyectos más grandes, desde un punto de vista colaborativo y "no se resuelven de forma rápida".
El profesor de EAE Business School destaca que se está viendo "una predisposición muy grande" por parte de las autoridades europeas, pero señala que hay "saturación de información", con muchas ayudas saliendo a la vez en un momento de paralización casi generalizada de las empresas. "Se está haciendo", afirma, "pero no sé si va a ser algo que se va a filtrar hasta la pequeña mediana empresa, que es el 90% de lo que tenemos en España".
Respecto a la financiación en España, Ignacio Santamartina reconoce que "está pasando un poco también que hay un totum revolutum, hay demasiada información, las empresas están en un momento de subsistencia y para ellas es muy complicado ponerse a analizar todos los programas que están saliendo", aunque reconoce que "algunas sí los están aprovechando" pese a que apunta que los trámites vinculados a esas ayudas estatales "son bastante farragosos".
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