La pensión por incapacidad permanente es una ayuda que permite tener ingresos a las personas que no pueden trabajar debido a un accidente o enfermedad.

Estos son los requisitos para cobrar una pensión por incapacidad permanente:

• No haber alcanzado la edad de jubilación.
• Estar dado de alta en la Seguridad Social o situación asimilada de alta.
• Tiempo mínimo de cotización de 15 años.

En el caso de que la contingencia de invalidez sea por enfermedad o accidente laboral no será necesario cumplir este último requisito.

Además, antes de ser otorgada, es necesario que el posible beneficiario pase el examen del tribunal médico, que será el que decidirá si tiene derecho o no a cobrar la pensión.

La Seguridad Social es el organismo responsable de regular estas pensiones. Si eres beneficiario de una de ellas conviene que estés atento a las novedades, ya que pueden cambiar tus ingresos o la forma de recibirlos.

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En este sentido hay una noticia importante: la nueva Ley de Empleo trae nuevos derechos para las personas que reciben una de estas pensiones.

Esta ley entró en vigor el pasado 2 de marzo, y conviene que repases las novedades si eres de los pensionistas afectados, ya que así sabrás las ventajas que disfrutas desde entonces.

Pensión por incapacidad permanente: nuevos derechos que introduce la Ley de Empleo

Una de las novedades principales es la asimilación legal de al menos el 33% de discapacidad a todo aquel que cobre una pensión por incapacidad permanente. Es decir, la Seguridad Social va a reconocerte un grado del 33% aunque no lo tuvieses antes, sólo por el hecho de recibir esta pensión.

Además, a las personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista también se les va a reconocer un grado de discapacidad. 

La nueva ley obliga a los servicios de empleo a contratar personal especializado para atender a personas con discapacidad, algo que no se tenía en cuenta hasta ahora y que podía generar desigualdades.

En estos mismos servicios se van a incluir herramientas digitales de formación para facilitar el acceso al empleo a las personas con discapacidad que buscan trabajo.

Por último, la Ley de Empleo estipula de manera más clara las partidas económicas que se conceden a las comunidades autónomas para que desarrollen políticas activas de empleo centradas en las personas con discapacidad, según recogen en Economía Digital.