España gasta en prestaciones de ERTE y desempleo entre enero y julio más de lo que recibirá de la UE para frenar el impacto del coronavirus en el mercado laboral

La factura del desempleo provocado por el coronavirus en España comienza a alcanzar proporciones preocupantes. Como la mayoría de los países europeos, España está haciendo un sobresfuerzo de gasto público durante la pandemia con el fin de evitar una mayor destrucción de empleo y de dar soporte económico a las empresas y trabajadores afectados, hasta el punto de superar la previsión de ayudas europeas para sufragar este coste.

Concretamente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha dedicado entre enero y julio unos 23.300 millones de euros a pagar prestaciones de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y de desempleo, especialmente desde el inicio de la pandemia y la puesta en marcha para medidas para contenerla a partir de marzo, según avanza El Confidencial.

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Esa cantidad supera los 21.300 millones que España recibirá de la Unión Europea dentro del programa SURE (siglas de Support mitigating Unemployment Risks in Emergency), el instrumento con el que la Comisión Europea financiará el impacto del coronavirus en el mercado laboral de 17 de los 27 países de la UE y que en España ayudará a financiar los ERTE, las prestaciones para autónomos y las de desempleo durante la pandemia.

El SURE está dotado con un total de 100.000 millones de euros y España ha sido el primer país comunitario en realizar una solicitud formal de fondos, que equivale a la máxima cantidad que se puede solicitar al organismo. Sin embargo, el coste de las medidas para sufragar el impacto laboral de la pandemia en España ya rebasa el volumen de fondos que se recibirán de Bruselas para hacer frente al aumento del gasto público.

De hecho, el SEPE está pagando actualmente el mayor volumen de prestaciones de su historia a causa del coronavirus, según recalca El Confidencial, dado que 3,24 millones de trabajadores cobran algún tipo de prestación económica a cargo de los servicios públicos de empleo, lo que supone un 72% más que en julio de 2019.

Hasta ahora, la cifra más alta de beneficiarios de prestaciones del SEPE se había registrado en 2010, cuando se alcanzó el techo de 3,04 millones de trabajadores dependiendo de los subsidios laborales. Pese a que esta cifra se ha ido reduciendo desde 2014, el récord se rompió en mayo, durante el confinamiento, cuando el número de beneficiarios estuvo a punto de llegar a 5 millones.

Esa cifra de mayo, que implica que había más beneficiarios de prestaciones de desempleo que desempleados se debe a los afectados por ERTE cobran estos subsidios, pero no son considerados parados, dado que su empleo ha sido suspendido de forma temporal y la empresa se ha comprometido previamente a mantener su empleo durante un mínimo de 6 meses.

Desde mayo, 1,4 millones de trabajadores incluidos en ERTE han dejado de ser beneficiarios de prestaciones del SEPE por haber recuperado su empleo, mientras que 812.000 continúan bajo ese régimen, un dato que implica que 3 de cada 4 afectados por un ERTE han vuelto ya a su puesto de trabajo y, por lo tanto, ya no cobran una prestación pública.

En el gasto público total que se dedique a paliar las consecuencias laborales del coronavirus también influirá la posible extensión de los ERTE más allá del 30 de septiembre, cuyas condiciones negociarán a partir de mañana en Palma de Mallorca la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva.