El secretario de Estado de Juventud insta a aplicar ya la ley de vivienda: "Mientras no haya una resolución que diga que es anticonstitucional, los ayuntamientos pueden asumir competencias"

Hace casi un año ya de la aprobación de la ley de vivienda, en mayo de 2023, después del largo tira y afloja en la coalición de gobierno que tuvo al polémico control de alquileres en el centro del debate. Hoy, sin embargo, una parte importante de la ley no se está aplicando: en parte, porque la mayoría de las competencias están en manos de las comunidades y muchas se niegan a aplicarla. Pero no son las únicas que pueden hacerlo.

En una entrevista con Business Insider España, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, habla de uno de los temas que más preocupa a los jóvenes: las dificultades de acceso a la vivienda, y que a partir de ahora también tocará el recién creado Ministerio de Juventud, el primero en la historia en agrupar de forma exclusiva las políticas de Juventud e Infancia.

"El debate sobre la ley de Vivienda se abrió porque algunas comunidades decían que invadía competencias y no la iban a aplicar. Bueno, la ley obviamente tiene que aplicarse porque es una ley estatal", defiende Pérez Correa, que desde esta legislatura trabajará de manera alineada con aquellos Ministerios con competencias y políticas orientadas hacia jóvenes o menores.

"Somos un ministerio muy transversal. Para nosotros, trabajar de manera alineada con el Ministerio de Vivienda para que se desarrolle la propia ley es importantísimo, por esos parques públicos de vivienda o la declaración de zonas tensionadas donde los alquileres han sufrido unos incrementos brutales. Desde luego va a redundar en la mejora también de las condiciones de acceso a la vivienda de los jóvenes", explica Pérez Correa.

En enero de 2022, cuando la ley de vivienda había comenzado sus trámites parlamentarios pero todavía no había visto la luz, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avisó de que la nueva ley expropiaba competencias a las comunidades autónomas.

Concretamente, advertía de que aunque el Estado tiene competencias en materia de vivienda, eso no le permite "ordenar por completo esa materia ni duplicar o vaciar de contenido las atribuciones autonómicas”.

Los ataques políticos por parte de los líderes de comunidades gobernadas por el PP no tardaron en llegar, acusando al Ejecutivo de vulnerar la propiedad privada y presentar 5 recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (uno del PP y 4 de las comunidades de Madrid, Cataluña, Baleares y Andalucía). Recursos que fueron admitidos a trámite por el Constitucional.

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En virtud del artículo 18.1.3 de la Constitución española, "las Comunidades Autónomas podrán asumir como competencia exclusiva la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, competencia que ha sido efectivamente incluida en todos los Estatutos de Autonomía". Pero no todo está en manos de las comunidades, y aquí es donde quiere entrar el Gobierno.

Hay ocasiones en las que es el Estado el que manda. Prueba de ello, existe la ley del suelo, la ley de arrendamientos urbanos o los diferentes planes estatales en materia de vivienda, que son normativas de carácter estatal que regulan aspectos de vivienda.

El Estado, de hecho, ha entrado a regular numerosas cuestiones de vivienda, con medidas fiscales, con normas que afectan al mercado hipotecario, a los arrendamientos urbanos, al sobreendeudamiento de las familias, a la protección a los deudores hipotecarios, a los desahucios, a la propiedad horizontal, o a la eficiencia energética.

Pero la aplicación de las medidas más polémicas de la ley, como la declaración de zonas tensionadas, los topes al precio de los alquileres, o el recargo a los pisos vacíos, estaría en manos de las comunidades, pero también de ayuntamientos. 

"Queremos trabajar con la FEMP: la vivienda no es solo competencia de las comunidades"

Por eso, el Gobierno aspira a trabajar con todas las administraciones competentes para asegurarse el cumplimiento de la nueva regulación.

"Queremos trabajar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la reflexión de qué está ocurriendo con la vivienda. La vivienda no es solo una competencia de las comunidades autónomas, y mientras no haya una resolución del Tribunal Constitucional que diga que es anticonstitucional, las competencias de vivienda las pueden asumir los ayuntamientos", asegura Pérez Correa.

Lo cierto es que, hasta ahora, ningún territorio ha llegado a aplicar el límite de precios a los alquileres previsto en la ley de vivienda. En Cataluña sí han llegado a controlar los alquileres, pero con una regulación propia previa a la aprobación de la ley estatal. A partir de este mismo año, sin embargo, la Generalitat ya ha manifestado al Ejecutivo su voluntad de aplicar la ley estatal para topar alquileres.

Pero que no haya más administraciones que lo apliquen no significa que nadie quiera hacerlo. En Madrid, por ejemplo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya ha rechazado la solicitud de declaración de zonas tensionadas enviada por Getafe. Lo mismo ocurre en Galicia, también gobernada por el PP, concretamente con la solicitud de A Coruña.

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Por lo pronto, poco puede hacer el Estado en ese sentido. Donde sí puede empujar más es en lo referente a la planificación urbanística para aumentar la oferta de alquiler barato:

"Hay ayuntamientos que, dentro de su planificación urbanística, deciden tener parques de vivienda orientados a los jóvenes. Parques de vivienda que no entran en el mercado de venta, por muy regulada que sea, a través de la vivienda protegida", explica Pérez Correa. 

Ahí es donde el secretario de Estado afirma que, como ministerio, "vamos a intentar que las políticas de vivienda sean transversales, para que todas las administraciones pueden desarrollarlas". 

La demostración, cuenta, "es que hay comunidades que lo están haciendo muy bien. Hay ayuntamientos que lo están haciendo muy bien con parques públicos de vivienda y hay ayuntamientos además que han orientado esos parques a alquiler juvenil. Nuestra idea es aprovechar el potencial que tiene la Ley de Vivienda y mezclarla también con acuerdos con otras administraciones para poder desarrollarla al máximo".