Los países de la UE reducen los objetivos de recortar las emisiones contaminantes de vehículos

Coches contaminación en Zonas de Bajas Emisiones

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  • El Consejo de la Unión Europea ha presentado este lunes 25 su postura sobre la Euro 7, que busca introducir normas más estrictas en materia de emisiones de CO2 de los vehículos.
  • La propuesta del Consejo rebaja lo planteado por la Comisión Europea: busca retrasar dos años los nuevos requisitos y reduce algunos límites.

Los Gobiernos de la Unión Europea han compartido este lunes 25 su posición sobre la norma Euro 7, cuyos objetivos rebajan en materia de reducir las emisiones de CO2 de los vehículos.

Según informa ElDiario.es, los ministros de Industria de los Estados miembros abogan por mantener las exigencias actuales y retrasar dos años los nuevos límites de la Euro 7, frente a lo propuesto por la Comisión Europea hasta ahora: de 2025 a 2027 su aplicación para turismos y furgonetas y de 2027 a 2029 para camiones y autobuses.

La postura del Consejo de la UE mantiene los límites de emisiones y las condiciones de ensayo existentes aplicables a los vehículos ligeros, mientras que, para los pesados, "se reducen los límites de emisiones y se introducen ajustes mínimos" en dichas condiciones de ensayo, según recoge el comunicado.

"La norma Euro 7 también contiene una disposición especial sobre autobuses urbanos para garantizar la coherencia con el nuevo objetivo de cero emisiones para estos vehículos, propuesto para 2030", informa.

Además, entre los "cambios prácticos" que sugiere para la propuesta de la Comisión, respecto a las limitaciones para las emisiones distintas a las del tubo de escape, el Consejo afirma que su texto "refuerza la armonización de los límites de emisiones de las partículas procedentes de los frenos y los límites del índice de abrasión de los neumáticos con las normas internacionales adoptadas por la CEPE" (Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas).

También "tiene en cuenta el nuevo objetivo de cero emisiones de CO2 propuesto para los autobuses urbanos" y establece "plazos claros para la adopción de actos de ejecución" por parte de la Comisión, con el fin de proporcionar "claridad y seguridad jurídica" a los agentes económicos, según los Gobiernos.

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La justificación para esta reducción de ambiciones sería que así se "logra un equilibrio entre requisitos estrictos en materia de emisiones de los vehículos e inversiones adicionales para la industria, en un momento en el que los fabricantes europeos de automóviles están experimentando una transformación hacia la producción de vehículos de emisión cero", defienden en la nota de prensa.

Asimismo, este texto sería consecuencia de "las distintas demandas" presentadas por los Estados miembro —al menos ocho habían mostrado su rechazo a la propuesta de la Comisión, mientras que Dinamarca ha votado en contra de la postura del Consejo, según ElDiario.es— y habría permitido conseguir "un apoyo amplio y un equilibrio en los costes de inversión de las marcas de fábrica, además de mejorar los beneficios medioambientales derivados del Reglamento".

"Queremos seguir persiguiendo el objetivo de mejorar la calidad del aire. Nuestra posición consiste en mantenernos en la senda de liderar la movilidad del futuro y adoptar unos niveles de emisiones realistas para los vehículos de la próxima década, ayudando al mismo tiempo a nuestra industria a dar el salto definitivo hacia los vehículos limpios en 2035. La presidencia española ha sido sensible a las distintas demandas y peticiones de los Estados miembros", afirma Héctor Gómez Hernández, ministro en funciones de Industria en España.

La postura de la Comisión Europea sobre la Euro 7 ha sido recibida como "un paso en la buena dirección" y "una mejora", en comparación con la propuesta "desproporcionada" de la Comisión, por parte de la ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles), y formará parte de la negociación que mantengan ambas cámaras con el Parlamento.

La propuesta de la Euro 7 fue presentada por la Comisión Europea en noviembre de 2022 y reúne en un único acto jurídico los objetivos en materia de emisiones de los vehículos de motor ligeros y pesados, con el fin de introducir normas de rendimiento más estrictas a partir de 2025 en un inicio.

Desde entonces, se ha enfrentado a la oposición de la mayoría de los fabricantes, quienes han criticado la medida aludiendo a que supondría grandes inversiones de dinero, la pérdida de miles de empleos y el cierre de fábricas.

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