Proyectos desiertos y que pymes y autónomos se queden atrás: las 2 amenazas que sobrevuelan la llegada de los fondos europeos a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Olivier Hoslet/Pool vía REUTERS

  • La lluvia de fondos europeos está a punto de llegar a España, pero varios expertos advierten de los desafíos que suponen tanto para el sector privado como para el público.
  • Que estos fondos no acaben permeando a pymes o autónomos o que no haya las suficientes empresas tractoras como para canalizar todo este maná, entre los desafíos claves.
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Los fondos europeos ya están aquí. Costó desvelos el verano pasado, pero finalmente se logró el acuerdo en julio de 2020 y la Unión Europea sentó las bases de su plan de recuperación. Un ambicioso "plan Marshall" que pretendía reconstruir la economía de los estados miembros y del que España salió especialmente beneficiada, con la recepción de 140.000 millones de euros de los cuales 72.000 millones serían ayudas directas, y no préstamos.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno español fue el primero que aprobó Bruselas y servirá para articular estos fondos, que irán regando el país durante los próximos años. Antes de que termine 2021, España habrá recibido 19.000 millones, de los cuales 10.500 millones serán entregados a las comunidades autónomas, según anunció el propio presidente Pedro Sánchez hace escasos días.

El maná europeo ha pasado de ser un concepto a ser prácticamente tangible, pero ya se escuchan dudas tanto en el sector público como en el sector privado sobre la capacidad que tendrá España de canalizar y aprovechar al máximo este dinero. Incluso en el Gobierno se llega a cuestionar si el país cuenta con empresas lo suficientemente tractoras como para que los fondos europeos no acaben teniendo problemas de oferta, sino de demanda.

En unos términos similares se refirió a este desafío una exministra de Educación y ahora eurodiputada, la popular Pilar del Castillo, hace unos meses en una entrevista con este medio. Ella planteaba el riesgo de que no haya quién pida esos fondos en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas por los problemas de liquidez que ha causado la pandemia en numerosísimos negocios.

El Gobierno centralizará la concesión de ayudas europeas en comités de expertos y en una plataforma de contratación abierta al público para garantizar la transparencia del reparto. Pero de la misma manera que surgen dudas con respecto al sector privado, también surgen otras cuantas con respecto al público. Un ejemplo de esta certidumbre llegó a finales de mayo, cuando se supo que la Junta llevaba semanas intentando incorporar la construcción de un nuevo hospital en Cádiz con estos presupuestos.

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Hubo que aclarar que los fondos europeos no contemplan partidas para construir infraestructuras como esa.

Se ha pronunciado incluso el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, quien en una reciente entrevista con La Vanguardiaadvertía que el tema de la "absorción" de estos fondos "es una cuestión muy importante". "España e Italia están entre los países con menos capacidad de absorción, y ello tiene que ver en buena parte con la relación entre el centro y las regiones. En cualquier caso, nuestra confianza es que las cosas están cambiando".

Para profundizar en este debate, Business Insider España ha consultado con diversos expertos universitarios, así como especialistas tanto de la patronal como de los sindicatos, donde ven ellos y ellas los desafíos de estos fondos y su inyección en la economía española. Estas son sus respuestas.

Habrá propuestas que se quedarán desiertas

El comisario europeo de Economía Paolo Gentiloni charla con la vicepresidenta económica española Nadia Calviño durante una reunión del Eurogrupo.
El comisario europeo de Economía Paolo Gentiloni charla con la vicepresidenta económica española Nadia Calviño durante una reunión del Eurogrupo.

Reuters

"En algunas parcelas de intervención no habrá demanda". Así de tajante es Manuel Hidalgo, director del Observatorio de Fondos Next Generation EU de ESADE y EI y de la EsadeEcPol, el Centro de Políticas Económicas de la ESADE. Aunque matiza, ya que "la respuesta no es fácil": no habrá demanda en determinadas parcelas "si seguimos las estrategias tradicionales aplicadas por los fondos FEDER y los incluidos en los llamados Marcos Financieros Plurianuales".

"No es raro que algunas partidas de fondos queden sin aplicar y sea necesaria una reprogramación", reconoce, aunque cree que "las estrategias definidas en los PERTE o en otras diseñadas por los ministerios pueden dar salida a buena parte de los fondos de un modo más fluido, hacia industrias y sectores que sí pueden tener una gran demanda". 

"Hay algunas intervenciones donde el éxito depende de que haya un número crítico de empresas o ciudadanos que quieran acudir, y sobre esto hay algunas dudas", advierte el experto, en referencia a "subvenciones o proyectos de inversión" como las ayudas a la I+D o "por ejemplo, subvenciones a la instalación de sistemas de ahorro de energía".

Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos en CEOE, sí considera que el tejido empresarial está preparado para proponer proyectos con los que captar fondos europeos. "La arquitectura que ha diseñado el Gobierno de España de los fondos en su canalización en torno a subvenciones va a ser por el criterio de cofinanciación, es decir, hay que aportar recursos propios a esa ayuda que llegue por parte del Estado para poder ejecutar proyectos y tenemos un tejido empresarial muy preparado", afirma.

"Por cada euro público se van a movilizar 4 euros privados", resalta Socías, señalando como ejemplo las 4.000 manifestaciones de interés que ha recibido el Ministerio de Transición Ecológica con un volumen de fondos que casi cuadruplica los que España va a recibir para proyectos de ese ámbito, como en el caso del PERTE del vehículo eléctrico, donde está prevista una inversión pública de 4.100 millones de euros y una movilización de fondos privados de 19.000 millones.

La colaboración público-privada se tornará imprescindible

Desde CCOO, su secretario de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, también pone el acento en la colaboración público-privada. "Pensamos que España tiene capacidad para canalizar y desplegar los fondos europeos, si bien esto debe producirse con una participación relevante del sector público, compatible en muchos proyectos con la participación del sector privado", explica. 

Bravo considera que hay capacidad tractora en las grandes empresas españolas para sacar partido a los fondos europeos, pero reclama dar entrada a otros sectores del tejido productivo. "Deben incorporarse de forma activa medianas y pequeñas empresas con una distribución territorial adecuada, con objeto de favorecer el desarrollo y transformación de nuestro tejido productivo, apostando por la generación de empleo de calidad y estable", añade.

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En ese sentido, Carlos Balado, profesor en la OBS Business School y director del Eurocofin recuerda que está previsto destinar "un 17,6% a proyectos de educación, un 17,1% a industria, pymes y modernización del turismo, un 16,5% a ciencia, innovación y salud; otro 16% a desarrollo urbano y rural, un 12,2% a infraestructuras y ecosistemas resilientes, un 8,9% a la transición energética y un 5,7% a políticas de empleo y dependencia".

"Las grandes corporaciones españolas han presentado la documentación necesaria para que las diferentes administraciones aprueben o rechacen sus proyectos. Si el Gobierno accediera a todas, se superaría el 207% del total previsto como ayuda directa para las empresas, por lo que el problema de los fondos no es de falta de demanda o de capacidad de gestión de las compañías", resume. "Es la Administración quien marca la pauta, las empresas ya han puesto en marcha su demanda".

Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, también apunta a esas diferencias entre empresas. "El diseño de los fondos viene a intentar buscar la capilaridad a través de lo que se llaman empresas tractoras, y tiene una desventaja de acceso como beneficiario de esos proyectos, la pyme y el autónomo siempre están supeditados a que se enganchen a un proyecto en el que existe una empresa de mayor tamaño, en función de las condiciones de esa empresa, que es la que va a repartir", añade.

Por su parte, Juan Carlos Higueras, analista económico y profesor de EAE Business School, coincide con Luis Socías en destacar que las compañías no serán el problema a la hora de rentabilizar los fondos europeos. “Creo que el sector privado es capaz de absorber y canalizar todo lo que le echen encima, porque, a fin de cuentas, si no tiene capacidad, la amplía", asegura, precisando que será la burocracia la que ralentice la ejecución y aprobación de muchos proyectos. 

El sector público también tendrá dificultades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del Consejo Europeo de diciembre

Reuters

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO considera que las Administraciones podrán canalizar y distribuir ágilmente las ayudas europeas. "El sector público tiene capacidad para ello", recalca, aunque reconoce que el reparto será un desafío. "Los fondos europeos son, sin duda, una oportunidad y un reto para el desarrollo y fortalecimiento de mecanismos de cooperación y actuación coordinada de los distintos niveles de nuestra estructura administrativa", detalla.

En cambio, Luis Socías resalta posibles dificultades de la Administración para repartir los fondos. "El freno que puede haber ahora para la agilidad de la canalización está precisamente en la capacidad del sector público de tramitar los expedientes, porque la arquitectura de los fondos está orientada a que lleguen al tejido productivo a través de contratos públicos y de subvenciones, es decir, el sector público español es la piedra angular del sistema", explica.

Socías reclama implantar el Real Decreto 36/2020, que entró en vigor en enero para agilizar trámites administrativos y que sigue paralizado en el Congreso, además de pedir la reorganización de recursos públicos para garantizar la gestión de los fondos. En cuanto al control, prioriza garantizar el principio de concurrencia competitiva y un control "férreo" por parte de la Intervención General del Estado, además de reclamar indicadores que midan su grado de ejecución e impacto.

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El responsable de CEOE destaca que España no tiene un buen historial de ejecución de fondos europeos, al igual que Juan Carlos Higueras, que critican que solo se ha ejecutado un 57% de los fondos de cohesión para el periodo 2014-2020, mientras que señala que el resto está pendiente de ejecución o sin licitar. "Una de las cosas que muchos llevamos denunciando desde hace tiempo es que España siempre está a la cola de la ejecución y el consumo de este tipo de fondos", añade.

"Si en 6 años no hemos sido capaces de ejecutar fondos de cohesión de 40.000 millones de euros, ¿qué va a pasar cuando nos lluevan 70.000 millones?", se pregunta el profesor de EAE Business School, precisando que la supervisión del uso de los fondos debe combinarse con mecanismos que agilicen el reparto, aunque prevé que la necesidad de apoyos parlamentarios del Gobierno retrase el proceso. 

Mientras, Celia Ferrero centra sus dudas en la capacidad de la Administración central para garantizar la permeabilidad de las ayudas europeas a todo el tejido empresarial. "Hay que tener en cuenta que los fondos europeos se han gestionado básicamente por las comunidades autónomas y sobre todo esa es la única forma de la que se ha llegado en muchas ocasiones a pymes y autónomos", asegura.

Hay que evitar que la Administración se vea desbordada

Por ese motivo, la vicepresidenta de ATA reclama iniciativas para evitar que el sector público se vea desbordado por el proceso de reparto de los fondos europeos. "Por eso nosotros creemos que ahí habrá que ir haciendo ajustes, porque no estamos convencidos de que la Administración General del Estado tiene capacidad suficiente para gestionar el número de clientes que podrían darse en este tema, sobre todo de licitaciones", añade.

De hecho, el director de Eurocofin y profesor de la OBS, Carlos Balado, recuerda que "a la vista de los datos" la Administración "en su conjunto" tiene problemas para ejecutar los gastos. "En esta ocasión, y en muy poco tiempo, las Administraciones van a tener que gestionar convocatorias que suponen cinco veces más del volumen que estaban habituadas a gestionar".

Según los datos de ejecución presupuestaria de mayo, el Estado ejecutó hasta entonces 126 millones de euros del gasto presupuestado para el Plan de Recuperación mediante transferencias a las autonomías. "De esta forma, mientras que las comunidades no ejecuten el gasto correspondiente a los fondos transferidos, habría que hablar de una distribución de fondos entre subsectores, pero no de una ejecución material del Plan".

"Es posible que las comunidades no dispongan de tiempo efectivo para ejecutar completamente las actuaciones previstas".

Manuel Hidalgo, de la ESADE, pone el foco en la formación para funcionarios. "Falta todo aunque no para todos. En las Administraciones existen cuadros muy preparados para la gestión de fondos, pero no son la mayoría", lamenta. 

"Esta gestión es muy exigente y cuesta para aquellos que se encuentran de forma tangencial con dicha gestión. La curva de aprendizaje no es fácil y muchas veces se desconoce todos los detalles de su gestión, lo que lleva a retrasos y errores. Para ello es necesario dedicar recursos a formación, por ejemplo, crear cuadros especializados y generar economías de escala dentro de la administración", opina.

Las grandes empresas serán las protagonistas

Hidalgo incide en que los fondos se repartirán "de forma muy capilar" en los diversos componentes, y dentro de los mismos "en multitud de inversiones diferentes". "Esto lleva a que no haya una enorme concentración de los mismos". Dicho esto, considera "evidente" que una parte muy importante de estos fondos será gestionada en inversiones que protagonizarán grandes empresas.

"La pyme también será receptora, lo que no obstante obligará un buen esfuerzo por parte de las administraciones para hacerles llegar la información y los fondos".

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En este tema, Celia Ferrero destaca que pymes y autónomos quedarán supeditados a las grandes empresas como beneficiarios de los fondos, aunque no como usuarios finales. "Estamos viendo muchísimos proyectos de digitalización de consorcios, grandes compañías e incluso de organizaciones y sindicatos que buscan la digitalización de la pyme y del autónomo mediante la puesta en común de las diferentes herramientas y de carpetas de servicios estandarizadas", explica.

"De ahí sí que creemos que puede que haya una parte bastante importante que sí llegue, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que estas compañías no siempre tienen el beneplácito de un autónomo y una pyme", añade la vicepresidenta de ATA, que destaca que su organización y Cepyme comparten la preocupación por el nivel de desconfianza en autónomos y pymes respecto al discurso de digitalización y sostenibilidad que acompaña a los fondos europeos.

El riesgo de un efecto arrastre sobre autónomos y pymes

Un trabajador autónomo trabajando desde cualquier lugar.
Un trabajador autónomo trabajando desde cualquier lugar.

Por ello, Ferrero considera que los fondos tendrán un efecto arrastre en autónomos y pymes, aunque no prevé un impacto directo. "Si la inversión se produce siempre en el mismo tipo de tejido empresarial para las grandes empresas, generalmente en España puede que muchas pymes y autónomos terminen de quedarse rezagados ya para siempre", asegura, señalando que podrían desaparecer al no poder competir con las empresas que tienen el tamaño suficiente para acceder a licitaciones.

Mientras, Juan Carlos Higueras comparte el pesimismo de la número 2 de ATA. "Ya lo empezamos a ver, la mayoría de los proyectos que hay, los PERTE y las iniciativas que hay están lideradas por las grandes empresas del Ibex y grandes corporaciones en general, que son las que tienen contacto directo con el Gobierno y que al final van a ser los que canalicen todo esto", asegura.

Por ello, el analista económico y profesor de EAE Business School considera que es difícil que haya un impacto directo de los fondos europeos sobre pymes y autónomos, aunque precisa que sí se conseguirá un impacto indirecto a través de subcontratas. "Difícilmente va a llegar de forma directa a los pequeños empresarios y debería llegarles, que son lo que realmente son los que tienen que reconstruir la red de la economía y puestos de empleo”, recalca.

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Por su parte, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO reclama incorporar a las pymes al reparto de las ayudas europeas. "Los fondos, en los casos en los que se produzca la participación del sector privado en su aplicación, deben tener una aplicación que no esté monopolizada solo por las grandes corporaciones", señala.

Por ello, Carlos Bravo destaca que la arquitectura del reparto de fondos ya tiene en cuenta a las pymes. "Es adecuado, como parece estar aplicándose en los pocos proyectos hasta ahora conocidos, que la presencia de grandes empresas vaya y tenga que ir acompañada de una relevante participación de medianas y pequeñas empresas, que multiplique además el impacto positivo en volumen y calidad del empleo", detalla.

"El éxito o fracaso de estos fondos va a depender de que pymes y autónomos se suban a la ola de las ayudas europeas", destaca Luis Socías, que pide combinar 2 tipos de medidas: "proyectos transformadores que, impulsados por grandes empresas, tengan capacidad de arrastre en su ecosistema de pymes y autónomos, y ahí los PERTE pueden ser una buena figura, y en segundo lugar convocatorias ad hoc dirigidas a las características y especialidades de las pymes y autónomos".

Para ello, el jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE prioriza la necesidad de informar correctamente a pymes y autónomos, destacando que la patronal ha puesto en marcha una plataforma, CEOE por Europa, que busca acercar esa información a través de un sistema de alertas cualquier contrato y convocatoria que surge en el ámbito nacional, ya sea autonómico, local o estatal para garantizar que todas las empresas, independientemente de su tamaño, se sumen a los fondos.

"Lo que es importantísimo es la información, acercar a cualquier pyme o autónomo cómo funciona una convocatoria, tener claro que aunque suene a fondo europeo, son fondos que gestiona el sector público nacional, que tienes que acercarte a tu ventanilla autonómica, local o nacional, qué es una base reguladora, qué es un pliego administrativo, qué es un gasto elegible...", detalla Luis Socías.

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