El Gobierno despliega un paraguas de medidas económicas para capear la tormenta inflacionaria en hogares, industria y construcción y mercado energético

La inflación lleva meses arañando el bolsillo de los españoles hasta abrir un roto por el que se escapa el poder adquisitivo. Ahora, la crisis en Ucrania amenaza con asestar el golpe de gracia a la economía de los hogares.

El Gobierno se prepara para desplegar un paraguas de medidas económicas con el que capear una tormenta inflacionaria que está durando más de lo esperado. Si la inflación llevaba descontrolada desde septiembre, en febrero apretó un poco más: el precio de los productos se disparó al 7,4% en febrero. No se veía algo igual desde 1989, hace 33 años.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy en el Congreso que impulsará un Plan Nacional de respuesta al impacto económico de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y que tendrá como objetivo evitar caer en una espiral inflacionaria.

Por lo pronto, habrá una prórroga hasta el próximo 30 de junio de las rebajas de impuestos vigentes para rebajar el recibo de la luz, los descuentos adicionales del bono social y las ayudas para los consumidores industriales. 

Además, ayer el Gobierno aprobó costearle a las constructoras los sobrecostes por la inflación en las obras y convoca una subasta extraordinaria de renovables.

La idea es cubrir aquellos frentes en los que el mazazo de la inflación sea mayor: industria y construcción, hogares y mercado energético.

Medidas para la industria y para mitigar la subida de precios

Cada vez es más difícil llegar a final de mes. La inflación agujerea los bolsillos de los hogares y presiona los costes de fabricación de las empresas. Como consecuencia, el poder adquisitivo cae y las empresas tienen que decidir: o reducen márgenes y sufren pérdidas, o repercuten los costes en el precio final, es decir, en los hogares.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy en el Congreso que impulsará un Plan Nacional de respuesta al impacto económico de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que incluye un "gran acuerdo" de rentas con los agentes sociales.

El objetivo será evitar caer en una espiral inflacionaria que "mine el poder de compra de las familias y ponga en riesgo la recuperación económica". Se trata de hacer frente "al impacto que pueda tener sobre la industria y la evolución de los precios".

"Vamos a hablar con los agentes económicos para ver de qué manera poder hacer frente a las consecuencias económicas" del conflicto en Ucrania, añadió Sánchez, y también avanzó que "el Gobierno ya está hablando con la Comisión Europea para que se puedan articular medidas de compensación económica a los sectores afectados por estas sanciones".

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Constructoras: El Gobierno correrá con los gastos de la subida de la inflación en las obras

Después del golpe del COVID-19 en la economía, tocaba recuperarse. Para hacerlo rápido, el Gobierno fiaba sus esperanzas a uno de los sectores más intensivos en mano de obra: la construcción. 

Pero entonces el precio de las materias primas se disparó, y la inflación también, lo que encareció los costes de construcción. Un escollo con el que el Gobierno no contaba y que ponía en riesgo su macroplan de rehabilitación. Además, las constructoras se quejaban de tener que hacer frente a contratos públicos con un alza de costes en los materiales que llegaba al 8% y que no se refleja en esos contratos.

Para salvarlo, el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley para costear a las constructoras los sobrecostes de obra por la inflación. Si el problema es el coste de las obras, habrá que sufragarlo.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana compensará a las constructoras cuando los costes de la obra superen el 5% del importe certificado en el contrato. 

"Somos conscientes que las actuales circunstancias son perjudiciales en cualquier contrato público", reconoció la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Pero hay bastante letra pequeña: El incremento de costes no podrá ser de más del 20% del precio de adjudicación, sólo servirá para contratos con la administración central que se firmaran en 2021(aunque las comunidades y ayuntamientos podrán sumarse) y no se incluyen sobrecostes por el encarecimiento de la energía.

Más apoyo para mitigar el mazazo en la factura de la luz

Uno de los productos donde más se están notando los efectos de la inflación es en la factura de la luz. En diciembre, por ejemplo, el precio de la electricidad subió un 72% interanual, después de escalar a máximos prácticamente cada día del mes. 

Pero la situación puede ser todavía peor por la crisis de Ucrania. En los últimos días el gas ha subido un 60%. Al encarecerse el gas, sube la electricidad, que vuelve a escalar a máximos, por encima de 200 megavatio/hora. 

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"Hemos venido trabajando en el apoyo presupuestario a través de una rebaja fiscal", ha dicho hoy la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

"Pero no basta", ha añadido: "No tiene sentido cuando estamos viviendo una situación tan extraordinaria de precios el que se produzca este shock tan relevante sin estar claro quién o cómo puede beneficiarse, pero sí sabiendo que son los consumidores domésticos e industriales los que están afrontando estas consecuencias".

Hoy Sánchez ha avanzado que el Gobierno prorrogará hasta el 30 de junio las bajadas de impuestos actuales: la rebaja delIVA, del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%.

Hasta ahora, estas medidas han supuesto una rebaja del 30% en el recibo de la luz, según el Ministerio de Transición Ecológica.

Sánchez también ha anunciado la prórroga del descuento en el bono social eléctrico, invitando a gobiernos autonómicos y municipales a aprobar medidas de protección a consumidores vulnerables, y también la rebaja del 80% de los peajes para la industria electrointensiva, así como las medidas de flexibilización en la contratación de gas natural para este tipo de consumidores.

Una subasta extraordinaria de renovables

Para aumentar la capacidad de generación renovable en España, el presidente del Gobierno ha anunciado la convocatoria de una nueva subasta adicional este mismo semestre y una nueva partida de 1.000 millones de euros, dentro del PERTE de energías renovables e hidrógeno verde, para el desarrollo de nuevos proyectos fotovoltaicos y eólicos.

La respuesta estructural al problema del mercado energético, sin embargo, debería venir de la mano de la Comisión Europea, que es la que tiene las competencias en la regulación del mercado eléctrico y sus precios, Ribera ha adelantado que el Gobierno debe hacer "un esfuerzo adicional por incorporar nuevas medidas de protección del consumidor".

"Hace falta reformar nuestro mercado energético de una vez por todas, porque la evolución del gas condiciona la evolución del precio de la electricidad. Tenemos que desacoplarlo, de esa manera estaremos también conteniendo esa alza en los precios", coincide el presidente Sánchez.

Así, mientras se espera a que Bruselas ponga en marcha una reforma del mercado energético, Ribera ha apostado por medidas que faciliten a pequeños comercializadores el acceso a electricidad a precios razonables y por asegurar que la electricidad de energías renovables tenga un coste de producción más ajustado.

La reforma fiscal: ¿sin subida al diésel?

Es la gran pregunta. Ahora que el precio la gasolina y el diésel sube a tasas del 30% propulsados por el alza del petróleo y arrasando con el precio de la cesta de la compra, ¿es un buen momento para subir impuestos a los combustibles?

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Antes de que estallara la crisis de Ucrania, el Gobierno estaba preparando una ambiciosa reforma fiscal que podría aprobar entre 2022 y 2023, y que incluía subidas a grandes rentas en el IRPF o al diésel, el pago por uso de carreteras, nueva fiscalidad verde y bajadas para pymes o en el IVA a productos de higiene femenina. 

Pero el descontrol de la inflación que ahora agrava el conflicto en Ucrania podrían dar al traste con algunas de las medidas planteadas, especialmente las relacionadas con fiscalidad verde.

"La Comisión de expertos tiene sus trabajos previos a esta crisis energética. Todo se tiene que adaptar", reconoció el propio Sánchez, cuando le preguntaron por una eventual subida al impuesto al diésel. 

El año pasado, el Gobierno encargó a un comité de 17 expertos la elaboración de esta reforma. Las conclusiones del comité iban a conocerse esta misma semana. Cuando ocurra, el Gobierno podría dar marcha atrás con algunas de las medidas.

"Vamos a recibir el informe teniendo en cuenta la situación actual", coincidió ayer la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, preguntada también por la subida a los impuestos sobre hidrocarburos.

Parece claro que, independientemente de que la reforma fiscal pueda incluir subidas fiscales, éstas se centrarán en rentas altas, mientras que la presión sobre energías fósiles podría tardar un poco más en llegar.