¿Hay riesgo de que los 12.000 millones de euros que recibirá España de ayudas europeas caigan en saco roto?

El miércoles 9 de marzo, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, cifró en 12.000 millones de euros el coste para el Gobierno de hacer frente a la rebaja de la factura energética a hogares y empresas. 

Dos días después, el Ejecutivo anunciaba que pediría a Bruselas el desembolso de otros 12.000 millones de euros de los fondos europeos. No sólo es el importe más cuantioso de los recibidos hasta ahora, también es el que tiene la letra pequeña más difícil de cumplir: si España quiere el dinero, tendrá que sacar adelante hitos como la reforma laboral.

Lo único que hay en común entre los 12.000 millones que el Gobierno quiere recibir de Bruselas y los 12.000 millones que podría gastar en el paraguas de medidas para capear la tormenta inflacionaria es la coincidencia en el número. 

Pedro Sánchez acude esta semana al Consejo Europeo para buscar una fórmula común entre los líderes comunitarios para aliviar el impacto de la factura energética en los bolsillos de hogares y empresas. Controlar el precio de la luz o desacoplar el precio del gas de la factura eléctrica son algunas de las medidas en el menú, sobre las que los 27 decidirán.

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Los objetivos a los que van dedicados uno y otro importe son muy concretos y diferentes. Pero la casualidad lanza una pregunta: ¿hay riesgo de que las nuevas necesidades financieras sobrevenidas por la crisis en Ucrania se coman (o mitiguen) el efecto dinamizador de los fondos europeos?

España fía la recuperación de la economía a la llegada de las ayudas europeas. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, reconoció recientemente que confiaba en que los fondos sirvan para evitar que "la economía descarrile".

Pero ese dinero se había presupuestado antes de saber que un nuevo mazazo sacudiría a hogares y empresas, volviendo a poner la recuperación económica en el borde del precipicio.

El resumen viene a ser que la recuperación se verá afectada pese a la llegada de los fondos, pero que definitivamente sin ese dinero ahora mismo España estaría en una situación límite.

"La crisis tendrá un efecto negativo de por sí, y es precisamente el efecto de los fondos la que mitigaría a la primera, generando algo más de crecimiento", apunta Manuel Hidalgo, investigador sénior del Centro de Políticas Económicas de Esade.

Sin embargo, explica Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, "al empeorar la situación y aparecer nuevas necesidades de gasto, se plantea un problema para el Gobierno".

Cada vez son más los gastos a los que tiene que hacer frente el Gobierno para evitar que la recuperación económica se vaya al garete. Al desembolso multimillonario en ayudas y líneas de crédito para hacer frente a los estragos de la pandemia se suma ahora el coste de las medidas para capear la tempestad energética.

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"El Gobierno tendrá menos dinero y va a tener que elegir a quién ayuda. Los fondos europeos ayudarán a mantener la economía, pero el gobierno va a tener más dificultades", añade De la Fuente.

Ya lo avisó la propia Calviño cuando tras el estallido de la guerra en Ucrania reconoció que "vienen tiempos difíciles". "Tenemos que hacernos a la idea de que esto es lo que viene, un alza de los precios de la energía que tiene un impacto sobre la inflación", dijo entonces.

"Ahora mismo estábamos creciendo a un ritmo bastante alto. Ese ritmo va a bajar, pero si la tensión continúa, podríamos entrar otra vez en cifras negativas", avisa De la Fuente. 

Según estimaciones de Funcas, cada punto adicional de inflación como consecuencia del ascenso de la factura energética supone una pérdida de poder adquisitivo para los hogares de cerca de 7.600 millones de euros. 

Ahora mismo, el desfase en las previsiones de inflación está en 2,2 puntos (se prevé una inflación del 6,8%, frente al 4,6% que había antes del conflicto). Esa diferencia se traduce en una pérdida de poder adquisitivo de 15.200 millones de euros para los hogares.

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"Los fondos europeos van a tener un efecto positivo en la recuperación. Ahora, ¿que si la situación sobrevenida va a mitigar esos efectos? Seguro que sí", coincide Diego López Garrido, vicepresidente de la Fundación Alternativas y ex secretario de Estado para la Unión Europea.

La pregunta entonces sería cuánto del impacto sobrevenido por la nueva crisis pueden mitigar los fondos europeos, nacidos a priori con otro propósito (el de levantar la economía tras la pandemia y fortalecerla de cara a futuras crisis).

Máxime en un momento en el que los problemas le llueven al Gobierno por todos los frentes (cuellos de botella, inflación desbocada, riesgo de desabastecimiento, huelgas...). 

Si antes ya tocaba lidiar con una deuda astronómica, un PIB que no terminaba de despegar y unas reformas sin apoyo suficiente, ahora a todo eso hay que sumarle la búsqueda de una fórmula mágica que reparta las cargas del aumento de la factura energética al tiempo que alivia a empresas y hogares. Una quimera.

3 condiciones para que los fondos europeos no caigan en saco roto

La respuesta a si los fondos lograrán cumplir la difícil misión dependerá en gran medida de 3 condiciones: 

La primera, que España cumpla las promesas hechas a Bruselas para poder recibir los fondos. Si el Gobierno no logra sacar adelante reformas estructurales, como la laboral o la de pensiones (y no será fácil), la Comisión Europea podría congelar las ayudas comprometidas.

El problema es que se trata de reformas complejas, impopulares, y que además tiene que conseguir aprobar en un parlamento ya de por sí dividido. 

En segundo lugar, dependerá de la velocidad a la que se gaste el dinero de las ayudas europeas. Por el momento, las convocatorias de proyectos están saliendo a cuentagotas. A principios de este año, CEOE criticaba que España sólo había desembolsado el 2% de las ayudas europeas para empresas. 

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"Las convocatorias deberían acelerarse desde la administración pública. Deberían salir ya rápidamente, pero no avanzan a la suficiente velocidad", avisa López Garrido.

En enero había tres grandes proyectos estratégicos (PERTE): el del coche eléctrico, el de salud de vanguardia y el de energías renovables. El martes, el Gobierno anunció dos más (el del agua y el del sector aeroespacial).  Pero faltan más.

Aún en el caso de que los hitos se cumplan y los proyectos se aprueben, llegaría la tercera de las condiciones: que España logre gastar el 100% de los fondos. 

España nunca se caracterizó por aprovechar el dinero que recibe de la Comisión Europea. Tradicionalmente se encuentra entre los países europeos con peor ejecución. Eso significa que fondos llegan, pero no se gastan a tiempo.