El Gobierno lo vuelve a intentar con sus objetivos de deuda y déficit y ya con la cuenta atrás en marcha para que Europa tenga nuevas reglas fiscales

El filme Atrapado en el tiempo protagonizado por Bill Murray en 1993 globalizó una festividad norteamericana conocida como el Día de la Marmota, que se celebra todos los años el 2 de febrero. Este martes, 11 días después, el Consejo de Ministros vivirá su singular Día de la Marmota, esta vez protagonizado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Gobierno anunciará hoy la aprobación de los objetivos de deuda y los de déficit para el período de 2024 a 2026. La cosa es que no es la primera vez que lo hace para 2024: el Ejecutivo ya dio luz verde a mediados de diciembre a estos dos documentos indispensables para poder presentar los nuevos presupuestos generales en las Cortes.

Sin embargo, la semana pasada, el Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta— tumbó ambos. Los reproches comenzaron a sucederse días antes de que la votación tuviese lugar en la Cámara Alta. Los populares avisaron de su negativa pero se abrieron a negociar a cambio de ampliar la rebaja del IVA alimentario, incluir una deflactación del IRPF o una bajada de impuestos a la energía.

María Jesús Montero, por su parte, vio "inviables" las condiciones que pusieron desde el PP y advirtió qué sucedería si la senda de déficit decaía en el Senado: el Gobierno presentará de nuevo sus objetivos, y si estos también se hunden en tramitación parlamentaria, los PGE se tramitarán teniendo en cuenta los objetivos fiscales que España mandó a Bruselas en abril del 2023.

Por el momento, los sucesos siguen el guion pautado. El miércoles pasado el Senado tumbó los objetivos y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzó hace unas horas que los nuevos —e idénticos— llegarían a la reunión del Consejo de Ministros de este martes para que vuelvan a dar el salto a la tramitación parlamentaria lo antes posible.

Todo este guion ya aparece en la ley de estabilidad presupuestaria, que prevé que si la senda es rechazada en Cortes, el Gobierno tendrá que volver a presentar una propuesta en el plazo máximo de un mes. De volver a decaer por segunda vez, los objetivos que entrarán en vigor serán los del Programa de Estabilidad que la Comisión Europea recibió el año pasado.

"Volveremos a llevar la senda sabiendo que van a votar que no y entrarán en vigor los objetivos del mes de abril, que serán más perjudiciales para las comunidades y ayuntamientos porque así lo ha querido el PP", amenazó la ministra Montero en la sesión en el Senado en la que se rechazaron los documentos.

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En un principio, el Gobierno, con la senda de déficit presentada en diciembre, anunció que flexibilizaría los objetivos de las comunidades autónomas asumiendo una décima del objetivo marcado para ellas. También las entidades locales —ayuntamientos— se podrían relajar un poco más: en abril se les requería superávit, en diciembre, equilibrio presupuestario.

Hasta el momento, el Gobierno se había puesto como objetivo contar con unas nuevas cuentas públicas antes de que terminara abril de este año. El techo de gasto y la senda de estabilidad se presentaron en Moncloa a mediados de diciembre, llegó al Congreso de los Diputados a principios de año —en un pleno extraordinario— y al Senado la semana pasada, ya en febrero.

Lo cierto es que la obstrucción de los populares en la Cámara Alta provoca un retraso en la tramitación de los presupuestos, si bien la propia Montero avisó en el Senado que "aunque el PP crea que vetando estos objetivos el Gobierno no va a poder aprobar los presupuestos de 2024, se equivocan".

De hecho, que el techo de gasto vea (o no) la luz será especialmente importante este año, ahora que está a punto de entrar en vigor el Pacto de Estabilidad europeo, el nuevo acuerdo que marcará la senda de deuda y déficit de los estados comunitarios.

Con una deuda que ronda el 110% del PIB y un déficit que roza el 4%, España es uno de los países que más tendrá que apretarse el cinturón una vez entren en vigor las nuevas reglas fiscales europeas. Por eso es importante que los Presupuestos de 2024 (y en adelante) no se pasen de frenada en lo que se refiere al gasto.

"Lo importante es que volvemos a tener reglas. Para España la nueva normativa implicará que tendremos que fijar un techo de gasto que cobrará más importancia, y que tendremos que volver a presupuestar sin pasar el límite de gasto no financiero, el déficit y asegurando la reducción de la deuda", avisa Carmen López, socia de Analistas Financieros Internacionales (Afi).

Un techo de deuda que cobra relevancia ante el acuerdo provisional entre Eurocámara y Consejo

El pasado sábado los negociadores del Parlamento y del Consejo Europeos marcaron un nuevo hito al alcanzar un acuerdo político provisional sobre la reforma de las reglas fiscales propuesta por parte de los ministros de Economía y Finanzas de los 27, a finales de diciembre. 

Las reglas fiscales de la UE, que fijaban un máximo de deuda y déficit para los estados europeos, llevaban 3 años en modo pausa, desde que la Comisión Europea decidió suspenderlas para salir del atolladero provocado por la crisis del COVID-19. Se suponía que, ahora, los estados miembros iban a renegociarlas para llegar a un acuerdo más flexible que el anterior.

El acuerdo alcanzado entre Parlamento y Consejo no significa que las reglas vayan a entrar en vigor inmediatamente. Fuentes comunitarias consultadas por Business Insider España pronostican que "la entrada en vigor se producirá probablemente en mayo o junio", justo antes de las elecciones al Parlamento Europeo, aunque se está debatiendo la fecha de aplicación de las mismas.

"La idea es que la normativa entre en vigor en el segundo semestre. Otra cosa es que sea más flexible o escalonada, según se pacte", explica López.

Todo depende de lo que tarde en ver la luz el acuerdo definitivo. Por lo pronto, el acuerdo político provisional necesitará luz verde del Consejo de Representantes Permanentes (COREPER) y de la comisión parlamentaria de Economía de la Eurocámara. Finalmente, el acuerdo será refrendado por Consejo y Parlamento Europeo en sus respectivas y últimas votaciones.

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El nuevo Pacto de Estabilidad fija para todos los estados miembros un límite de déficit en el 3% y del 60% para la deuda. Los mismos límites que había en el acuerdo antiguo, pero con unas trayectorias de reducción más flexibles y adaptadas a la realidad de los estados. 

Cada país tendrá que presentar planes fiscales nacionales a mediano plazo que aseguren esa senda de reducción de deuda y déficit. Concretamente, los países tendrán que asegurar el ajuste fiscal al cabo de 4 años, o de 7 años si se comprometen a realizar reformas estructurales e inversiones pactadas con Bruselas.

En el caso de España, el Gobierno tendrá que reducir el déficit del 3,9% previsto a cierre de 2023 al 3%. Eso se traduce en un recorte de 12.000 millones de euros. Hacienda fía ese ajuste a un buen año de recaudación (tal y como ha ocurrido en 2023, con ingresos récord). 

Para López, será en la elaboración de los presupuestos "donde podremos observar que exista riesgo de incumplimiento por una previsión e ingresos que no estén en línea".

Sin embargo, los economistas ya han advertido de que no será suficiente: según el Consejo General de Economistas, España cerrará 2024 con un déficit en el 3,4% del PIB: "estimamos que no se van a mantener los ingresos de 2023 debido a un menor crecimiento económico".

Esto dejaría a España entre los países con deuda excesiva, que tendrán que comprometerse a ajustes: el nuevo Pacto de Estabilidad fija para estos países una reducción de media de la deuda del 1% anual (si supera el 90% del PIB, como es el caso de España). 

Además, si el déficit supera el 3% del PIB (como ocurre), el requisito sería reducirlo durante los períodos de crecimiento hasta alcanzar un nivel del 1,5% del PIB.