Los tiempos de dejar abierto el grifo del gasto se han terminado, y es hora de apretarse el cinturón. Esta es la máxima que defienden cada vez más organismos y casas de análisis cuando hablan de las previsiones para la economía española.

Después de 3 años de expansión fiscal, toca hacer ajustes. "En los próximos años hará falta emprender una senda de ajuste hacia la estabilidad presupuestaria", explicó ayer Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research, en la presentación del informe Situación España del servicio de análisis.

En los últimos años el Gobierno ha sacado toda la artillería fiscal, entre el desembolso multimillonario de gasto público para hacer frente a los estragos de la pandemia y el paquete de medidas para aliviar el impacto de la crisis de la inflación.

Solo en los últimos meses, el gasto asciende a 45.000 millones de euros de fondos públicos en medidas para aliviar el impacto de la inflación, entre rebajas fiscales, bonificaciones al transporte, ayudas directas y topes de precio de la electricidad y límites a los alquileres.

El peligro de una economía dopada: ¿Hay riesgo de tsunami de precios cuando el Gobierno retire las medidas que contienen la inflación?

Ahora que la recuperación económica toma velocidad de crucero, con un PIB que crece por encima de la media de la zona euro y una inflación que empieza a dar tregua y se modera a niveles que no se veían desde hacía 2 años, es hora de ir regresando a la normalidad.

"En 2024 vamos a tener tipos de interés más elevados y resistencia al crecimiento en algunos sectores. La sequía tampoco ayuda, y estimamos que a España le va a tocar tener una política fiscal más amarrada en un contexto en el que hay que regresar a las reglas fiscales marcadas por la Comisión Europea", coincide Jorge Sicilia, jefe del Grupo BBVA y Director de BBVA Research.

El objetivo de España es regresar a las normas fiscales del Pacto de Estabilidad marcado por Bruselas, que llevan congeladas desde 2019 por la pandemia, y que fijaban un déficit máximo del 3% y un techo de deuda del 60%. 

Concretamente, el Gobierno tendría que reducir el gasto primario neto financiado a nivel nacional en 2024 a un máximo del 2,6% respecto al año anterior, lo que implica un ajuste estructural de al menos el 0,7% del PIB en 2024.

Esa es la razón por la cual, tanto la Comisión Europea, como organismos como la OCDE, han pedido a España que empiece a retirar las ayudas fiscales actualmente en vigor para hacer frente al impacto de la crisis de precios.

Para el Gobierno, sin embargo, los organismos internacionales "sobredimensionan" sus previsiones.  "Hay un cierto sesgo, porque el optimismo no vende", explicaba ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Por eso, señalaba, y porque, tras la última crisis, se les critica "extraordinariamente" por no haber previsto la recesión de 2008.

"Nosotros prevemos que el déficit cierre este año en el 4%-4,5%. Si se eliminan a final de año estas medidas, sumado a cierta mejoría cíclica en 2024, creemos que el déficit podría acercarse al 3%", confirma Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.

El Gobierno ya prometió a Bruselas que reduciría el déficit al 3% en 2024, un año antes de lo previsto. Según el programa de Estabilidad enviado a bruselas, se espera que el déficit de las administraciones públicas disminuya gradualmente hasta el 2,7% del PIB en 2025 y hasta el 2,5% en 2026. Por lo tanto, se prevé que el déficit de las administraciones españolas disminuya por debajo del 3% del PIB en 2025 y que la ratio deuda pública baje del 109,1% del PIB a finales de 2024 al 106,8% a finales de 2026.

Por el momento, sin embargo, el Gobierno no ha dejado claro qué medidas empezará a retirar. En la cuerda floja están los descuentos al transporte público, aunque ya ha dejado claro que mantendrá otras medidas, como la rebaja del IVA a los alimentos, al haber ayudado a contener la inflación.