¿Qué va a pasar con las ayudas contra la inflación? El Gobierno fía la prórroga al 'extra' de recaudación en 2023

Rebaja en el IVA de alimentos básicos, bonificaciones al transporte público, rebaja en el IVA del precio de la luz...Han sido el salvavidas de hogares y empresas durante más de dos años. 

El escudo de medidas para aliviar el impacto de la crisis energética y de precios sirvieron para apagar el incendio provocado por la inflación en la economía. Pero en apenas unas semanas podrían desaparecer. Todo depende de lo que ocurra en los próximos meses con la recaudación.

El 31 de diciembre caducan las medidas anticrisis, y el Proyecto de Presupuestos para 2024 no prevé ninguna partida a financiar estas medidas, lo que invitaría a pensar que desaparecerían el año que viene. Sin embargo, el Gobierno fía una posible prórroga al extra de recaudación fiscal en 2023. 

"Lo primero es conocer cuál es el margen fiscal disponible y la situación desde el punto de vista económico y de precios. Teniendo en cuenta lo cambiante de la situación actual, lo lógico es que esta decisión se tome en el ultimo minuto", dejó caer ayer el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Teniendo en cuenta que las ayudas caducan el 31 de diciembre de 2023, Gascón aclaró que la decisión se tomará en el mismo mes de diciembre, que "corresponderá tomarla al nuevo gobierno que se forme y que tendrá que ser compatible con la decisión de reducción de déficit y de deuda".

Hacienda, sin embargo, analiza si el aumento previsto en la recaudación fiscal este año podría sufragar el coste de esas medidas, de manera que el Ejecutivo pudiera prorrogar al menos una parte de las mismas en 2024. En ese sentido, el secretario de Estado se mostró "optimista":

La recaudación tributaria aumentó un 4,5% en septiembre respecto al año anterior, "y nos vamos a encontrar con un incremento de los ingresos en octubre, lo que significa que probablemente superemos la barrera del 5% de crecimiento. ¿Hay margen? Es complicado saberlo, pero los datos no son malos".

Ese incremento del 5% en la recaudación se traduciría en unos 8.500 millones de euros. El coste del último plan anticrisis aprobado por el Gobierno a finales del año pasado superaba los 10.000 millones de euros, lo que invita a pensar que, margen hay, pero que quizás haría falta prescindir de alguna de las medidas ahora en vigor.

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Gascón detalló que octubre suele ser un mes potente en términos recaudatorios: "el año pasado los ingresos alcanzaron los 42.000 millones, y noviembre y diciembre creo que serán buenos, así que algo de margen nos encontraremos".

Pero no todos son tan optimistas. También ayer, la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, dejó claro que si España quiere cumplir con su objetivo de reducir el déficit público al 3% el año que viene, tendrá que ser eliminando las ayudas antiinflación.

La Airef estima 4.000 millones más de ingresos que el Gobierno, pero también 4.000 millones más de gasto, con lo que cumplir con el objetivo de reducir el déficit al 3% exigirá no prorrogar ninguna de las medidas en vigor actualmente, como las rebajas del IVA de la luz, gas o alimentos.

Eso es precisamente lo que piden cada vez más: que España debería empezar a retirar gradualmente estas medidas de apoyo. 

"Ahora que la inflación ha comenzado a bajar y que la recuperación está en marcha, se deben retirar gradualmente las medidas de apoyo para proteger a los hogares y las empresas de las consecuencias de la guerra en Ucrania", explicaba Aida Caldera, jefa de división en el departamento de Economía de la OCDE, en una entrevista con Business Insider España. Una recomendación que comparten la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional.

El objetivo es, básicamente, reducir el déficit, que empieza a enquistarse después del enorme esfuerzo de gasto público para hacer frente a los estragos de la pandemia y de la crisis de precios. El desembolso supera los 45.000 millones de euros entre rebajas fiscales, bonificaciones al transporte, ayudas directas y topes de precio de la electricidad y límites a los alquileres.