El mayor peligro para la economía española en 2024: el cóctel molotov de una deuda en máximos históricos

La enorme losa de la deuda pública lleva tiempo siendo uno de los grandes problemas de la economía española. Una patata caliente convertida en el regalo envenenado que le llega a todo nuevo gobierno, sobre todo después de la pandemia (aunque en este caso, es un regalito que se hace a sí mismo el Ejecutivo). 

Si en 2019 la deuda suponía el 95,5% del PIB de España, para marzo de 2021 se había disparado al 125,3%, y actualmente ronda el 109,9% del PIB.

Pero en 2024 la elevada deuda puede convertirse en un verdadero peligro para la economía. "Vamos a un contexto más complicado, seguro. El escenario para emitir deuda ahora va a ser menos favorable que en la última década", explica Salvador Jiménez, analista de Analistas Financieros Internacionales (Afi). 

Eso, sumado a un volumen de deuda en máximos históricos, a la recuperación de las reglas fiscales por parte de la Comisión Europea, que exigirán ajustes, a unos presupuestos todavía en pañales, sin un plan de consolidación fiscal claro, y al coste para las arcas públicas de la extensión de algunas de las medidas anticrisis, constituyen un auténtico cóctel molotov para 2024.

"España debería haber empezado a anunciar una senda de ajuste hace tiempo, desde que salimos de la crisis. Estamos en una situación muy incierta, con volatilidad de precios, conflictos que pueden terminar afectando a la economía, y donde el crecimiento puede caer en cualquier momento. Si hay una crisis financiera, que puede haberla, los más afectados serán los más endeudados", advierte Enrique Feás, investigador principal del Real Instituto Elcano.

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El vacío que deja el BCE

En los últimos 6 años, el Gobierno de España emitía mucha deuda nueva en el mercado, pero buena parte de esa deuda la absorbía el Banco Central Europeo (BCE) dentro de su programa de compra de activos, una herramienta con la que buscaba estimular las economías europeas después del batacazo sufrido por la crisis del COVID-19.

Casi un tercio de la deuda del Gobierno Central está en manos del BCE. Pero ya en marzo del año pasado el organismo anunció que cerraba el grifo con el fin de sus compras de deuda. "En adelante, esto ya no va a ser así. Es más, el BCE irá reduciendo tenencias", avisa Jiménez.

Y aunque el entorno de tipos de interés en negativo de los últimos años permitió que el pasivo se pagara prácticamente solo, las últimas subidas de tipos han vuelto a poner el viento en contra, y la deuda volverá a salirle más cara al Estado. 

Salir de caza: el Gobierno tendrá que buscar inversores en los mercados

Si el BCE deja de comprar deuda pública, los gobiernos tendrán que salir de caza y buscar inversores privados en los mercados. Pero para resultar atractivo en los mercados, hace falta dar credibilidad, y ¿quién va a querer comprarle deuda a un país que no deja clara su estrategia de consolidación fiscal?

"Los mercados atacan los países que tienen mayor deuda, entre los que está España", avisa Feás.

En el tercer trimestre, la deuda pública escaló hasta los 1,57 billones de euros, alcanzando un nuevo máximo histórico, según los últimos datos del Banco de España. Y aunque en porcentaje sobre el PIB sí que se ha reducido hasta el 109,9% (cerca del objetivo del 108,1% del Gobierno), España se mantiene como una de las economías más endeudadas de la eurozona, solo detrás de Grecia e Italia.

"Los países con elevadas deudas públicas sobre PIB, como España, no pueden permitirse asumir el riesgo de una espiral autodestructiva de aumento perpetuo descontado por los mercados de la ratio de deuda pública sobre PIB", reconoce Leopoldo Torralba, analista senior de Arcano.

Sin una estrategia de consolidación fiscal, los inversores podrían desconfiar de la solvencia de España. "Es el momento de lanzar un mensaje, y ya lo era hace dos años, para que los mercados vean que eres consciente del nivel de deuda, y que es algo que se va a reducir", insiste Feás.

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Un plan creíble

Y para eso hace falta un plan presupuestario y de consolidación fiscal creíble. 

El del año pasado no lo fue. "Hay cierto consenso en que el presupuesto para 2023 es excesivamente expansivo, y está basado en unas previsiones de crecimiento demasiado optimistas. Si nos creemos esas previsiones, acabaremos con un déficit mayor, y eso no son buenas noticias con tipos de interés y deuda al alza", comentaba José Emilio Boscá, investigador asociado de Fedea, hace unos meses.

Hace un año, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, cargó contra los últimos presupuestos por su "falta de realismo", y advirtió de que, sin una senda de reducción de la deuda, hay riesgo de que esta se estanque en el 100% del PIB para 2025 y no baje más.

Algo parecido puede ocurrir con los presupuestos para 2024, que están gestándose ahora en una carrera contrarreloj, desde que se formó el nuevo Gobierno, y que podrían venir acompañados de un mayor gasto en las ayudas anticrisis que se extiendan. 

"No tenemos ni un minuto que perder. Les anuncio que la primera medida que ha adoptado este Consejo de Ministros es la aprobación de la orden ministerial para la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2024", dijo la nueva ministra portavoz, Pilar Alegría, hace unos días.

También la Comisión Europea advirtió al Gobierno de que la situación fiscal de España es "muy difícil", y pidió un plan riguroso: "Claramente, habrá necesidad de establecer una estrategia fiscal creíble a medio plazo".

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El yugo de Bruselas

Poca broma con la advertencia de Bruselas. Ahora que los 27 piensan recuperar el Pacto de Estabilidad, España puede verse en un aprieto si no hace sus deberes fiscales.

"En enero deberían reactivarse las reglas: o las aplicas como eran antes y se hunde la economía, o las reformas para que puedan aplicarse de forma más razonable. Pero no puedes no aplicarlas, porque se hundiría el prestigio de la Comisión", avisa Feás.

La Comisión Europea suspendió las reglas fiscales de deuda y déficit en 2020. Tras el hundimiento de la economía por la crisis del COVID-19, y después la crisis de Ucrania, Bruselas decidió suspender el llamado Pacto de Estabilidad que debían cumplir los países europeos. Ese acuerdo fijaba un déficit máximo del 3% y un techo de deuda del 60%, so pena de tener que aplicar ajustes en caso de no hacer los deberes.

La recuperación de Bruselas recuperaría las reglas antiguas, y eso puede ser desastroso para economías como España. Pero aunque se apruebe la reforma de las reglas fiscales, España tendrá que hacer ajustes.

"Una vez pasada la doble emergencia de la pandemia y la crisis energética, y con una negociación sobre las nuevas reglas fiscales en marcha a nivel comunitario, los altos niveles de deuda y la perspectiva presupuestaria no son especialmente halagüeñas", lamenta Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol.

Por una parte, están las señales que se están enviando desde el gobierno en funciones, con la extensión de las medidas anticrisis, cuyo impacto presupuestario, añade Galindo, "corre el riesgo de convertirse en gasto permanente con efectos redistributivos y eficacia cuestionables". 

"Esto probablemente hará necesarios nuevos anuncios que permitan incrementar los ingresos o reducir los gastos", coincide Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. Es decir, más impuestos, o menos ayudas.

Sin embargo, no parece fácil. Por el lado de los ingresos, los frentes con mayor margen de crecimiento (impuestos ambientales, IVA) están comparativamente desatendidos o directamente se desfondan por la prolongación de estas mismas medidas. 

A esto se añade el enorme gasto en pensiones, continúa Galindo, "con una reforma que no responde al tamaño de los desafíos demográficos que nos aguardan. Otro gobierno sin asumir la realidad demográfica en su totalidad será otra patada para adelante y cada patada nos sale un poco más cara que la anterior".