Se acabó el recreo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya está haciendo sonar la campana para que los 27 empiecen a centrarse y uno de los primeros retos del nuevo Gobierno que surja de las urnas el 23-J será cumplir con los nuevos deberes mandados por Bruselas en materia fiscal.

A partir de 2024, los países europeos tendrán que volver a cumplir las reglas de estabilidad fiscal, y España no está precisamente bien posicionada. 

Tras el batacazo económico que supuso el COVID-19, y después la crisis de Ucrania, la Comisión Europea decidió suspender el llamado Pacto de Estabilidad que debían cumplir los países europeos. Ese acuerdo fijaba un déficit máximo del 3% y un techo de deuda del 60%, so pena de tener que aplicar ajustes marcados por Bruselas en el caso de no hacer los deberes.

En ese lapso de tiempo, mientras el pacto estaba suspendido, han pasado 2 cosas: que los países han tirado la casa por la ventana desembolsando grandes cantidades de gasto público para hacer frente a las crisis (lo que significa que ahora les tocaría apretarse más el cinturón); y que la Comisión Europea ha decidido renegociar las reglas fiscales para llegar a un acuerdo más laxo (lo que daría a los países más holgura). Una de cal y otra de arena.

Si en 2024 se mantuvieran las reglas antiguas habría 11 países europeos con un déficit por encima del 3% y la deuda pública de casi la mitad de Europa estaría por encima del 60% del PIB, llegando a superar el 100% en España, Francia o Italia, entre otros.

Pero todo apunta a que no volveremos a la rigidez de antaño. "Los retos a los que nos enfrentamos hoy están a un mundo de distancia de los años sesenta", explicó el comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, tras presentar la propuesta preliminar.

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El proyecto de reforma aprobado por la Comisión Europea, aunque todavía no es definitivo, mantiene la teoría del 3% de déficit y el 60% de la deuda, pero con matices. En la práctica, la idea es acordar con cada Gobierno una reducción de la deuda a medida. 

"El objetivo es lograr una reducción más gradual pero más constante de los niveles de deuda y contribuir a impulsar un crecimiento sostenible e integrador a través de inversiones y reformas", aclaraba Gentiloni.

Los países tendrán 4 años para alcanzar sus objetivos. Pero, si no lo consiguen, Bruselas aplicará igualmente las temidas sanciones financieras. La idea es marcar la senda de reducción de la deuda pública acumulada durante las últimas crisis. 

"Independientemente del equilibrio al que se acabe llegando, esto va a suponer el fin del paréntesis en el que estábamos, y España no está especialmente bien posicionada", avisa Jorge Galindo, director de economía política y visualización de datos en EsadeEcPol.

En los últimos años, el Gobierno, con Pedro Sánchez al frente sacó toda la artillería fiscal, entre el desembolso multimillonario de gasto público para hacer frente a los estragos de la pandemia y el paquete de medidas para aliviar el impacto de la crisis de la inflación.

Solo en los últimos meses, el gasto superó los 45.000 millones de euros de fondos públicos en medidas para aliviar el impacto de la inflación, entre rebajas fiscales, bonificaciones al transporte, ayudas directas y topes de precio de la electricidad y límites a los alquileres.

"La deuda es un problema, y la cantidad de gasto estructural que hemos metido en nuestro sistema, también a través de la revalorización de las pensiones, sin haber equilibrado el presupuesto ni tener una agenda clara de ingresos y de crecimiento, nos quita credibilidad", añade Galindo.

La deuda pública tocó máximos en 2020, cuando el escudo de medidas para hacer frente a la crisis del COVID-19 disparó el gasto público y la deuda llegó a suponer 120,4% del PIB. Todavía hoy, aunque ha ido reduciéndose al calor de la recuperación económica, alcanza el 113%.

"La deuda se ha disparado, al igual que nuestras necesidades de inversión. Así que las propuestas de hoy abordan esos dos aspectos", señalaba Gentiloni. Esa es la razón por la cual, tanto la Comisión Europea, como organismos como la OCDE, han pedido a España que empiece a retirar las ayudas fiscales actualmente en vigor para hacer frente al impacto de la crisis de precios.

La buena noticia es que España se ha posicionado bien dentro de la negociación del nuevo pacto de estabilidad. "Es interesante ver que España haya estado al frente de este debate", observa Galindo. 

La última batalla, de hecho, se librará durante la presidencia española de la UE, y la liderará Nadia Calviño, al frente del Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin). En los últimos meses, además, Calviño logró tejer un frente común con Países Bajos, que deja a Alemania escorada en su ortodoxia.

El Gobierno se comprometió a reducir el déficit público al 3% del PIB para 2024, un año antes de lo previsto. Esa es la cifra mágica de la Comisión Europea, el tope máximo que un país debe cumplir si no quiere incurrir en desequilibrio fiscal.

Pero aunque esos deberes estén hechos, el nuevo Gobierno que surja de las urnas no lo va a tener fácil. "En 2024 vamos a tener tipos de interés más elevados y resistencia al crecimiento en algunos sectores. La sequía tampoco ayuda, y estimamos que a España le va a tocar tener una política fiscal más amarrada en un contexto en el que hay que regresar a las reglas fiscales", explica Jorge Sicilia, jefe del Grupo BBVA y director de BBVA Research.

"España tiene el reto de revisar el gasto estructural, y eso también implica hablar de pensiones. Hay que hablar de gasto, pero también de ingresos. No tenemos una senda especialmente clara y creíble", apunta Galindo, para quien la economía española sigue "expuesta a recibir nuevos impactos. No estamos exentos de vulnerabilidades".