Los pensionistas vuelven a tomar las calles. Hoy sábado 17 de marzo, se esperan movilizaciones en las principales ciudades del país donde los afectados quieren dejar claro que la subida del 0.25 % de las pensiones para 2018 aprobada por el Consejo de Ministros no es suficientes. Esta subida supondría el quinto año consecutivos con incrementos del mínimo legal establecido.

Lo que el mayor colectivo de España en términos electorales demanda desde la calle es una subida de las pensiones equiparada con el Índice de Precios de Consumo (IPC). Pero desde que comenzaron las protestas, este incremento ha dado paso a un verdadero debate en torno al futuro de las pensiones en nuestro país.

Coincidiendo con esta manifestación los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha hecho públicos una serie de cálculos en línea con la urgente necesidad de revisar las pensiones mínimas: uno de cada tres pensionistas en España cobra por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, que según la estimación realizada por Gestha, el 32,6% de los pensionistas españoles cobra por todas sus pensiones menos de los 8.200 euros que delimita el llamado umbral de la pobreza. Lo que supone un total de 3,1 millones de personas.

Ante esto, el secretario General de Gestha, José María Mollinedo, ha declarado que "si tanto se debate acerca de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, igualmente se debería hablar sobre la sostenibilidad de los pensionistas”.

Desigualdad en la precariedad de las pensiones

Al analizar los datos proporcionados por Gestha salta a la vista que las prestaciones más bajas de las pensiones no se reparten de manera homogénea por todo el país, sino que existe un desigual reparto de estas a lo largo del territorio nacional.  Andalucía y Cataluña liderarían el ranking de las comunidades en las que mayor número de pensionistas reciben menos de 8.208,5 euros al año, seguidas a más distancia por Valencia, Madrid y Galicia.

Pero si hablamos en términos relativos, es entonces Melilla la ciudad autónoma que cuenta con el mayor número de pensionistas con una cuota inferior al umbral de la pobreza. Le seguirían las comunidades de Canarias, Galicia y Murcia, con una proporción en torno al 40%, de las pensiones inferiores 8.208,5 euros al año. En el lado opuesto, las comunidades autónomas con una menos presencia de pensiones inferiores al umbral de la pobreza son  Castilla y León, Madrid, Aragón y Asturias.

Brecha salarial también en las pensiones

Al problema de la pérdida adquisitiva por parte de los pensionistas, hay que sumarle los agravantes de género que este tema conlleva. Tras un pasado Día de la Mujer que pasará a la historia por las multitudinarias movilizaciones y una huelga de trabajadoras que demandaban un salario igualitario con el del sus compañeros masculinos, los datos analizados revelan como la brecha salarial se extiende también a las pensiones.

Así, el 60,4% de los pensionistas que perciben pensiones por debajo del umbral de la pobreza son mujeres, un total de 1,9 millones. Por otro lado, las mujeres mayores de 65 años deberían cobrar prácticamente la mitad más de pensión para poder equiparla con la de los hombres de esa franja de edad.

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Según recoge la II edición del Informe Brecha Salarial y Techo de Cristal, las mujeres trabajadoras cobran casi un 30% menos que los hombres, es decir en torno a unos 6.000 euros de diferencia. Una brecha salarial que se eleva  en el caso de las pensionistas hasta alcanzar los 5.770 euros.  En la actualidad, la pensión media de las mujeres mayores de 65 años es de 11.836 euros anuales, una cuantía que las excluye directamente de las deducciones en la cuota del IRPF que baraja el Gobierno para los pensionistas de mayor edad.

Si llevamos esta diferencia salarial entre las pensiones de hombres y mujeres, las comunidades autónomas donde la brecha es más pronunciada son Asturias, con una diferencia de hasta 8.751 euros menos, Madrid y Cantabria, junto con Ceuta y Melilla. Extremadura se posiciona como la comunidad donde la diferencia salarial de las pensiones entre hombres y mujeres es menor.

Pensiones públicas y pensiones privadas

Ante el debate sobre el futuro del actual sistema de pensiones, es frecuente que desde el Gobierno, los bancos e incluso el FMI, se esté haciendo un llamamiento a la sociedad para que esta invierta en planes de pensiones privadas. Una herramienta financiera a través de la cual el usuario va ahorrando cada año una cantidad destinada a complementar su pensión pública una vez se alcanza la jubilación.

Según el Tribunal de Cuentas, el coste en el IRPF que conllevan las aportaciones a planes privados de pensiones fue en 2015 de 1.990 millones de euros. Unos planes privados que recaen en más del 40% de los casos en quienes ganan más de 60.000 euros, lo que supone un 3,5% del total de los declarantes.

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Ante esto, Mollinedo ha puntualizado que "Teniendo en cuenta los casi 2.000 millones que nos cuestan los planes privados de pensiones de los que se benefician principalmente las 380.000 personas con rentas más altas, no se entiende la falta de voluntad política para acordar financiar con impuestos las pensiones no contributivas y equilibrar el presupuesto de la Seguridad social, y así poder revalorizar las pensiones en función del IPC para mantener el poder adquisitivo, especialmente, de los más de tres millones de pensionistas que reciben prestaciones que les sitúan por debajo del umbral de la pobreza.”