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Pensiones al 0,25% y sueldos públicos, becas, subsidios y ayudas congelados en 2020: las posibles consecuencias económicas de unas nuevas elecciones

Una protesta por la subida de las pensiones ligada al IPC
Reuters
  • Las pensiones subirán en 2020 al mínimo contemplado por la ley y que los salarios públicos estarán congelados el año que viene si se prolonga la falta de Gobierno en firme, tal y como aseguran varios medios como El Mundo y eldiario.es.
  • Además de estas consecuencias, tampoco se actualizaría el valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que desde 2004 es el índice de referencia en España para la concesión de ayudas, subvenciones para familias y personas físicas, prestaciones sociales o subsidios.
  • Del mismo modo, si Pedro Sánchez no consigue ser investido presidente no podrá hacer valer su promesa electoral de volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional para situarlo en el 60% del salario medio, como estipula la Carta Social Europea.
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En 2011, Bélgica rompió un récord al sumar 541 días, casi un año y medio, sin un Gobierno, lo que no impidió que el país siguiese creciendo en plena recesión. Actualmente, el territorio británico de Irlanda del Norte ya ha batido con creces esa marca, ya que lleva sin un Gobierno autonómico desde hace 932 días, o lo que es lo mismo, más de 2 años y medio, ante la incapacidad de republicanos y unionistas de acordar un Ejecutivo.

En España, esta situación no es desconocida. En 2016, el país estuvo 314 días, de enero a octubre, sin un Ejecutivo ante la falta de apoyos desde la izquierda al acuerdo entre PSOE y Ciudadanos que dio lugar a la destitución de Pedro Sánchez como líder socialista, a unas elecciones anticipadas y a una coalición entre PP y la formación naranja que acabaría con una moción de censura, precisamente, liderada por un resucitado Sánchez.

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Y tras un breve Gobierno en minoría del PSOE y una victoria socialista en los comicios sin mayoría absoluta, el país vuelve a estar sin Ejecutivo en firme. El problema de la inestabilidad política es que podría traducirse en lo económico, no tanto en las previsiones de crecimiento que por ahora son favorables al país, si no más bien en una parálisis de toma de decisiones o actualización de medidas, sobre todo, si no hay investidura en septiembre, se convocan nuevas elecciones y el país llega hasta 2020 sin un Gobierno que no esté en funciones.

Dado que Sánchez no consiguió la pasada legislatura ni modificar la reforma de las pensiones llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 ni aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para 2019, podría darse la situación de que pensiones, salarios públicos, subsidios, ayudas y prestaciones queden congeladas en 2020 si la falta de Gobierno termina desembocando en nuevas elecciones en noviembre.

Así lo adelantaban este martes varios medios como El Mundo y eldiario.es, señalando que, según las leyes vigentes, si no hay investidura en septiembre las pensiones subirán al mínimo contemplado por la normativa y los salarios públicos estarán congelados el año que viene. Todo ello, después de que tanto las pensiones como los sueldos de los funcionarios aumentaran in extremis y por decreto antes de las elecciones.

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Pero esas no son las únicas consecuencias para la economía real. Sin Gobierno ni Presupuestos actualizados, tampoco se revalorizará el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que desde 2004 es el valor de referencia en España para calcular la cuantia de las ayudas, subvenciones, prestaciones sociales y subsidios del Estado, ni se seguirá elevando el SMI como prometió Sánchez.

Repasamos todos los ingresos, ayudas y subsidios que quedarán congelados si no hay una investidura en septiembre.

Las pensiones subirían apenas un 0,25% en 2020, frente a las alzas de este año de un 1,6% en las contributivas y del 3% en mínimas

Dos jubilados revisan su contabilidad
Getty Images

Dado que la legislación sobre pensiones sigue siendo la misma que aprobó el PP en 2013, se desligó su revalorización de la evolución de la inflación y establece y se estableció un cálculo matemático que pondera el historial de fondos de la Seguridad Social en los 5 años anteriores y las previsiones para el próximo lustro para decidir cómo evolucionarán las pensiones.

Además, la norma establece que, siempre que esa fórmula diese un resultado negativo, es decir, que revelase un déficit, solo podría aplicarse una subida mínima del 0,25%. PSOE y Unidas Podemos han propuesto modificar esta norma, especialmente después de aprobar por los pelos la última subida de las pensiones antes de las elecciones.

Así, en enero, el Congreso dio luz verde a la revalorización de las pensiones, actualizándolas con una subida general del 1,6%, a la que se suma el alza de un 3% en el caso de las pensiones mínimas y no contributivas y el incremento en 4 puntos del tipo que se aplica a la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad, del 56% al 60%.

Esta iniciativa no surgió del Gobierno en minoría de Pedro Sánchez, sino que ya partía de un acuerdo en la anterior legislatura entre PP y PNV que fue asumido por el PSOE con el respaldo de sindicatos y patronal. Por ello, cuando finalmente haya un Ejecutivo en firme, no es descartable que, sea cuál sea el color de los partidos que lo formen, se termine aprobando una nueva revalorización.

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Mientras, los salarios de los funcionarios se mantendrían congelados. En 2019, se han revalorizado un 2,5%

Un funcionario ordena el archivo
Getty Images

Del mismo modo, sin un Gobierno en plenas capacidades, no podrán negociarse ni aplicarse mejoras en los salarios públicos que puedan contrarrestar el efecto de la inflación. Mientras, en junio, el Ejecutivo en funciones confirmó a los sindicatos que aplicaría la subida adicional del 0,25% al sueldo de los funcionarios a partir de la nómina de julio, con lo que el alza total durante 2019 es de un 2,5%.

Así, el decreto acordado con los agentes sociales y aprobado en Consejo de Ministros determinaba que la subida de los salarios de los funcionarios sería como mínimo del 2,25%, vinculando un 0,25% a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales, que no llegó a aplicarse dado que el PIB no alcanzó el crecimiento del 2,5% que estipulaba el texto.

El alza del salario de los empleados públicos fue acordada en 2018 por los sindicatos y el PP, pero el PSOE se comprometió a aprobarla al tomar posesión tras la moción de censura. Ahora la situación es mucho más incierta.

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Sin techo de gasto ni presupuestos, el IPREM no se actualizaría y con él, tampoco la prestación por desempleo y las becas, ayudas y subvenciones que concede el Estado

Un grupo de parados hace cola ante una oficina de empleo
Getty Images

Debido a que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que acordaron PSOE y Podemos en la pasada legislatura no obtuvo el apoyo de más partidos y fue rechazado por el Congreso, el índice de referencia que se emplea para calcular las ayudas, prestaciones y becas del Estado se ha mantenido congelado en 2018 y 2019.

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El borrador de cuentas públicas estipulaba una subida del IPREM del 2%, lo que supondría 548,60 euros mensuales, o lo que es lo mismo 6.583,16 euros al año en doce pagas o 18,29 euros diarios. Sin embargo, este índice sigue congelado en 537,84 euros mensuales desde 2017, cuando subió por última vez, tras 7 años congelado en 532,51 euros mensuales.

El IPREM, en principio, debería actualizarse siempre a principios de cada año en la Ley de Presupuestos. Dada la errática evolución de las cuentas públicas en los últimos años, su paralización ha congelado en la práctica la indemnización mínima por despido, la renta mínima de inserción, la cuantía de las becas y demás subsidios estatales, lo que ha obligado al Gobierno en funciones a revalorizarlas de otras maneras.

Además, tampoco podría cumplirse la promesa de Pedro Sánchez de seguir elevando el SMI al 60% del salario medio, como recomienda Europa

Un camarero en la chocolatería San Ginés de Madrid
REUTERS/Susana Vera

Del mismo modo, si Pedro Sánchez no consigue ser investido presidente no podrá hacer valer su promesa electoral de volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para situarlo en el 60% del salario medio, como estipulan el artículo 4 de la Carta Social Europea y las recomendaciones del Consejo de Europa.

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Esta iniciativa formaba parte del programa electoral del PSOE y del de Unidas Podemos para las últimas elecciones y, pese a las críticas por parte de la patronal y algunas instituciones al alza del SMI hasta 900 euros aplicada desde principios de año, podrían llevarla a cabo en esta legislatura, siempre que lleguen a un acuerdo para un Gobierno, sea en coalición o con el PSOE en solitario.

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