La falta de recursos tecnológicos y la ausencia de demandas colectivas amenazan la capacidad de Europa para estrechar el cerco a las tecnológicas

Ursula Von der Leyen.
POOL

Reuters

Tasa Google. Protección de datos. Obsolescencia.

Son varias las gotas que han colmado la paciencia de los ciudadanos europeos frente a las grandes tecnológicas. La Unión ha reaccionado y desde la Comisión y el Parlamento ya se trabaja a destajo en los Reglamentos de Servicios Digitales (DSA) y de Mercado Digital (DMA). Pero todavía no es suficiente.

Si Google, por ejemplo, tiene problemas en los juzgados estadounidenses —ya van tres demandas antimonopolio en menos de dos meses—, en Europa el problema no es menor. Ya a finales del año pasado se recordaba la intención de más de un centenar de tecnológicas de abrir una causa similar en el Viejo Continente. Todo sin contar cómo de disruptor serán los nuevos reglamentos europeos, para los que Google ya tiene un plan de rechazo.

Los consumidores europeos ya lanzaron advertencias a Amazon en mayo del año pasado, y la Comisión acusó formalmente al gigante del comercio electrónico de mantener prácticas anticompetitivas con los terceros vendedores que también utilizan su plataforma.

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Facebook sufrió un revés hace escasas semanas cuando el Abogado General de la Unión se pronunció abriendo la puerta a que en cada estado se aceptasen denuncias contra la plataforma por el tratamiento que da a los datos de sus usuarios. Hasta ahora, todo se canalizaba por la DPC irlandesa, la homóloga de la Agencia Española de Protección de Datos.

Apple está en las mismas. Su controversia con Epic —distribuidora del popularísimo Fortniteno parece que vaya a remitir, y varias firmas han mostrado su descontento por el abuso de dominio que hace el fabricante del iPhone con su ecosistema iOS. Compañías como Spotify o Tinder ya se han quejado. 

Además, primero en España y Bélgica, y después en Italia, organizaciones de consumidores han acabado demandando a la firma por la obsolescencia que sufrieron con sus iPhone 6: reclaman más de 100 euros para cada usuario en calidad de daños y perjuicios. También colectivos en España y Alemania han demandado a la compañía por vulnerar su privacidad, a pesar de que esa sea precisamente su punta de lanza.

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Por contextualizar: todo esto, en un momento en el que Apple y Facebook se disputan una encarnizada guerra a cuenta de los cambios en las herramientas y garantías de privacidad que los usuarios de iPhone tendrán, y que podría perjudicar seriamente el negocio publicitario de la red social.

Si este es el escenario, ¿por qué se tarda tanto en ver sus frutos?

Cuello de botella en Irlanda y falta de recursos

El Reglamento General de Protección de Datos, en vigor desde mayo de 2018, instaura un principio de ventanilla única por el cuál la agencia de protección de datos de cada país tendrá que hacerse cargo de las demandas por tratamiento de información de las tecnológicas que estén en su suelo o cuyo tratamiento afecte a sus nacionales.

Aunque el Abogado General de la UE se pronunciaba hace unas semanas sobre este principio —derribando un parapeto legal que aprovechaba Facebook, cuya filial europea se encuentra en este país—, lo cierto es que en los últimos meses ha aumentado el número de voces que critican este principio.

La razón es que muchas compañías tecnológicas se afincan en Irlanda para operar en Europa, lo que provoca una suerte de cuello de botella.

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La situación es todavía más complicada si, como vienen criticando varios activistas en defensa de la privacidad, los sistemas informáticos de la Comisión de Protección de Datos irlandesa, la DPC, no cuenta con los equipos necesarios para encomendarse a esta tarea.

Aunque en 2017 la DPC reconocía que deberían abordar una modernización de sus infraestructuras informáticas —las denuncias por tratamiento de datos suponen, en definitiva, el uso y gestión de ingentes cantidades de estos datos—, lo cierto es que la DPC no cuenta con los sistemas mínimos para poder trabajar.

"El RGPD otorga a Irlanda un papel clave en la protección del tratamiento de datos de los ciudadanos en toda la Unión Europea, pero la DPC no está configurada para esta misión digital", criticó al Financial Times Johnny Ryan, uno de los líderes de la ICCL, el Consejo Irlandés por las Libertades y Derechos Civiles.

Un futuro inmediato sin demandas colectivas

Politico destacaba en un reciente artículo que aunque en algunos países europeos ya hay normas que contemplan las demandas colectivas, otros no, por lo que esto había provocado una justicia a dos velocidades. Con el ejemplo del escándalo de las emisiones de Volkswagen se ilustra bien: en EEUU el fabricante de coches ya ha pagado miles de millones de dólares en multas. En Europa, los frentes legales no han terminado.

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El Parlamento Europeo aprobó en noviembre unas reglas negociadas por los 27 países para crear un modelo armonizado con representación en todos los Estados para reforzar la defensa de los consumidores: los países tendrán que crear un sistema de representación legal y eficaz para que despachos de abogados y organizaciones de consumidores puedan iniciar procedimientos legales transnacionales siempre y cuando su trayectoria y utilidad pública les avale.

El problema, claro, es que todavía tienen que pasar 2 años, que es el período para que todos los Estados miembros transpongan esta decisión a sus legislaciones nacionales.

Entre tanto, a las organizaciones de consumidores europeas no les queda otra que hacer la guerra por su lado, aunque sea de forma coordinada, como ejemplifican los casos de Apple antes descritos, con demandas simultáneas en países como España, Italia, Bélgica o Alemania.

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En Politico, Isabelle Buscke, de la Federación de Organizaciones de Consumidores Alemana, destacaba que con la nueva directiva "más tarde o más temprano habrá esfuerzos para coordinar acciones legales únicas para toda Europa". Marco Pierani, el director de Asuntos Públicos de Euroconsumer, la federación en la que se ha integrado la española OCU, advirtió que ahora están trabajando en encontrar "un buen equilibrio" sobre el que todas las entidades puedan colaborar.

De momento, irremediablemente y hasta que esto no cambie, la guerra será cosa de varias trincheras dispersas: como la organización de consumidores neerlandesa Somi, que pide 500 euros para cada usuario de TikTok que sufrió un desvío de sus datos personales a los servidores chinos de la red social.

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